Tras negociar hasta el último minuto, prácticamente hasta la votación de las enmiendas a la totalidad de este jueves, ERC ha logrado un compromiso de los partidos del Gobierno que permitirá no dejar caer la Ley de Vivienda, una de las normas más importantes de la legislatura. Los 13 escaños de los republicanos eran decisivos para que el Pleno del Congreso no tumbara la ley del Ejecutivo en una votación que Moncloa ya preveía ajustada. Las enmiendas a la totalidad han decaído, así, con 161 votos a favor, 174 en contra y 4 abstenciones. Y la de sustitución, que era la presentada por ERC, ha sido rechazada con 28 votos a favor, 300 en contra y 11 abstenciones.
Finalmente, la ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, ha asegurado que habrá un compromiso explícito de Moncloa para arreglar el tema competencial, la principal discrepancia de los republicanos, durante la tramitación de la norma, y ERC ha confirmado a elDiario.es que ha logrado un acuerdo “firmado” para no tumbarla, por lo que el texto seguirá su tramitación parlamentaria. Esto no significa, apuntan fuentes republicanas, que después vayan a votar 'sí' a la ley, cuando vuelva a ir al Pleno, si no cumple con sus expectativas.
“Tienen nuestro compromiso de que el texto será respetuoso con la competencia exclusiva en materia de Vivienda que tienen las comunidades autónomas”, ha asegurado Raquel Sánchez durante el Pleno. En declaraciones a la prensa, Sánchez había afirmado previamente que el Gobierno ha estado “hablando y negociando durante días” y se han comprometido a que esta ley, “como no puede ser de otra manera, respete las competencias autonómicas”.
Los republicanos, como el PNV, ciñeron su enmienda a ese ámbito competencial ya que, según recordaba su texto alternativo, que finlamente ha decaído, “todas las comunidades autónomas tienen asumida en sus estatutos de autonomía, sin excepción, la competencia plena en materia de vivienda”.
Otros socios del Gobierno como EH Bildu, Compromís y Más País dieron el martes algo de oxígeno al equipo de Pedro Sánchez al anunciar que iban a votar en contra de esas enmiendas a la totalidad. Pero desde los partidos del Ejecutivo temían que esos apoyos no fueran suficientes y que en el Pleno se pudiera evidenciar una nueva situación de debilidad parlamentaria como la que se vio en la votación de la reforma laboral, que fue aprobada por un solo voto, tras el error del diputado del PP Alberto Casero.
Esta ley estatal “por el derecho a la vivienda” al que el Gobierno dio luz verde hace apenas un mes ya tuvo que retrasarse varias semanas por las discrepancias que se dieron en el seno del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) a la hora de elaborar el informe sobre la norma, que es preceptivo aunque no vinculante. Inicialmente el máximo órgano de los jueces elaboró un borrador favorable, pero que no contó con el apoyo mayoritario de los magistrados. Después se elaboró un segundo informe, que sí fue aprobado y que se mostró en contra de la ley del Ejecutivo.
Pese a este rechazo, el Gobierno sacó adelante la ley, la primera que regula esta materia en los más de cuarenta años de democracia. La regulación de la vivienda, las medidas para frenar los precios del alquiler y poner freno a las prácticas de los grandes tenedores (propietarios) estaban entre los objetivos del acuerdo del Gobierno de coalición suscrito entre PSOE y Unidas Podemos en 2019.
En el texto del pacto ya se recogían puntos que aparecen en la ley que ahora llega al Congreso como la existencia de zonas tensionadas con los alquileres disparados, la necesidad de poner en marcha un índice de precios para mitigar esas subidas, o medidas para regular los desahucios. Sin embargo, las negociaciones entre ambas formaciones han sido largas, principalmente entre los dos ministerios que firman el texto: el de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, encabezado por la socialista Raquel Sánchez; y el de Derechos Sociales y Agenda 2030, encabezado por la líder de Podemos, Ione Belarra.
La formación confederal, al igual que socios del Gobierno como ERC y EH Bildu, siempre quiso que el texto fuera más ambicioso y que limitara de forma explícita los precios de los alquileres, tal y como reclaman los colectivos que luchan por el derecho a la vivienda y en contra de los desahucios. Finalmente la ley si contempla el control de precios aunque se ciñe a grandes tenedores y en zonas tensionadas, aquellas áreas donde los precios han crecido de forma excesiva en los últimos años. También contempla ampliar la oferta de viviendas poniendo en el mercado pisos vacíos, recoge medidas relativas a los desahucios e insta a promover la vivienda asequible.