Han pasado justo cinco años desde que la Justicia autorizó la exhumación de los hermanos Lapeña, represaliados republicanos durante la Guerra Civil, del Valle de los Caídos para darles “digna sepultura”. El proceso judicial debería haber zanjado el asunto, pero en todo este tiempo no ha tenido consecuencias prácticas ni para ellos ni para las decenas de familias que quieren recuperar los restos de víctimas de la contienda allí enterradas. Ahora comienza el principio del fin de ese arduo camino, que ha estado plagado de obstáculos: el Gobierno inicia este martes el procedimiento para exhumar, identificar y entregar a los descendientes los restos de unas 60 personas que permanecen en ese lugar contra la voluntad de las familias. La “inmensa mayoría” de los cuerpos reclamados corresponden a víctimas republicanas, aunque también hay algunos del bando franquista.
El Consejo de Ministros da luz verde a una subvención de 665.000 euros con la que pretende acometer los trabajos de exhumación e identificación de los restos, según adelantó la Cadena SER. El dinero se entregará formalmente a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para que lo destine a esas labores. A pesar de que la ley de memoria histórica que está en tramitación contempla la desaparición de ese organismo, opaco y de origen franquista, que depende orgánicamente de Patrimonio Nacional, la subvención a esa fundación es la “carcasa jurídica” que ha encontrado el Ejecutivo para poder llevar a cabo las exhumaciones, según fuentes gubernamentales.
“Se comenzará el proceso lo antes posible”, agregan esas fuentes sobre el procedimiento que arrancará una vez se ejecute la ayuda. Patrimonio Nacional ya autorizó en noviembre de 2019 los trabajos y en julio de 2020 ocho familias enviaron una carta al Gobierno en la que apremiaban a que se pusieran en marcha las exhumaciones. “No podemos esperar más”, decían en la misiva sobre las décadas que llevan peleando por que los restos de sus familiares descansen dignamente. Muchos de los reclamantes son ya mayores y rondan los 80 o 90 años. Desde el Gobierno sostuvieron durante todo ese tiempo que estaban buscando la fórmula para llevar a cabo las exhumaciones.
Los trabajos supondrán la entrada en las criptas, analizar la situación de seguridad, dignificar los osarios y proceder a la búsqueda de las personas solicitadas, explican esas fuentes, que consideran que se trata de una labor procelosa: “Sabemos más o menos dónde pueden estar, pero la mayoría procede de fosas comunes y están en cajas donde viene el nombre del pueblo del que procedían”. En el Ejecutivo no quieren tampoco crear “falsas expectativas” y señalan que en los procesos de exhumación solo se ha podido identificar a un tercio de los cadáveres. “Hay dificultades reales de hacerlo, pero una firme voluntad”, apostillan.
El entusiasmo del Gobierno respecto al inicio proceso de exhumación lo rebaja el abogado Eduardo Ranz, que ha representado a los Lapeña en el proceso judicial para la recuperación de los restos así como a una decena de familias en los trámites ante Patrimonio Nacional. “No nos han comunicado nada. La clave es que hay un anuncio político en elecciones, es casi ofensivo”, afirma en conversación con elDiario.es. Ranz, que lamenta que las exhumaciones sigan sin tener fecha, recuerda que “el Gobierno es el único que puede ejecutar la sentencia” y considera que ha habido “una falta de interés” en los cinco años que han pasado desde que la justicia dio la razón a la familia Lapeña, que fue la primera que reclamó la exhumación de los restos por la vía oficial. En lo que sí es optimista es en que una vez que se adopte la decisión la localización y exhumación se lleve a cabo con cierta facilidad. “En 2019 estuvimos con técnicos del CSIC que nos dijeron que estaban deseando ponerse a trabajar y nos explicaron cómo sería la extracción”, explica el letrado, que asegura que las labores de seguridad ya están hechas porque si no “no se podrían haber hecho esos trabajos preliminares”.
Desde el departamento que dirige Carmen Calvo, que es quien tiene las competencias en materia de Memoria Democrática, aseguran, por el contrario, que han actuado lo más rápido posible y que apenas cuatro meses después de que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se ha activado el proceso. Esas cuentas públicas son las que han permitido poner ya una cifra concreta a las labores de exhumación: dos millones de euros a repartir entre todas las comunidades autónomas para “intervenir” 557 fosas. En total, los presupuestos que entraron en vigor el 1 de enero destinan once millones a la partida de memoria democrática.
Todas las comunidades que tengan al menos una fosa recibirán un fijo de 20.000 euros. Los 1,66 millones restantes se repartirán en función del número que tenga cada región. Otro millón de euros estará destinado a “actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados conseguidos, y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos”, según explica la vicepresidencia primera en un comunicado. 600.000 euros se repartirán a partes iguales entre las comunidades y ciudades autónomas y los otros 400.000 se repartirán en base a las fosas que han intervenido desde el año 2000.
Con esos criterios, Andalucía será la que más dinero reciba (507.813 euros), seguida de Catalunya (335.938 euros) mientras que en la cola se sitúan Ceuta y Melilla (31.953 euros), que no tienen ninguna fosa pendiente, y La Rioja (57.555 euros). No obstante, el Gobierno activó un plan de choque por un importe de 1,5 millones de euros en 2020 para sufragar exhumaciones a través de asociaciones sin ánimo de lucro o de los ayuntamientos para “paliar” la inexistencia de fondos durante los mandatos de Mariano Rajoy destinados a memoria histórica. El año pasado se sufragaron “un total de 114 proyectos, que podrían ayudar a localizar restos de hasta 3000 personas”, según los datos del Ministerio de Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes.
A la exhumación se sumará, a finales de abril, el trabajo de un grupo de científicos del CSIC que iniciará una campaña de excavación de los restos de los asentamientos en los que vivieron las familias que habitaron junto a los presos que levantaron el Valle de los Caídos.