Gobierno y PP acercan posturas para la renovación del Poder Judicial tras casi tres años de bloqueo

Tras casi tres años de bloqueo, el Gobierno y el PP acercan posturas en la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la vez que se terminan de cerrar los flecos sueltos de la actualización de los cuatro órganos constitucionales para los que sí hay luz verde. El Ejecutivo de coalición y el principal partido de la oposición han mantenido nuevos contactos, según fuentes conocedoras de las conversaciones, tras alcanzar la semana pasada un acuerdo para actualizar cuatro de ellos –Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y Agencia de Protección de Datos–. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han vuelto a reunirse para cerrarlos y comenzar a sondearse en el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El enquistamiento en el que se encontraban las relaciones entre el Ejecutivo de coalición y el principal partido de la oposición dio un vuelco el pasado miércoles, cuando Pablo Casado ofreció a Pedro Sánchez renovar las instituciones dejando fuera el Poder Judicial. Aunque el presidente no ofreció una respuesta inmediata desde el hemiciclo, el Gobierno sí cogió el guante y Bolaños telefoneó unos minutos después a García Egea, que ya había sido su interlocutor en los anteriores intentos fallidos. Ambos se vieron en el Congreso esa misma tarde, y 24 horas después Moncloa y Génova anunciaron un acuerdo para actualizar las cuatro instituciones caducadas, a excepción del órgano de gobierno de los jueces. 

El entendimiento se logró en tiempo récord porque en anteriores intentos de acuerdo ya se había avanzado mucho en la materia, pero ambas partes se emplazaron a seguir hablando para cerrar los detalles. Según las fuentes consultadas, la base del acuerdo es el que Gobierno y PP ya tenían sobre la mesa en febrero de 2021, cuando el veto de Casado al juez De Prada –uno de los ponentes de la sentencia de Gürtel– y a Victoria Rosell –jueza, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género– hizo saltar por los aires las negociaciones. No obstante, en ese momento aún no había vencido el plazo de los consejeros del Tribunal de Cuentas, compuesto por doce miembros. El nombre que los socialistas pusieron sobre la mesa para el Defensor del Pueblo fue el del exportavoz en la Asamblea de Madrid y exministro de Educación, Ángel Gabilondo. 

La estrategia del Gobierno pasa por presionar al PP con la renovación del CGPJ una vez que se ha alcanzado un entendimiento para el resto de instituciones. “El desbloqueo de cuatro instituciones hace más inexplicable el bloqueo del Poder Judicial”, afirmó el lunes Sánchez en una entrevista en la Cadena SER.

El mismo día, Pablo Casado reiteraba una idea mil veces repetida: “No puedo renovar el órgano del gobierno de los jueces si hay una percepción de politización”. El líder del PP aseguraba en una entrevista en Onda Cero que “si Sánchez quiere modificar la ley de elección de vocales, pasado mañana podremos renovar el Consejo”, aunque también reclamaba que “el Diario de Sesiones del Congreso” recoja “si se ha producido la votación para modificar la ley” ya que la actual, que el PP nunca cambió cuando gobernó incluso con mayoría absoluta, “tiene una fórmula de elección equivocada sobre lo que decía la Constitución”.

La posición de Casado y del PP es, a simple vista, la misma que mantienen desde que esgrimieran la excusa de la “percepción de politización” para bloquear una renovación que se fue al traste cuando su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, dejó escrito en un mensaje que el presidente que habían pactado para el Tribunal Supremo con el PSOE, Manuel Marchena, serviría a los populares para controlar “desde atrás” la sala que iba a juzgar el procés.

Casado, sin embargo, no concretó en la larga entrevista con Carlos Alsina qué tipo de reforma quiere, ni planteó como línea roja, como sí había hecho hasta ahora, excluir a Congreso y Senado de la elección de los 12 vocales de procedencia judicial. Y su número dos, Teodoro García Egea, decía el domingo en La Razón que “hay posibilidad de acuerdo siempre y cuando exista una mínima base de acuerdo sobre el cambio del modelo para avanzar hacia el estándar europeo”, sin señalar, como sí ha hecho últimamente su partido, que sí o sí “los jueces tienen que elegir a los jueces”.

Ese es ahora el objetivo ideal para el PP, pero el secretario general aseguraba en esa entrevista que su grupo quiere “aprovechar esta circunstancia para que el Gobierno avance en el estándar europeo que defiende que sea la carrera judicial la que elija al órgano de sus jueces”. Y concluía: “Los ciudadanos nos han dado los votos y los escaños que nos han dado”.

También la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, decía el martes que su intención es “avanzar en la línea de lo que pide Europa” para que “sean los jueces los que elijan a los jueces”. Fuentes del PP aseguran a elDiario.es que su reclamación es que “Sánchez rectifique y se avenga a reforzar la independencia del Poder Judicial”.

Empezar las renovaciones la semana que viene

La intención es que el acuerdo se cierre esta misma semana para poner en marcha la renovación de los órganos donde sí hay pacto a partir de la próxima. “La renovación se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado”, rezaba el comunicado en el que se informaba del acuerdo entre socialistas y populares la semana pasada. 

Sin embargo, Gobierno y PP admiten que ese calendario puede retrasarse. Fuentes gubernamentales esperan que los flecos se cierren pronto, pero advierten de que no irá al Parlamento la próxima semana porque no hay Pleno y los procedimientos para la elección de cada uno de esos órganos son distintos. En el caso del Tribunal Constitucional son las Cortes –al igual que el CGPJ y el Defensor del Pueblo– mientras que los miembros de la Agencia de Protección de Datos tienen un procedimiento de selección diferente y su director lo designa el Gobierno de entre los miembros del consejo consultivo.

Desde el PP restan importancia al retraso que achacan a cuestiones técnicas. “Hay que garantizar el cumplimiento de los plazos y hacerlo compatible con la actividad parlamentaria de estas semanas”, aseguró el martes Gamarra, aludiendo a la preferente tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

Fuentes socialistas no descartan que finalmente pueda haber un acuerdo que englobe también al órgano de gobierno de los jueces. Lo que rechaza rotundamente el Gobierno es avenirse a cambiar el modelo de elección del CGPJ en la línea que plantea el PP para que sean los propios jueces los que designen al menos a una parte de sus miembros. 

El Gobierno defiende el actual sistema para que sea la soberanía nacional –representada en el Congreso y el Senado– la que tenga la última palabra y sostiene que los jueces ya tienen voz en los nombramientos, ya que una parte de los vocales del CGPJ son elegidos de las propuestas que llegan de la carrera judicial.