El Gobierno plantea criterios “más objetivos” en su plan para renovar el Poder Judicial si el PP mantiene el bloqueo

Recién salido de una operación de apendicitis, el ministro de Justicia cumplió con el encargo del presidente. A media mañana del miércoles, y apenas un rato después de que Pedro Sánchez lanzara su ultimátum, un aún convaleciente Félix Bolaños contactó con su interlocutor habitual en el PP. Bolaños le pidió por mensaje a Esteban González Pons una reunión urgente para hacer una última intentona de negociación para el desbloqueo del Poder Judicial. Y le propuso el viernes como fecha de ese encuentro.

En un primer momento, el PP llegó a desmentir la existencia de esa comunicación que en Moncloa sí confirmaban. Más tarde, en Génova se admitió la conversación bajo el argumento de que, al tratarse de un mensaje y no una llamada, al vicesecretario de Institucional de los populares se le había pasado leerlo.

Por la mañana, el presidente del Gobierno había lanzado incluso una fecha límite a los de Feijóo para sentarse a la mesa y proceder al desbloqueo de un órgano constitucional que lleva más de cinco años caducado. “A final de junio el tiempo de la negociación se habrá acabado y el PSOE, Sumar y el Congreso presentarán una propuesta para acabar con esta situación inaceptable”, dijo durante una entrevista en TVE.

Una vez cruzado el rubicón de las europeas del pasado domingo y haber concluido el interminable ciclo electoral de 2024, la intención del Gobierno es dar un impulso a la legislatura y desatascar una agenda de reformas varadas desde casi el inicio del mandato de Sánchez. Y por eso el propio presidente anunció en el Congreso este miércoles que también antes de las vacaciones de verano cumpliría con el compromiso adquirido tras sus cinco días de reflexión de impulsar un paquete de medidas de regeneración democrática sin concretar, por el momento, mucho más.

Tampoco durante su entrevista en TVE profundizó en muchos más detalles sobre la propuesta que tiene preparada el Ejecutivo en caso de que, como todo apunta, no haya acuerdo con el PP para renovar el CGPJ. De esa propuesta, en la que el Ministerio de Justicia trabaja desde hace meses, tan solo esbozó alguna línea principal. “El incentivo perverso que tiene el PP para bloquear es la facultad que tiene el Consejo del Poder Judicial para nombrar a magistrados que van al Supremo o a los tribunales superiores de justicia. Deberíamos revisar esa facultad para hacerla más objetiva y más transparente y menos politizada”, planteó.

La reacción del PP no tardó en llegar. Desde la dirección del partido, aún descolocada ante la propuesta de reunión urgente para el desbloqueo, pidieron tiempo y afearon la advertencia del presidente. “Valoraremos cómo proceder tras el ultimátum del Gobierno”, se limitaron a responder. Horas más tarde, Génova volvió a escudarse en la Comisión Europea, la instancia comunitaria que ellos mismos convocaron para buscar una salida que nunca llegó a producirse. “Ante el ultimátum y el chantaje verbalizado hoy por Pedro Sánchez, González Pons ha solicitado un encuentro a tres con carácter urgente. Quedamos a la espera de la respuesta de la vicepresidenta de la Comisión”, trasladó el PP para echar balones fuera. El Gobierno, sin embargo, volvió a aceptar el envite y el ministro de Justicia trasladó a la Comisión su disposición a aceptar otra vez una mediación.

Más contundente que Génova se expresó, una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casi sin tiempo para que la dirección nacional de su partido se pronunciara, Isabel Díaz Ayuso volvió a tomar la iniciativa para delimitar bien el terreno de juego de Feijóo. “Es el momento más inadecuado para que Sánchez meta mano e intente dominar el CGPJ y el Tribunal Supremo”, advirtió para quien quisiera oírla.

Un plan listo para aprobar sin el PP

La iniciativa en la que trabaja el Gobierno en caso de que no haya acuerdo con el PP está encaminada a establecer criterios más objetivos y requisitos de evaluación en la elección de los magistrados de los principales tribunales del país. Esas designaciones las realizan los vocales que, a su vez, son elegidos por los políticos. Sobre el papel, la normativa que regula esos nombramientos se rige por los principios de “mérito y capacidad”. Pero sectores de la judicatura cuestionan que hay un “reparto” entre los dos sectores del CGPJ —conservadores y progresistas—, vinculados a su vez con las asociaciones a las que pertenecen muchos de los vocales. 

Con este sistema, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria, y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), progresista y tercera en número de asociados, coparon el 60% de los nombramientos de jueces que hizo el CGPJ entre 2013 y 2020, según datos recabados por elDiario.es. Por contra, los jueces no asociados, que suponen el 44% de la carrera, solo accedieron a un 30% de los puestos. 

Instituciones internacionales como el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, por sus siglas en inglés), han pedido a España que tome medidas para que estos nombramientos no arrojen ninguna duda sobre la “independencia, imparcialidad y transparencia” del proceso por el que han resultado elegidos. En 2018, el PSOE promovió una reforma —respaldada por el PP de Pablo Casado— que introdujo novedades en el sistema de designación de los presidentes de Sala y de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

Desde entonces es obligatorio incluir en la convocatoria los criterios de selección y los requisitos de evaluación del puesto, la celebración de una audiencia pública y la justificación por escrito de la decisión, incluido un informe motivado sobre perspectiva de género. Además, se volvió a establecer una mayoría de tres quintos (13 de los 21 vocales) para todas los nombramientos, un modelo que el PP suprimió en 2013 cuando gobernaba con mayoría absoluta con el argumento de que ese modelo habría propiciado un “bloqueo” a la toma de decisiones. 

Sin embargo, es un hecho que en estos nombramientos tienen una gran influencia los vínculos políticos, la afinidad ideológica e incluso hechos más banales como haber compartido destino con alguno de los vocales, de acuerdo a las fuentes consultadas. A menudo, incluso, la adscripción de los vocales a uno u otro sector ideológico se transmite a los jueces designados, según estas mismas fuentes. 

También sigue teniendo mucha relevancia la todopoderosa Comisión Permanente del CGPJ, una especie de núcleo duro, formada por siete miembros y que son los únicos con dedicación exclusiva. Los miembros de la Permanente son los que realizan esa audiencia pública. Con esas entrevistas se hace un primer corte y se propone una terna al pleno, formado por todos los vocales del órgano, que toma la decisión final. 

Fuentes del Ejecutivo confirman que en estos trabajos se ha tenido en cuenta la propuesta que el presidente interino del órgano, el conservador Vicente Guilarte, remitió al Congreso y al Senado el pasado abril. Las citadas fuentes sostienen que la iniciativa en la que se trabaja desde Justicia es “coincidente” en algunos puntos con la esbozada por Guilarte, que propone dejar en manos de los magistrados la elección de cargos en la cúpula judicial y critica que en el modelo actual se designan por criterios de “proximidad afectiva” e ideología. 

Por ejemplo, respecto a los magistrados del Tribunal Supremo —que pueden estar en el puesto hasta la jubilación— su propuesta es que sean nombrados por una “comisión cualificada”, compuesta mayoritariamente por vocales y por magistrados del Alto Tribunal. Guilarte plantea que esa comisión esté presidida por un vocal del CGPJ que sea magistrado del Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Alto Tribunal, en caso contrario.

En relación a los llamados cargos gubernativos —esto es, presidencias de las audiencias provinciales, los tribunales autonómicos y sus salas— la propuesta de Guilarte pasa porque sean elegidos por los miembros de la carrera Judicial del territorio respectivo. Los candidatos tendrían que presentar un programa de actuación y se podrían determinar exigencias adicionales como la antigüedad o la vinculación con el territorio. El CGPJ sería el encargado de convocar y organizar el proceso electoral y garantizar su correcto funcionamiento, así como acordar el nombramiento y ratificación del candidato propuesto y comprobar que cumple con la exigencias reglamentarias.

La cuestión de los nombramientos es de gran relevancia especialmente en el momento actual, cuando sólo en el Supremo están sin cubrir 25 puestos de un total de 79. Son plazas que no se pueden cubrir porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos cuando, como sucede ahora, está en funciones. Hasta entonces, un órgano ampliamente caducado había hecho 74 nombramientos en puestos clave. 21 de ellos en las distintas salas del Alto Tribunal. Además, el veto a la designación de jueces mientras no se renueve el CGPJ provoca que casi un centenar de puestos de máxima responsabilidad se sigan ejerciendo con el mandato caducado, estén ocupados por suplentes o directamente vacantes, como las 25 plazas del Supremo.