Hasta el último momento el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado consensuar con la familia de Francisco Franco los detalles de la exhumación del dictador. No ha habido acuerdo. Un enviado del Ejecutivo socialista ha intentado durante esta semana acordar con un representante de los nietos del dictador cómo se realizaría el proceso de exhumación y el destino final de los restos mortales.
Sobre la mesa, según fuentes gubernamentales, nunca ha estado la posibilidad de detener la exhumación. Los familiares de Franco han decidido romper estas conversaciones y han reiterado su intención de acudir a los tribunales.
Las conversaciones se han venido manteniendo en los últimos días: a partir del 15 de febrero, cuando el Consejo de Ministros acordó la exhumación y concluyó el expediente sobre la misma. Previamente el Gobierno ya había intentado mantener contactos con intermediarios cercanos a la familia, pero esas gestiones fracasaron por la oposición de los nietos de Franco a sentarse con los interlocutores del Ejecutivo.
La reunión entre el enviado gubernamental y el representante de la familia Franco se celebró a finales de la semana pasada. El Gobierno estaba dispuesto a abrir una vía de negociación si la familia aceptaba la exhumación, es decir: que se iba a cumplir con lo aprobado por el Parlamento. Lo único negociable sería dónde se le volvía a enterrar y cómo iba a ser la exhumación. En todo momento, apuntan las fuentes, el enviado gubernamental trasladó al representante de los Franco que sacar al dictador del Valle de los Caídos es una decisión política de un Gobierno y un Parlamento democráticos y que, por lo tanto, no se discute.
Finalmente esta semana, tras nuevos contactos entre el Ejecutivo y los nietos, estos han afirmado que no quieren seguir hablando y que recurrirán a los tribunales. La última semana de febrero todos los nietos del dictador se encontraban en España, por lo que pudieron celebrar un cónclave familiar presencial para decidir su respuesta al Gobierno.
El Ejecutivo acordó el 15 de febrero la exhumación de los restos de Francisco Franco, en cumplimiento de un Real Decreto de octubre de 2018 y de un acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018 por el que se inició el procedimiento administrativo.
A partir del 15 de febrero, el Gobierno decidió conceder un nuevo plazo de 15 días a la familia para que señalasen un lugar de reinhumación que permitiese “garantizar el orden público y la seguridad ciudadana para el necesario respeto a los derechos y libertades”, según figura en la referencia del Consejo de Ministros.
En ese mismo documento, se indica que “a falta de un señalamiento de reinhumación compatible con los parámetros legales y de orden público y seguridad ciudadana, corresponderá al Gobierno la decisión sobre el mismo”.