El Gobierno y el PP han alcanzado un acuerdo en tiempo récord para la renovación de parte de los órganos constitucionales que tenían su mandato caducado. Queda fuera del pacto el más polémico, el Consejo General del Poder Judicial, para el que Génova mantiene el veto, aunque las negociaciones siguen abiertas. Las conversaciones se retomaron este miércoles, después de que el líder del PP, Pablo Casado, le tendiera la mano a Pedro Sánchez para revisar la composición del Tribunal Constitucional, del de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, aunque dejó claro que el órgano de gobierno de los jueces no entraría en el paquete mientras no se modifique la fórmula de designación, algo que el Ejecutivo de coalición no está dispuesto a hacer.
En apenas 24 horas el acuerdo, parcial, se ha hecho posible, a pesar de que la intención del Gobierno era negociar todas las instituciones en conjunto. “Tras las conversaciones mantenidas entre el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, esta mañana, el Partido Socialista y el Partido Popular han alcanzado un acuerdo que permitirá la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos”, ha informado Moncloa en un comunicado.
“La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado”, apostilla el mensaje, pactado con el PP. Por su parte, fuentes de Unidas Podemos aseguran que la coalición “ha participado” en esta negociación, “al ser parte del Gobierno”, informa Laura Galaup.
La secretaria general de Podemos y ministra de Derecho Sociales, Ione Belarra, ha lamentado que este pacto no afecte a la cúpula del poder judicial. “Mientras no haya un acuerdo sobre renovación del CGPJ el PP continúa en abierta rebeldía con el cumplimiento de la Constitución española. Es imprescindible que haya un acuerdo en esta materia”, ha planteado.
El pacto alcanzado este jueves todavía no ha fijado los “nombres de consenso” que votarán Congreso y Senado en las próximas semanas, según ha afirmado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Congreso. El número dos de Casado ha asegurado que “se irán discutiendo” en los próximos días porque, por ahora, “no se han materializado”. “Seguiremos hablando”, ha apuntado.
Sobre la participación de Unidas Podemos en el acuerdo, el PP ha defendido que las conversaciones “han sido con el PSOE”. Preguntados por cómo completarán el número de diputados necesarios para proceder a la renovación, los 210 que no suman ambos partidos, fuentes del PP han dicho que será el PSOE quien tenga que buscarlos.
El acuerdo, siempre que se lleve a término, pone fin así a varios años de mandatos caducados y bloqueo institucional en casi todos los órganos. El propio Constitucional, por ejemplo, tenía a cuatro de sus magistrados fuera de plazo desde noviembre de 2019, hace casi dos años. El caso del Tribunal de Cuentas era menos sangrante, ya que solo estaban en funciones desde julio de este año. El récord lo ostenta el Defensor del Pueblo, que debió ser renovado en 2017.
“Siempre desde el Gobierno hemos estado dispuestos”, ha declarado posteriormente Bolaños, que ha reconocido que “queda trabajo” y que su intención es que “esta voluntad de acuerdos también alcance al Poder Judicial”. “No es una opción”, ha agregado el socialista, que ha recordado que así lo establece la Constitución. “Ese cambio del PP ha hecho posible que logremos un acuerdo en un plazo razonablemente corto”, ha agregado el ministro, que ha reconocido que las negociaciones estaban “muy avanzadas” en febrero.
La renovación de estos órganos ya se había abordado en anteriores intentos, infructuosos, de renovación. Por eso el acuerdo ha sido relativamente sencillo. Para el cargo de Defensor del Pueblo la propuesta que estaba sobre la mesa era la de nombrar a Ángel Gabilondo, excandidato del PSOE en la Comunidad de Madrid en 2019 y en 2021, aunque eso fue antes de que se retirara de la política activa.
Ahora queda pendiente la renovación del CGPJ, que sigue pendiente. “Seguimos defendiendo la necesidad de avanzar hacia la independencia judicial, y esto tiene que ponerse encima de la mesa, garantías que permitan que todo vaya acompasado”, ha dicho García Egea. Fuentes del PP han confirmado después a elDiario.es que debe existir algo más que un compromiso de reforma de la ley por parte del PSOE. “No nos fiamos”, han apuntado. Es decir, la nueva regulación debería estar registrada en el Congreso, e incluso votarse el mismo día que se elija a los nuevos vocales. El Gobierno, tanto el PSOE como Unidas Podemos, rechazan de plano modificar esa ley en los términos en los que quiere el PP, que no tiene la mayoría ni la posibilidad de lograr alianzas para hacerlo.