El plan de choque de respuesta a los efectos de la guerra en Ucrania supuso un “Consejo de Ministros extraordinario”, pero no por su convocatoria sino por lo multimillonario de las ayudas (un total de 16.000 millones de dinero público), según se encargó de arrancar Nadia Calviño, que compareció junto a las otras dos vicepresidentas, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, en el afán de Moncloa por evidenciar la unidad de la coalición en esta ocasión. “España responde” es el nuevo lema del Gobierno, que deja atrás el “España puede” de la pandemia y el logo del plan de recuperación. Todo eso fue la escenografía de la rueda de prensa en la que, más allá de desgranar las medidas y ampliar las cuestiones técnicas del decreto ley que este lunes había esbozado Pedro Sánchez, Moncloa aprovechó para interpelar directamente al PP de Alberto Núñez Feijóo para que imprima un cambio respecto a la oposición de Pablo Casado.
La intención del Ejecutivo es que el Congreso avale las medidas sin cambios, a pesar de que algunos socios, como ERC y EH Bildu, han expresado que se queda corto en tiempo y ambición, al dejar fuera los impuestos para las eléctricas o para las fortunas que reclamaban. Esa es la voluntad de Pedro Sánchez, pero el PP puede allanar ese cambio si al menos se abstiene en la votación, que aún no tiene fecha, pero que se producirá en el margen de los 30 días laborables que establece la ley. Para entonces el presidente gallego ya habrá formalmente asumido las riendas en Génova.
“Confiamos en que prime la unidad y la responsabilidad y haya una respuesta positiva [ha dicho Calviño sobre la votación en el Parlamento]. No voy a adelantar acontecimientos hasta que veamos si el señor Feijóo aprovecha esta oportunidad para mostrar un cambio de orientación del PP en un tema tan importante para los ciudadanos españoles”. El mensaje fue nítido, pero el PP insiste en su exigencia de una bajada de impuestos y mantiene la incógnita sobre el sentido del voto.
El plan del PP para reducir los impuestos del combustible reduciría en casi 20.000 millones los ingresos del Estado, además de que una parte del dinero que se recauda va a las arcas de las comunidades autónomas. El partido que lidera de facto Feijóo pretende suspender el Impuesto Especial de Hidrocarburos y reducir el IVA al 4%, pese a que ambas medidas necesitan el plácet de la UE, informa Aitor Riveiro.
En Moncloa sostienen que el compromiso alcanzado por Sánchez con los presidentes del PP en la conferencia de La Palma está cumplido con la prórroga de las medidas de reducción de impuestos a la electricidad hasta el 30 de junio. Además, meten en ese saco la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que pagarán el Estado y las petroleras -15 céntimos el primero y cinco las segundas-, aunque no es una medida específicamente impositiva, como reconoció Calviño.
“Todos los colectivos con los que hemos estado haciendo este proceso intenso de diálogo, se van a ver reflejados en el plan nacional de respuesta. Y, por eso, espero que contaremos con el apoyo de los agentes políticos y sociales, en este momento en el que los ciudadanos quieren, necesitan, y merecen que es estabilidad, confianza y unidad”, reiteró la vicepresidenta primera, que llevó la voz cantante en la rueda de prensa en la que evitaron la confrontación en todo momento. Yolanda Díaz evitó incluso responder a la pregunta sobre la reforma fiscal que figura en el acuerdo de la coalición y se remitió a lo que previamente había contestado la responsable del área económica. “Lo vamos a volver a hacer y de esta crisis vamos a salir juntos”, afirmó la vicepresidenta segunda para dejar clara la unidad del Gobierno y el resto de actores.
Y es que, tras las reticencias iniciales, el Gobierno logró cerrar in extremis el acuerdo este lunes por la mañana sin apenas ruido. Rápidamente Unidas Podemos mostró el apoyo total al decreto ley presumiendo de que las medidas que recoge explican su permanencia en el Ejecutivo tras varias semanas de choques por el envío de armas a Ucrania, la intención del presidente de subir el gasto militar y el viraje unilateral de Sánchez respecto al Sáhara.
Debate técnico y político sobre el precio del gas
Lo que sí planeó fue la propuesta de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de fijar 30 euros megavatio/hora como tope al precio del gas. “Me sorprende que alguien pueda hablar públicamente de cifras porque es una cuestión técnica muy compleja. Me puede gustar más o menos, pero hay que hacer un trabajo serio. No es serio plantear esa cifra. Me ha sorprendido”, expresó Calviño anoche en la Cadena SER. Belarra insistió este martes por la mañana en que se trata de una posición política.
En la rueda de prensa, Teresa Ribera hizo equilibrios al señalar que “hay muchos elementos técnicos” para establecer el precio de referencia y que se tendrá que hacer entre España, Portugal y la Comisión Europea. “Negociar el umbral de referencia no es algo que se pueda resolver en un contexto a la ligera. Requiere un trabajo importante detrás”, señaló la responsable de Transición Ecológica, que explicó que hay varios umbrales que se pueden tomar como referencia (los 20 euros en los que estaba antes de que empezara a subir, los 50 de media del año pasado o por encima de 100, que es la media de 2022). Eso es lo que tienen que abordar ahora los gobiernos español y luso con el Ejecutivo comunitario. “Es una cuestión política y técnica. El objetivo es el precio más bajo posible. Para determinarlo hay que hacer un trabajo riguroso técnico, que es el que estamos desarrollando”, zanjó Calviño.