El Gobierno no comenta nada que tenga un cariz político. Es el nuevo tono que ha estrenado el ejecutivo a la espera de que la Junta Electoral Central resuelva este lunes sobre las peticiones de Partido Popular y Ciudadanos para que se prohiban las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Los principales rivales políticos del Gobierno consideran que en esas comparecencias se hace propaganda, mientras que el ejecutivo asegura que se cumple la obligación constitucional de garantizar el derecho a la información. Mientras el conflicto no se resuelva, el Gobierno apuesta por el silencio y por eludir cualquier pregunta que pueda ser relacionada con la competición política.
La portavoz, Isabel Celaá, ha despejado este viernes todos los interrogantes que quedaban fuera de los aspectos técnicos relacionados con los acuerdos adoptados minutos antes en la mesa del Consejo de Ministros pero no ha dicho ni una palabra sobre el resto de asuntos del día. Se le ha preguntado si teme una radicalización de las formaciones independentistas antes de las elecciones y Celaá ha guardado silencio. Ni siquiera ha querido valorar la Huelga Feminista convocada con motivo del 8M.
Según Celaá, el Gobierno quiere ser escrupuloso con el uso de la atención mediática que rodea a la celebración de las reuniones del Gobierno: “Quiero ser particularmente respetuosa con la igualdad de herramientas de todas las fuerzas políticas”, ha asegurado.
El nuevo tono es inédito en democracia. Todas las administraciones han usado las ruedas de prensa de los viernes para comentar los asuntos de actualidad política incluso en periodo electoral, sin límites para opinar sobre declaraciones de las formaciones contrarias. Ese tiempo ha cambiado y el Gobierno ha decidido actuar con el mayor sigilo para no desairar a los miembros de la Junta Electoral que este lunes tendrán que decidir sobre la materia por primera vez en la historia.
“Creemos que estamos haciendo lo que debemos democráticamente. A todo Consejo de Ministros le corresponde una información pública”, ha señalado la portavoz del Gobierno.
8-M
La prudencia impuesta en Moncloa llega al punto de que la portavoz no ha querido comentar la postura del Gobierno sobre la huelga feminista del 8-M. Celaá se ha limitado a asegurar que en España existe el derecho de huelga. Junto a ella, la ministra de Trabajo,. Magdalena Valerio, sí ha querido dar el paso de anunciar su intención de participar en la manifestación 8-M convocada para la tarde de este viernes.
A la ministra de Trabajo se le ha preguntado si alguien en el Gobierno se había planteado la posibilidad de hacer huelga durante el 8-M. Valerio ha respondido que no, porque los miembros del Gobierno “no tienen reconocido el derecho de huelga”., Una verdad a medias, teniendo en cuenta que ninguna ley limita ese derecho aún cuando la relación de los ministros con la administración que les paga el sueldo no es una relación laboral. Valerio ha solventado la cuestión explicando que la mayoría de los miembros del ejecutivo han despejado sus agendas para el resto del día. Dicho de otro modo, tras la reunión del Consejo de Ministros la mayor parte del Gobierno ha decidido no continuar con el trabajo diario de despacho.