Álvaro García Ortiz seguirá siendo fiscal general del Estado. El Gobierno ha acordado mantenerle como máximo responsable del Ministerio Público durante la legislatura, según ha adelantado EFE y ha confirmado elDiario.es. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acordado su continuidad en un momento delicado para García Ortiz, un día después de que el Tribunal Supremo anulara el ascenso a la mayor categoría de la carrera de su predecesora, Dolores Delgado, y también cuando es cuestionado por algunos sectores conservadores del Ministerio Público, que critican que no se haya pronunciado sobre la ley de amnistía y las menciones al ‘lawfare’ o judicialización de la política que recoge el acuerdo entre el PSOE y Junts.
Sobre estas cuestiones, García Ortiz ha defendido que su “posición pública” debe reforzar la “imparcialidad” de la institución que representa y su actuación debe estar marcada por los principios de “objetividad e independencia”. Así consta en una carta remitida a los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza —que ejercieron la acusación en el juicio del procés— y que le pidieron una “respuesta inmediata” ante las citadas alusiones al ‘lawfare’ del pacto entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont.
En esa misiva, García Ortiz señalaba que cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de la ley de amnistía “exige conocer la definitiva norma que la regule” una vez que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y recordaba que ese posicionamiento, que en todo caso debe ser “técnico jurídico”, “se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda la intervención de la Fiscalía”.
La respuesta de García Ortiz motivó otra carta de 18 fiscales de la Sección Penal del Tribunal Supremo en la que le afearon que no hubiera salido en defensa de los fiscales del procés. Los fiscales, compañeros de los que impulsaron la acusación de rebelión en el procés, expresaban su “decepción” y le acusaban de “ignorar deliberadamente” dar una respuesta a la “gravísima situación” que, afirmaban, atraviesa la Fiscalía con “injustificados ataques” a quienes han participado en procesos judiciales en torno al independentismo catalán.
A la polémica en torno a la ley de amnistía y el ‘lawfare’ se sumó este martes la decisión del Supremo de anular el ascenso de Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal hace ahora más de un año. Los jueces estimaron parcialmente el recurso contra la decisión de García Ortiz de nombrar a Delgado como fiscal togada ante el Supremo después de su salida de la Fiscalía General del Estado. En la sentencia, los jueces del Alto Tribunal dejan por escrito graves acusaciones contra el fiscal general por “desviación de poder” en ese nombramiento. El PP pidió su dimisión tras conocerse esa resolución.
El fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el rey pero a propuesta del Gobierno después de recabar los informes no vinculantes del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso. García Ortiz llegó a ese puesto en julio de 2022, tras la dimisión de Delgado por motivos de salud. Hasta entonces había sido su mano derecha como jefe de la Secretería Tecnica de la Fiscalía General del Estado, puesto clave en el organismo. García Ortiz había llegado a ese puesto en marzo de 2020 desde la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente de Galicia y era vocal del Consejo Fiscal por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), habiendo sido el candidato más votado en las últimas elecciones a las que se presentó. Es especialista en medioambiente y llevó las riendas de la acusación en el juicio por el desastre del Prestige.