El Gobierno mantiene el apoyo a la actuación de Marruecos en Melilla y desoye la exigencia de una investigación

La muerte de más de una treintena de personas en la valla de Melilla es un tema ostensiblemente incómodo para el Gobierno de coalición. “Habríamos dejado de ser humanos si no nos conmoviéramos ni se nos encogiera el corazón y el alma”, ha dicho la portavoz, Isabel Rodríguez, consciente de que las palabras de Pedro Sánchez hablando de “asalto violento” y mostrando el apoyo a la gendarmería de Marruecos, pese a las muertes y la dureza de las imágenes, ha enfadado a la izquierda, incluso a Unidas Podemos. Pero Moncloa mantiene ese respaldo a la actuación violenta de las fuerzas marroquíes y desoye las peticiones de una investigación que llegan desde los socios de la coalición hasta la Unión Africana. Fuentes gubernamentales señalan que la política migratoria la marca la UE.

Moncloa focaliza el problema en las mafias que trafican con personas. “Lo que hay que combatir con fortaleza desde los países, estados y también desde las alianzas es impedir ese trato inhumano a personas”, ha expresado la portavoz, que ha evitado en todo momento que la ministra de Igualdad, Irene Montero, se pronunciara sobre el asunto, que divide al Gobierno. Hasta en cinco ocasiones los periodistas han dirigido preguntas a la miembro de Unidas Podemos que estaba sentada en la mesa del Consejo de Ministros y en cuatro la portavoz ha dicho que sería ella quien fijaría la posición. En el último intento, ha sido la propia Montero la que ha eludido pronunciarse sobre el asunto, aunque negaba con la cabeza mientras se le formulaba la pregunta sobre si las explicaciones que les había trasladado el ala socialista habían sido suficientes. Fuentes gubernamentales explican que estaba acordada esa fórmula y que el marco comunicativo formal del Gobierno son las ruedas posteriores al Consejo de Ministros. El socio minoritario resta importancia a esa situación y se remiten a los portavoz de Unidas Podemos que han mostrado las discrepancias con la posición de Sánchez.

El asunto es peliagudo para el Gobierno, que acaba de retomar las relaciones con Marruecos tras casi un año de crisis diplomática en la que el reino alauita dejó clara la necesidad de una asociación estratégica para controlar las migraciones al permitir la entrada de 10.000 personas en Ceuta en apenas unas horas. Tras agradecer de nuevo, como había hecho el presidente, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también las marroquíes -de las que ha resaltado la colaboración-, la portavoz ha insistido en que “se está agrediendo la frontera de España, que es también la europea”.

“El Gobierno agradece la colaboración en la defensa de nuestras fronteras a las autoridades marroquíes. Para evitar estas tragedias este sufrimiento lo que hay que hacer es combatir a las mafias que trafican con personas, ese debe ser nuestro objetivo”, ha reiterado la portavoz cuando se le ha preguntado la opinión del Ejecutivo sobre la vulneración de derechos humanos por parte de los agentes del país vecino en la valla de Marruecos.

Después de “lamentar” y trasladar el “pesar” por la “pérdida de vidas humanas”, Rodríguez ha expresado: “Como Gobierno velamos por la integridad de nuestro país y, por tanto, velamos por la integridad de nuestras ciudades, como Ceuta y Melilla”. “Juntos estamos velando por proteger nuestra frontera”, ha insistido sobre la colaboración con Marruecos ante una situación que ha considerado que es un “intento de agredir la frontera”.

A partir de ahí, Rodríguez ha dedicado varios minutos a desgranar las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para facilitar migraciones en lo que ha denominado una “situación extrema y extraordinaria”. “El Gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes”, ha dicho antes de citar medidas como la autorización de que los menores extranjeros no acompañados se puedan incorporar al mercado de trabajo en las mismas condiciones que los españoles, los cambios en el reglamento de extranjería, la actuación en la evacuación de Afganistán o la acogida de refugiados procedentes de Ucrania.  “España tiene un Gobierno comprometido con las personas sea cual sea su procedencia, tenemos una apuesta clara para dar respuesta a un desafío global que en nuestro caso queremos hacerlo con dignidad, que es la regulación”.