La legislatura se encuentra justo a las puertas de un embrollo existencial. La resaca de las elecciones catalanas y del pacto entre ERC y el PSC para investir president a Salvador Illa ha enredado aún más la ya de por sí compleja mayoría parlamentaria que invistió presidente a Pedro Sánchez hace menos de un año. Con Carles Puigdemont descolgado de la gobernabilidad de la Generalitat, Junts empieza a sumar fuerzas con PP y Vox para poner trabas al Gobierno en el Congreso. Un escenario que bloquea el camino que la Moncloa tenía trazado para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado “en tiempo y forma”.
De hecho, en el propio Ejecutivo reconocen que el 'Plan A', el de negociar, tramitar y aprobar las nuevas cuentas en otoño para que estén en vigor el 1 de enero, es ya, a día de hoy, una quimera. Aunque eso no significa, aclaran, que hayan arrojado la toalla. “Hay mil ejemplos de presupuestos que se aprueban con el año en curso, eso no sería ningún problema”, explican en el Gobierno, donde asumen que los cónclaves que tienen pendientes los partidos independentistas catalanes para definir rumbo y liderazgos van a invalidar, en la práctica, cualquier margen para la negociación durante los meses de septiembre y octubre.
La hoja de ruta más optimista ahora entre las filas socialistas es la de que el paso de las semanas y la resolución de los procesos internos de Junts y ERC contribuyan a “bajar la inflamación” y eso permita la reconstrucción de la mayoría en el Congreso que invistió a Sánchez. En ese caso, sostienen en el Gobierno que lo tienen “todo preparado” para afrontar una negociación política y una tramitación parlamentaria exprés para impulsar la aprobación y entrada en vigor de las nuevas cuentas.
“Ya estamos trabajando internamente y hay mucho adelantado de la negociación del año pasado, en la que habíamos dejado trabajo hecho con el PNV, con Bildu, con Sumar y también con ERC y con Junts. Así que no vamos a partir de cero porque ya tenemos cosas pactadas y tenemos esa base”, explican desde el ministerio de Hacienda.
Sin embargo, tras los últimos movimientos del partido de Puigdemont y ante la incógnita de cómo se pueden comportar de ahora en adelante sus siete diputados en el Congreso, en la Moncloa también se trabaja ya con la hipótesis de una segunda prórroga presupuestaria. “No estamos todavía en eso, ni mucho menos. Lo vamos a intentar, aunque en el caso de que hubiera que prorrogar los Presupuestos tenemos la tranquilidad de que son unas cuentas expansivas y progresistas”, explican desde el equipo del presidente.
De cualquier modo, a lo que sí se ha comprometido ya el Ejecutivo es a elaborar y presentar un proyecto de Presupuestos incluso en el caso de que no consigan amarrar los apoyos necesarios. “Vamos a trabajar para presentar unas cuentas, unos nuevos presupuestos acordes con la coyuntura económica. Somos conscientes de cuál es nuestra responsabilidad y cumpliremos con ella”, anunció este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría.
Alegría lanzó también un llamamiento a los socios del Congreso en el Gobierno. “Cuando este Gobierno cumpla con su tarea entrará también en juego la responsabilidad del resto de grupos políticos. Será el momento de escuchar su opinión”, advirtió.
Por el momento, la primera misión del curso político para Pedro Sánchez será sacar adelante el paso previo a las cuentas, la senda de estabilidad, que la mayoría de derechas de PP, Vox y Junts tumbó justo antes de las vacaciones de verano. La intención del Ejecutivo es volver a presentar la senda durante el mes de septiembre. Y hacen un llamamiento tanto al PP como a Junts para que no contribuyan a mermar la capacidad económica de ayuntamientos y Comunidades Autónomas que ellos mismos gobiernan. Según las cuentas del departamento de Hacienda, que no salga adelante la senda de estabilidad de este año supondría un impacto negativo de 4.500 millones de euros para los consistorios y de 6.000 millones para los gobiernos autonómicos.
Junts juega a ser oposición
En la vuelta a la actividad de este martes en el Congreso con la celebración de la Diputación Permanente, Junts comenzó la jornada con una frase ilustrativa: “Lo primero que queremos dejar claro es que no formamos parte de ningún bloque español. Nuestro bloque siempre ha sido Catalunya”. La frase de la portavoz Míriam Nogueras, desde Barcelona, antes de que comenzase en el Congreso la votación de las propuestas del PP, no es nueva. Pero resume el movimiento que ha hecho su formación desde hace un año hasta aquí.
En agosto de 2023 los de Carles Puigdemont sellaban un acuerdo con el PSOE para hacer presidenta a Francina Armengol, un paso previo para su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez unos meses después. Pero una vez aprobada la ley de amnistía a principios del verano y alejada la formación de la influencia en la gobernabilidad de Catalunya, con Salvador Illa en la Generalitat, el escenario es bien distinto.
El último pleno del curso, a finales de julio, ya seguía la filosofía resumida en esa frase de Nogueras. Junts tumbó dos iniciativas importantes del Gobierno: la reforma de la ley de extranjería y la senda de estabilidad previa a la aprobación de los presupuestos. Y este martes, en el primer debate después del parón veraniego, ha profundizado en ese distanciamiento del Gobierno.
El PP llevaba a la Diputación Permanente una batería de peticiones de comparecencia de Pedro Sánchez y varios de sus ministros. Crisis migratoria, Venezuela, financiación autonómica o la huida de Carles Puigdemont figuraban entre la variopinta lista de temas. Los posconvergentes apoyaron cuatro de estas solicitudes –incluida una que pedía esclarecer las razones de la segunda huida del expresident a Waterloo–, aunque su voto no consiguió condicionar las mayorías y todas acabaron decayendo.
Pero el movimiento, que supone al mismo tiempo un alejamiento del bloque de la investidura y un acercamiento al PP, es simbólico en un principio de curso en el que el Gobierno tiene por delante una importante agenda parlamentaria que empezará por la negociación de los presupuestos del año que viene.
Apenas horas después de la investidura de Illa, el 9 de agosto, el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en Rac1, avisó de que no se podía “descartar” que su partido retire el apoyo al PSOE en el Congreso y rompiese las relaciones con el Gobierno. El razonamiento que hacía en aquel momento el dirigente es que el acuerdo sellado entre el PSC y ERC para un concierto en Catalunya cambiaba el marco de lo que firmó el PSOE con Junts en Bruselas de cara a la investidura de Sánchez.
Este martes el partido de Puigdemont no ha logrado condicionar las votaciones, porque la mayoría del Gobierno en la Diputación Permanente es un poco más holgada, a diferencia de lo que sucede en el Pleno del Congreso. Pero de aquí en adelante, Sánchez necesita su apoyo para sacar cualquier iniciativa en la Cámara Baja. Y un ‘no’ de Junts solo deja dos vías posibles: la quimera de llamar a la puerta del PP o verse abocado a perder votaciones en el Congreso.