In extremis, cuando apenas quedaban unos minutos para que se cerrara el plazo de votación en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha logrado este miércoles un acuerdo con ERC que ha permitido por la mínima, por solo un voto, la convalidación del decreto que intenta poner fin al abuso de la temporalidad de los interinos en la Administración Pública, y que se aprobó tras un acuerdo con los sindicatos, pero que no había sido avalado por los habituales socios del Ejecutivo. Ni siquiera Unidas Podemos había garantizado su apoyo si no se aceptaban ciertas modificaciones pero, según fuentes parlamentarias, finalmente sí hubo un acuerdo entre Hacienda y el grupo confederal que después facilitó el apoyo de los republicanos.
La diputada Pilar Vallugrera, de ERC, ha anunciado dicho pacto este miércoles durante el Pleno, después de que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunciara que el grupo socialista aceptaba tramitar el real decreto como proposición de ley, lo que permite introducir “mejoras” durante su paso por el Parlamento.
Esto ha facilitado el voto a favor de ERC, Teruel Existe, Nueva Canarias, Compromís y PRC, sumado a los del PSOE y Unidas Podemos, además de la abstención del PNV y de Más País. En contra han votado PP, Vox, PDeCAT, Junts, Navarra Suma, CUP, BNG, Foro y Coalición Canaria. El resultado ha sido ajustadísimo e hizo falta votar dos veces por un empate inicial de síes y noes porque una diputada de Unidas Podemos, Rosa Medel, votó la primera vez en contra al rechazar la propuesta en conciencia, rompiendo la disciplina de grupo, aunque posteriormente ha rectificado por petición de sus compañeros y ha decidido no participar en la votación. Finalmente el decreto fue convalidado por solo un voto: 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones.
En la negociación, que se ha prolongado durante la madrugada de este miércoles, los republicanos han conseguido que el Ejecutivo acepte aplicar el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público a los colectivos que no han tenido oposiciones en diez años, de forma que tengan oposiciones no eliminatorias y habilita la valoración de méritos para el acceso como una posibilidad excepcional.
“Nuestro trabajo es garantizar es que esas 800.000 personas interinas, cuando tramitemos ese proyecto de ley, vean que se pueden introducir todas las garantías que venimos manteniendo en los últimos dos años para que cumpla legislación”, ha reivindicado Vallugrera. “Tenemos un acuerdo, vamos a ver la sinceridad y la lealtad del Grupo socialista. Tienen la última oportunidad para cumplir con sus acuerdos. Por favor estén a la altura”, les ha pedido a los miembros del Ejecutivo la diputada de ERC.
La medida fue acordada por el Ejecutivo con los sindicatos mayoritarios a nivel estatal, incluidos algunos tan poco afines a sus posiciones como CSIF, y en su gestación se implicaron no solo el anterior ministro de Función Pública, Miquel Iceta, sino incluso la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero hay asociaciones que defienden en exclusiva a estos interinos que rechazan la redacción de la norma y denuncia su exclusión de las conversaciones, a la vez que advierten de que su implantación puede dejar sin trabajo a muchas personas.
En su intervención para pedir el voto favorable, Montero, quien asumió la competencia de Función Pública en la reciente remodelación del Gobierno, ha hecho varios anuncios para intentar contentar a los grupos parlamentarios. Lo primero ha sido aceptar que el real decreto se tramite como proposición de ley precisamente para poder hacer modificaciones. Y entre ellas destacan algunas que han reclamado en las últimas horas los aliados parlamentarios e incluso el socio de Gobierno, Unidas Podemos.
Montero ha planteado que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Además, las comunidades autónomas podrán decidir que la oposición no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino. Algo que habían reclamado insistentemente desde asociaciones que representan a los interinos
En las últimas horas habían sido varios los grupos que han denunciado la ausencia de negociación por parte de Hacienda, quien ya vio como el Congreso rechazaba en 2020 un real decreto para permitir a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería. De hecho, unos y otros han denunciado tanto la forma como el fondo del real decreto que, aunque defendido por Montero, fue redactado con Miquel Iceta como ministro del ramo.
La portavoz de EH Bildu ha resumido en su intervención las dudas que han planteado mayoritariamente los grupos: “Son ustedes los que deben ganarse el apoyo de los grupos, compartir agenda legislativa, ser permeable a las fuerzas de izquierdas y a los colectivos. No esperar a que les apoyemos porque sí. Así, ni se gobierna, ni se avanza ni se afianza la mayoría progresista que existe en esta cámara”. También desde el País Vasco, con una realidad sindical diferente a la que ha negociado el contenido del real decreto con el Gobierno, Mikel Legarda ha planteado que “No han sido atendidas las opiniones y sugerencias de las comunidades autónomas”, a la vez que ha alertado de que no se corrigen las situaciones que han llevado a la alta temporalidad en los interinos, especialmente en servicios públicos como Sanidad, Educación, Justicia y Servicios Sociales.
Esta vez PDeCAT y Junts han sumado sus votos al no, aunque han anunciado aportaciones en el trámite parlamentario. Y desde Unidas Podemos, Pedro Honrubia ha defendido el sí de su grupo como un mal menor. “No es que estemos satisfechos, pero se producen avances importantes. Si esto se lleva a la mesa de negociación, se acuerdan los plazos y los contenidos, habrá una mejora sustancial para la situación de estas personas. Hoy sentirán más tranquilidad de la que sentían ayer”, ha asegurado el diputado por Granada.
Desde la derecha de la Cámara también se ha rechazado el real decreto. Vox ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional y ha criticado que se someta a un proceso de concurso-oposición a los trabajadores interinos de la administración, sin aportar una alternativa viable. Desde el PP se ha criticado la “deriva autoritaria” del Gobierno por recurrir a una figura jurídica destinada a casos de urgencia, cuando el problema de la temporalidad en la administración se arrastra desde hace años.
El Gobierno logra así concluir el curso político con dos victorias que se han resistido hasta última hora: el decreto de las mascarillas y este de interinos. En el segundo caso, en realidad es una patada a seguir ya que en el trámite parlamentario, que Montero se ha comprometido a concluir en octubre, se negociará cada coma de una norma que permitirá a administraciones autonómicas y locales consolidar mucho empleo público en periodo preelectoral e incluso electoral.