El Gobierno lleva sin informar sobre la concesión y denegación de indultos en el Congreso desde 2015. Esto supone el incumplimiento de la Ley de indultos que obliga a un representante del ministerio de Justicia a trasladarse cada seis meses a la Cámara Baja para explicar las razones para conceder o denegar el perdón a los convictos y entregar un informe sobre este asunto.
En la Ley del Indulto, que es todavía de 1870, se añadió una disposición adicional en 2015 que marca: “El Gobierno remitirá semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de indultos. Para la presentación de los datos contenidos en el citado informe, y previa revisión del mismo, un alto cargo del Ministerio de Justicia solicitará su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados”.
Fuentes del ministerio de Justicia aseguran que no se ha informado porque “las cámaras estaban disueltas tras las Elecciones Generales celebradas el 20 de diciembre” de 2015. Aunque “las Cámaras se constituyen el 13 de enero de 2016”, según el ministerio, “el Gobierno está en funciones, periodo durante el cual, según informe de la Abogacía del Estado 'el Gobierno limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos'”.
Sin embargo, la Ley del Gobierno especifica en su artículo 1.2 que el Ejecutivo lo componen el presidente, el vicepresidente y los ministros, de manera que en el periodo en el que estuvo en funciones solo estos cargos estaban limitados al despacho diario de los asuntos públicos. De acuerdo con la Ley de indultos, un alto cargo del ministerio, como la subsecretaria de Justicia, podría ir al Congreso a informar sobre los indultos. Según el ministerio, “no dejan de ser acuerdos o decisiones tomadas por un Gobierno en funciones, por eso no se informó”.
“El 29 de octubre de 2016 se produce la investidura del presidente de Gobierno tomando posesión el Gobierno el 4 de noviembre. Dado que el siguiente semestre natural comienza en enero de 2017, se inicia en esa fecha el cómputo del plazo previsto en la ley para la presentación del primer informe. Se agota dicho plazo hasta el 30 de junio. Es entonces cuando ya se puede elaborar el informe relativo al primer semestre”, explican en Justicia.
Esta explicación del ministerio no justifica que en enero o febrero de 2017 no se haya presentado el informe correspondiente a 2016. Fuentes del ministerio señalaron que “se decidió trasladar toda información sobre los indultos al primer semestre de 2017 para poder hacer una comparativa con los que se habían concedido antes”.
De esta manera, el ministerio que dirige Rafael Catalá ha incumplido varias veces la normativa ya que no ha remitido los dos informes correspondientes al año 2016 y todavía no había dado información de los perdones concedidos en el primer semestre de 2017.
Los diputados de En Comú Podem registraron hace un mes una petición de comparecencia en el Congreso de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín, para que explicara la política de indultos del Gobierno. Fuentes del ministerio argumentan que “el 7 de julio se solicita fecha para la comparecencia en la próxima Comisión de Justicia por parte de la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, concediéndosele para este jueves, 20 de julio”.
Con anterioridad el senador de En Comú Podem, Joan Morera, llegó a pedir el amparo de la Mesa del Senado después de que el Gobierno se negara a dar información sobre los indultos. “Es sumamente preocupante la falta de transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy, capaz de negar incluso información sobre los indultos que, al margen de las decisiones judiciales, se están concediendo”, señaló Morera.
Aunque los parlamentarios de En Comú Podem solicitaron que fuera a dar las explicaciones la secretaria de Estado de Justicia, el ministerio ha decidido que sea la subsecretaria de Justicia la que asista a la comisión de Justicia de este jueves para informar de los indultos de 2016 y los de los primeros seis meses de 2017.
La reforma de la Ley de Indultos se encuentra ahora trabada en la Comisión de Justicia tras la inclusión de una proposición de Ley del PSOE hace seis meses con la idea de prohibir la conmutación de penas a condenados por delitos de corrupción y violencia de género. Los grupos parlamentarios ha presentado enmiendas para que se denegue también el perdón a condenas por terrorismo, pederastia o trata de personas, lo que está retrasando su aprobación.