En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha expresado su “respeto absoluto” a la decisión de la comisión de Peticiones del Parlamento europeo de enviar al País Vasco una misión de investigación para reunir información por los 379 crímenes de la banda terrorista ETA aún sin resolver, aunque el calendario y la agenda del viaje están aún por definir.
Según ha recordado Fernández, como Gobierno disponen de un informe sobre la situación procesal de los crímenes terroristas sin esclarecer y lo pondrán a disposición de la misión europea. En dicho informe se recogen todos los crímenes sin resolver tanto de ETA como del GAL.
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
El objetivo es que la delegación europarlamentaria se lleve a cabo en la segunda mitad de 2020 y permita a los eurodiputados verse con víctimas y autoridades policiales y judiciales.
La misión es el resultado del acuerdo de los coordinadores de grupo en la reunión a puerta cerrada celebrada antes del inicio de la sesión formal de la comisión parlamentaria en donde la presidenta de la misma, la 'popular' Dolors Montserrat, ha anunciado la decisión.
La propuesta, promovida por Ciudadanos a través de su grupo en la Eurocámara, Renovar Europa, ha contado también con el apoyo del Partido Popular Europeo y de los Conservadores y Reformistas europeos, en cuyas filas se encuentra Vox, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Este asunto llegó a la comisión europarlamentaria por una queja del representante de la asociación Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias, que ya expuso la situación ante los eurodiputados en 2017 y 2018 y apuntó la conveniencia de que los eurodiputados visitaran España.
Rodríguez Arias alertó entonces a la Eurocámara de que los 379 asesinatos sin resolver supone que los autores de cerca de la mitad de los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA no han sido juzgados por sus actos y criticó que las autoridades españolas “no hayan cumplido con su deber de llevar a cabo investigaciones oficiales, efectivas e independientes” para que los responsables sean perseguidos y las familias de las víctimas compensadas.