El Gobierno plantea que los secretos oficiales puedan permanecer clasificados más de 50 años

Los secretos de Estado pueden serlo para siempre con la ley actual, que se promulgó en 1968. El Gobierno aprueba este lunes el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada con la que pretende sustituir esa norma franquista y adecuar la legislación española a los estándares de la UE, pero también de la OTAN. La principal novedad del texto es que se establecerá con carácter general un plazo máximo para que la información que el Estado quiera restringir permanezca en la opacidad. “Los plazos de desclasificación de la documentación oscilan desde los cuatro hasta los 50 años, pudiendo prorrogarse en algunos casos”, informan fuentes gubernamentales.

El tiempo de clasificación dependerá del carácter de la información. La nueva norma incorpora, en consonancia con los estándares europeos y de los aliados, cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Hasta ahora solo hay dos: secreto y reservado. El Gobierno permitirá que el contenido que se considere ultrasensible se pueda prorrogar en el secreto más allá de los 50 años, que es la horquilla general más alta. No obstante, fuentes gubernamentales apuntan a que ese plazo podrá ser modificado en la tramitación parlamentaria. 

Con la actualización de la norma, será el Ministerio de Presidencia, y no el de Defensa como hasta ahora, el que tenga la prerrogativa de clasificar y desclasificar la información. El cambio obedece a los nuevos tiempos, según explican en el Ejecutivo, dado que la documentación secreta va más allá del carácter de la seguridad nacional desde el punto de vista militar, que es el concepto que guiaba la ley preconstitucional. Por eso es necesario que responda a un concepto más “transversal y de coordinación interministerial” dado que la información puede tener carácter económico, industrial, etc. En el caso del actual gabinete, la responsabilidad recaería, a partir de que la ley entre en vigor, en Félix Bolaños y no en Margarita Robles. 

“La ley establece una Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada, con competencias, entre otras, de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia”, explican fuentes gubernamentales. No obstante, será el Consejo de Ministros el que formalmente clasifique la documentación y, por tanto, el que tenga la capacidad de levantar la restricción. 

La renovación de la ley de secretos oficiales lleva atragantada desde 2016, cuando el PNV llevó una iniciativa al Congreso con el objetivo de que informaciones reservadas, relacionadas con temas como los GAL o el intento de golpe de estado del 23F, vieran la luz. Seis años después y con 80 prórrogas en el Parlamento en lo que va de legislatura, Pedro Sánchez se comprometió en pleno escándalo del espionaje a acelerar el proyecto en el que el Gobierno estaba trabajando. Fue entonces cuando aseguró que era un asunto “impostergable”. También propuso actualizar la norma que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque esa propuesta tendrán que esperar más.

El PNV planteaba un tope de 25 años con una prórroga de 10

Durante el debate sobre el estado de la nación, el presidente le dijo al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que pretendía aprobar la ley en el mes de julio. Lo hará en el último Consejo de Ministros antes del parón del verano. En el Gobierno confían en que la iniciativa caiga bien al resto de grupos, aunque recuerdan que esta es la primera vuelta antes de su paso por los informes preceptivos de instituciones como el Consejo de Estado y que también está sujeta a cambios en la tramitación parlamentaria. 

Los plazos que da la propuesta del Gobierno son muy superiores a la apuesta de los nacionalistas vascos –y también de los planes que el PSOE tenía hasta ahora en las enmiendas que llegó a presentar a la proposición que se tramitaba en el Congreso–. La intención del PNV es que las materias delicadas solo puedan permanecer en los cajones 25 años (y diez extra en casos excepcionales y justificados por el Gobierno).

En 2018, los socialistas coincidieron con ese planteamiento y defendieron en la tramitación parlamentaria de la nueva ley de secretos oficiales –que fracasó con el posterior adelanto electoral– que las materias clasificadas vean la luz en un plazo de 25 años con la posibilidad de una única prórroga de 10. La enmienda del PSOE daba un margen de 10 años al Gobierno para que publicitara las materias actualmente clasificadas y para las que ya había pasado ese plazo de un cuarto de siglo. “Se trata de establecer un régimen transitorio que asegure la correcta aplicación de la modificación normativa”, argumentaba el PSOE en la “motivación” de esa enmienda. El Gobierno amplía ahora a 50 el plazo máximo de reserva y da la posibilidad de prorrogarlo a partir de esa fecha si el Ejecutivo lo considera y queda por ver la letra pequeña del texto para saber cuándo verían la luz los documentos que se clasificaron antes de que esté vigente la nueva norma, como, por ejemplo, los relativos al 23F o al espionaje a los líderes independentistas.