El Gobierno negocia con Junts el reparto de menores migrantes para sortear el bloqueo del PP

El Gobierno busca alternativas al bloqueo del PP de la reforma de la ley de extranjería para establecer un reparto obligatorio entre comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes. En plenas conversaciones con Junts para la delegación de competencias de la gestión de inmigración a la Generalitat, el Ejecutivo plantea sacar vía decreto una solución excepcional a la situación de emergencia que afrontan principalmente Canarias y Ceuta, y para ello necesita los votos de los siete diputados de Carles Puigdemont en el Congreso, con los que ya se encuentra negociando también sobre ese reparto.

2024 ha cerrado como el año en que oficialmente más personas migrantes llegaron a las Islas Canarias desde que se tienen registros. El balance del Ministerio del Interior refleja que la cifra supera con creces la barrera de las 40.000, muchas de ellas menores no acompañadas que arriban a España en situación de desamparo. Y el panorama no ha hecho más que agravarse desde el comienzo de la Navidad ante la incapacidad de las instituciones de dar una respuesta urgente por la falta de un acuerdo político.

Desde que en verano la mayoría del Congreso tumbara la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para fijar un sistema de reparto de acogida entre las comunidades autónomas con los votos de PP, Junts y Vox, entre otros, los menores migrantes se han convertido en una munición más del combate político entre el Gobierno y la oposición. Auspiciadas por el presidente canario, Fernando Clavijo, el PSOE y el PP han llevado a cabo una negociación en los últimos meses con el ministro Ángel Víctor Torres y el portavoz popular, Miguel Tellado, como interlocutores. Pero esas conversaciones no han producido fruto alguno por el bloqueo sistemático de los de Feijóo a cualquier tipo de salida pactada.

En el Gobierno sostienen que la presión de Vox, de quien depende el PP para aprobar los presupuestos de multitud de comunidades autónomas y ayuntamientos en los que los gobiernos necesitan el respaldo de la ultraderecha, dinamita cualquier tipo de acercamiento. Y que eso pesa incluso más que el hecho de que los populares también formen parte del ejecutivo de Canarias que debe dar respuesta a la emergencia.

“Los menores son responsabilidad de las comunidades autónomas y están hacinados en Canarias y Ceuta porque el PP no ha querido apoyar su reparto por el resto de autonomías. Urge dar una respuesta humanitaria a los menores”, defendió esta semana el ministro de Política Territorial en una entrevista en la Cadena Ser.

En los últimos días, y en plena crisis por la llegada de cientos personas en cayucos a las islas, PP y PSOE han vuelto a arrojarse mutuamente la responsabilidad del bloqueo. Tras las críticas de Fernando Clavijo, que comparte gobierno con los populares y que acusó a Pedro Sánchez de “dejar sola” a Canarias en la gestión de los menores, los socialistas han arremetido contra el presidente canario por lo que consideran una postura de parte, al no entrar al choque con el PP por defender a su ejecutivo.

El secretario de Política Institucional y Formación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, lamentó el lunes que Clavijo responsabilice “por igual al Partido Popular y al PSOE en relación con el drama que tenemos en Canarias de, fundamentalmente, niños y niñas no acompañados que llegan a las costas”. “El enemigo lo tiene en casa y se sienta con él, que no es ni más ni menos que el Partido Popular”, apuntó.

“Su enemigo, el enemigo de los canarios, es el Partido Popular”, insistió Gómez de Celis, que exigió a Clavijo que “obligue a su socio de gobierno a llegar a ese acuerdo para el reparto solidario de los niños y niñas no acompañados que han llegado” al archipiélago o bien “expulse del gobierno” insular a los populares.

Le faltó tiempo entonces al PP para entrar al trapo mostrado por los socialistas. “Sánchez está usando el drama migratorio para intentar tumbar el Gobierno de Canarias. Es lo único que pretende Pedro Sánchez”, afirmó en rueda de prensa el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado.

Con el bloqueo político absoluto constatado ya en la Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre en Santander, que tenía en el orden del día la gestión migratoria y en la que el Gobierno central y los autonómicos no fueron capaces de concretar punto de consenso alguno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca ya alternativas legislativas para dar respuesta a la situación de territorios como Ceuta y las Islas Canarias.

Los planes de Moncloa pasan incluso por una solución de urgencia vía real decreto que incluya un sistema temporal de reparto equilibrado entre las diferentes autonomías, pero para ello necesitaría el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados que en el mes de julio ya tumbó la reforma de la ley. En ese contexto, y en mitad de las negociaciones con Junts para la delegación de competencias a la Generalitat en materia migratoria, el Ejecutivo pretende alcanzar un acuerdo con los de Puigdemont que incluya la situación de los menores no acompañados.

“Y si llegamos a un acuerdo con Junts para el sistema de reparto, ¿el PP lo va a recurrir al Constitucional para tumbarlo, como anunció la señora Ayuso?”, se preguntó Ángel Víctor Torres en la mencionada entrevista de la Cadena Ser. Tanto en el equipo de Política Territorial como en el del Ministerio de Migraciones que comanda Elma Saiz, y que negocia directamente con los de Puigdemont, prefieren por ahora mantener la prudencia sobre el desarrollo de unas conversaciones especialmente complejas por el contenido y por el momento, justo antes de encarar los Presupuestos.

Hace justo un mes y tras el acuerdo para el grueso de la reforma fiscal, los independentistas catalanes llegaron a asegurar en privado que las negociaciones sobre inmigración con el Gobierno se encontraban en la recta final y que el contenido de lo acordado hasta la fecha les resultaba satisfactorio. Pero todo volvió a torcerse antes de las navidades con la última amenaza de Puigdemont, que acusó a Pedro Sánchez de incumplir lo pactado y le exigió someterse a una cuestión de confianza.

Según fuentes al corriente de la negociación, Junts se desmarcó a última hora al insistir en que entre las competencias delegadas se incluya el control de fronteras. “Cuando alguien entra a Catalunya, a la policía que tiene que ver es a la policía catalana, la lengua que tiene que aprender es la catalana, el país que ha de respetar y ha de saber que pisa es Catalunya”, clamó Míriam Nogueras en el Congreso el pasado mes de diciembre. En privado, el Ejecutivo insiste en que el control de fronteras, dependiente del Ministerio del Interior, es una línea roja.

La salida que intenta el Gobierno a la situación de los menores migrantes no es, por tanto, sencilla. Principalmente porque, como en casi todo, depende de Junts, un partido que ya sumó sus votos a los del PP y Vox en el mes de julio para tumbar la ley de extranjería y que demanda las competencias en la gestión en clara disputa con la xenófoba Alliança Catalana por el discurso antiinmigración más duro.

Y en mitad del fuego cruzado, un acercamiento. Como ya plantearon en la Conferencia de Presidentes de Santander, el lehendakari Imanol Pradales y Fernando Clavijo hicieron pública este jueves su propuesta de acuerdo para una distribución extraordinaria de los menores migrantes no acompañados. La finalidad de este reparto es, según el Gobierno canario, garantizar la atención de los niños y jóvenes al tiempo que se alivia la tensión en la red de recursos en el archipiélago, que tutela en la actualidad en solitario unos 5.600 migrantes menores de edad.

Canarias y Euskadi apuestan por la activación de un mecanismo extraordinario que permita “la distribución de menores migrantes no acompañados y garantice sus intereses superiores”, al tiempo que resolvería “la situación que viven Canarias, Ceuta y Euskadi”.

De igual modo, Canarias y Euskadi insisten en su propuesta que es el Gobierno español el que “tiene la responsabilidad de promover de manera eficaz la distribución equitativa de los y las menores, cooperando activamente y aportando los correspondientes recursos materiales y económicos”.

Por ello, buscan “garantizar que los y las menores tengan acceso a un entorno seguro, adaptado a sus necesidades y derechos” que reclaman sean financiados con fondos estatales y europeos y con la coordinación de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, piden que sea el Estado, y no los gobiernos autonómicos, los que sufraguen esa atención.