El Gobierno pacta la letra pequeña de los Presupuestos con sus socios y anulará 9.300 millones que coló la oposición

Tras tres jornadas maratonianas, el Congreso ha concluido el segundo trámite de los Presupuestos Generales del Estado con la aprobación del informe de la ponencia de la Comisión de Presupuestos, cuyo dictamen se someterá a votación del Pleno la semana que viene. Después de debatirse y votarse miles de enmiendas –unas 4.000, al ser retiradas las cerca del millar vetadas por el Gobierno–, el Ejecutivo progresista ha conseguido sacar adelante el texto de las cuentas incorporando varias decenas de propuestas de sus socios parlamentarios habituales. Estos acuerdos acercan el apoyo de estos a los Presupuestos de 2022 para su aprobación definitiva.

El informe de la ponencia contó con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, PNV y EH Bildu mientras ERC, Junts y Coalición Canaria se abstuvieron y el PP, Vox y Ciudadanos votaban en contra.

Pero el paso del proyecto por la Comisión de Presupuestos se ha saldado también con una sorpresa inesperada para el Gobierno. Se trata de la aprobación de una enmienda que escapó del control del Ejecutivo, que contempla la creación de un fondo de 9.300 millones de euros destinado a las comunidades autónomas para que hagan frente a las consecuencias derivadas de la pandemia. La enmienda de Junts, apoyada por grupos tan dispares como PP, Vox, Ciudadanos, EH Bildu o ERC, pasó todos los filtros legales antes de ser votada en comisión.

Los partidos del Gobierno sostienen, en cambio, que es “inejecutable” porque la cantidad enmendada, de unos 7.000 millones de euros, no se corresponde con la cuantía final, de 9.300. Por tanto, la enmienda “se incluye” en el dictamen “pero queda sin efecto”, según la tesis del PSOE.

Los grupos que apoyaron la medida aseguran contar con el beneplácito de los letrados del Congreso que, según ellos, les han trasladado la legalidad de la enmienda y su incorporación automática al dictamen tras su aprobación en Comisión. Fuentes socialistas sostienen en cambio que han elevado una consulta a esos servicios jurídicos para conocer si realmente se puede aplicar esa medida que aumenta el gasto de las cuentas y que, por tanto, no debía haberse aceptado en el trámite parlamentario. Esas mismas fuentes explican que, en todo caso, si finalmente se acepta su incorporación, el Gobierno la tumbará simplemente no ejecutándola.

Desde Junts, el grupo autor de la enmienda, se quejan de la actitud del Ejecutivo, manifiestan su intención de llevar hasta sus últimas consecuencias la aplicación de su enmienda y advierten a Moncloa de que con su negativa a poner en marcha el fondo millonario va a tener en contra a todos los gobiernos autonómicos, incluidos los del PSOE. Esta misma tesis la defienden diputados de PP, Ciudadanos y ERC consultados por este diario.

Compromís confirma su 'sí' a los Presupuestos

Al margen de esta polémica que ninguna parte descarta que vaya a terminar en los tribunales, la Comisión de Presupuestos ha servido para constatar el entendimiento del Gobierno con sus socios habituales, especialmente con el PNV, EH Bildu, Compromís y Más País, aunque por el momento solo ha confirmado su sí definitivo a las cuentas de 2022 el partido que en el Congreso de los Diputados encabeza Joan Baldoví.

En la negociación, Compromís ha logrado 26,8 millones más de inversión para la Comunitat Valenciana en materia de transporte público, citricultura y cultura. 13 millones irán a la línea ferroviaria de Sagunt a Teruel, en una enmienda firmada conjuntamente con Teruel Existe; 200.000 euros se destinarán a la redacción del proyecto del tren de la costa, 11,5 millones irán a mejorar las cercanías valencianas y 500.000 euros, para la redacción del proyecto de conexión entre el Aeropuerto del Altet, Elx y Alacant.

Baldoví también logró enmiendas transaccionales con los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para destinar un millón de euros adicionales para el Palau de les Arts, que así dobla su dotación; 100.000 euros para las sociedades musicales valencianas, para las cuales se habían presupuestado 8.000 euros, y 500.000 euros para la lucha contra el cotonet en la citricultura valenciana. 

Además, en las próximas semanas el Gobierno publicará un documento con los criterios de población ajustada que resolverán el problema de infrafinanciación valenciano, ya que, también gracias a un acuerdo con Compromís, ampliará la partida de la financiación autonómica para que ningún territorio salga perjudicado.

El PNV considera que se han producido “avances”

Los primeros acuerdos suscritos por el Ejecutivo en la tramitación en Comisión se lograron con el PNV y tuvieron que ver principalmente con las competencias ferroviarias del País Vasco y el reconocimiento del régimen foral a la hora de establecer el endeudamiento de Euskadi. En total, los nacionalistas vascos han conseguido acordar con los partidos del Gobierno 32 enmiendas en los Presupuestos durante la tramitación en Comisión de las nuevas cuentas.

Las medidas son principalmente para inversiones en I+D+i, promoción cultural e infraestructuras. Hasta el momento, los nacionalistas vascos han incorporado 41 enmiendas por un valor total de 30 millones de euros que, según ha explicado el grupo vasco en una nota, “mejoran sustancialmente” las cuentas para la ciudadanía vasca y navarra. Apoyado este trámite en Comisión, el Grupo Vasco confía en seguir discutiendo los Presupuestos en su recorrido por el Senado y en “encauzar definitivamente” el soterramiento de las vías del AVE en Bilbao antes de dar el 'sí' definitivo a las cuentas.

La negociación con EH Bildu ha permitido la incorporación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto que también ha sido apoyado por ERC. La formación independentista ha conseguido el compromiso de PSOE y Unidas Podemos para dotar de 25 millones de euros a ese fondo. Además, entre las iniciativas, se incorpora una partida de 200.000 euros para restaurar el Alto Horno de Sestao. Y se incluyen otras mejoras de infraestructuras en Euskadi y Navarra como la ejecución de una pista ciclable entre Irurtzun (Navarra) y Agurain (Álava), actuaciones de mejora en el paseo marítimo de Plentzia (Bizkaia), reducciones sonoras en la línea de Cercanías que une Bilbao y Santurtzi o la mejora de accesibilidad de la estación de Barakaldo (Bizkaia). 

En cuanto a ERC, su apoyo a los Presupuestos está determinada por la negociación de la nueva Ley Audiovisual, que no está incluida en las Cuentas. Según ha explicado en las últimas horas el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, existe un “contexto” que “favorece o perjudica” otras negociaciones y ha asegurado que la protección del catalán y la obligación por parte del Gobierno para que Netflix produzca en la lengua cooficial influirá en las cuentas públicas.

“Hemos sido muy sinceros. Somos consientes de la fuerza negociadora que tenemos ahora. Sabemos cómo funciona el PSOE. Si no atamos esto ahora, difícilmente se atará. Estamos hablando de puestos de trabajos que dependen de que el Gobierno reconozca que hay una producción en catalán”, zanjó Rufián este jueves, aunque sigue mostrándose “optimista” respecto a la negociación con el Ejecutivo, desligándola siempre de las discrepancias que mantienen ambas partes respecto a la Ley de Memoria Democrática.

Acuerdo también con Ciudadanos

Más pesimista se mostraba este jueves el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien recordó que su partido renunció a presentar enmienda de totalidad al proyecto presupuestario para “dar margen a la negociación”, pero a menos de una semana de las votaciones definitivas en el Congreso, sigue sin haber un acuerdo y no han conseguido pactar ni una de sus 300 enmiendas parciales. Según ha dicho, no da por cerrado el proceso de negociación pero, a falta de resultados, no descarta ninguna de las tres opciones de voto: a favor, en contra o abstención. “Si el Gobierno quiere contar con el voto del BNG, tendrá que demostrar su voluntad”, subrayó, recordando que el acuerdo de investidura aún sigue pendiente de su total cumplimiento.

Al margen de esos socios habituales, los partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, también apoyaron el miércoles en la Comisión de Presupuestos una enmienda de Ciudadanos, que resultó aprobada, para incluir al sector turístico como un “sector estratégico” del Plan de Política Industrial 2020. La propuesta va dirigida, según Ciudadanos, “a dar un impulso decidido a un sector que genera empleo, prosperidad, inversión y capacidad de arrastre”. 

El debate en Pleno del dictamen aprobado en la Comisión de Presupuestos tendrá lugar la semana que viene, entre el 22 y el 25 de noviembre, según el calendario de tramitación. Durante esta sesión plenaria, los ministros presentarán sus partidas y se debatirán y votarán las enmiendas al articulado y a las secciones que no hayan sido incorporadas en las fases anteriores y que los grupos hayan pedido mantener vivas.

El debate y votación del dictamen se realizará diferenciando el articulado del proyecto y cada una de sus secciones. Si todas reciben el respaldo de la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, el proyecto de ley se remitirá al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. El objetivo del Gobierno es que, después, el texto vuelva al Congreso para su aprobación definitiva antes de que finalice el año.