Todos los grupos parlamentarios, a excepción de la extrema derecha de Vox, han cerrado un acuerdo para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un acuerdo que ha sido refrendado este jueves en el Congreso por el Gobierno y los portavoces firmantes de todos los grupos. Las negociaciones, pilotadas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y el área de Igualdad del PSOE, que tenían como objetivo garantizar que el Partido Popular se sumara a la firma, se han prolongado hasta este jueves por la mañana. La intención desde que se retomaron los contactos era que estuviera cerrado coincidiendo con el 25N, el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han presidido la firma en el Congreso.
La semana pasada, el Gobierno planteó a los grupos parlamentarios actualizar el dictamen del Pacto contra la Violencia de Género que se suscribió en el Congreso en 2017, que vence a finales de 2022 y del que quedan por completar el 17% de las más de 300 medidas que recogía. “Es el momento de reafirmar el consenso político para la erradicación de todas las violencias machistas”, señalaba la Secretaría de Estado de Comunicación en un comunicado. Ahora, los grupos se comprometen a renovarlo en tiempo y forma con una hoja de ruta de contenidos ya definida. A partir de ahora, como sucede con otros pactos de Estado como el de pensiones (Pacto de Toledo) y el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo (pacto antiterrorista), el Pacto contra la Violencia de Género será permanente, y estará abierto a modificaciones y ampliaciones.
El acuerdo para renovar el Pacto contiene trece puntos: trece objetivos generales entre los que destacan garantizar la financiación pública “estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico” para las políticas de prevención y lucha contra la violencia machista y asegurar una respuesta “integral”, y también blindar los fondos destinados a entidades sin ánimo de lucro, tanto estatales como autonómicas, especializadas en violencia contra las mujeres, también en menores de edad. Ninguno de estos dos puntos aparecía en el actual Pacto. No obstante, en el documento no hay cifras: el acuerdo no especifica a cuánto debe ascender como mínimo esa financiación ni tampoco qué fondos concretos irán para las organizaciones.
Otro de los objetivos es asegurar la especialización profesional de todos los sectores que intervienen de alguna manera en la prevención y abordaje de la violencia machista, en la atención a las víctimas y también a quienes tratan con los agresores, especialmente, dice el acuerdo, en el ámbito de la justicia. Otras dos herramientas ya existentes se convertirán en permanentes: el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención -que deberá incluir programas de educación y campañas de concienciación social, también dirigidas a hombres- y la Estrategia Estatal frente a la violencia contra las mujeres, que deberá aprobarse obligatoriamente cada cinco años.
Sobre los recursos, el documento menciona “perfeccionar los circuitos de atención integral” y declarar como esenciales todos los servicios y recursos de reparación y atención a las víctimas, que deberán extender su asistencia a las mujeres que sufran todo tipo de violencias machistas, no solo en el ámbito de la pareja. Ese es otro de los mandatos, garantizar la respuesta institucional a todos los tipos de violencias machistas, algo a lo que conmina el Convenio de Estambul (de referencia internacional en la materia) y que ya fue la referencia cuando se elaboró el Pacto. La norma estatal debe contemplar expresamente la violencia económica, la violencia vicaria, y la violencia en el ámbito digital.
Ampliar la red de recursos, con atención especial a las zonas rurales, y reforzar las medidas encaminadas a garantizar la autonomía económica de las mujeres son también objetivos del acuerdos. “Reforzar la protección de aquellas mujeres que enfrentan otras formas de discriminación y obstáculos añadidos en la salida de la violencia y la reparación y son doblemente vulnerables, como las mujeres mayores, las mujeres migrantes, las mujeres rurales, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con discapacidad o mujeres en situación administrativa irregular”, menciona el documento.
Tras la firma en el Congreso, la ministra de Igualdad ha agradecido a todos los grupos parlamentarios “haber entendido que la violencia contra las mujeres es una cuestión de estado” y estar en disposición de actualizar las medidas que contiene el Pacto. “Que todas sepamos que estamos juntas contra las violencias machistas”, ha declarado.
El Pacto de Estado, ratificado hace cuatro años por los grupos parlamentarios -con la abstención de Unidos Podemos, que lo consideraba insuficiente-, entraba en su recta final, por lo que el Ministerio de Igualdad y el PSOE veían necesario actualizarlo cuanto antes para blindarlo. También el PP había hecho un llamamiento a su actualización. Fuentes de la negociación explican que “desde el Ministerio de Igualdad llevan días hablando con el PP y con todos los grupos, y que Montero habló directamente con Casado para que el PP estuviera en la renovación del Pacto”. En el ámbito parlamentario, el PSOE también ha mantenido contactos para que el acuerdo saliera adelante, según fuentes de la negociación.
Los objetivos del Gobierno en la actualización del pacto eran asegurar su financiación “y ofrecer estabilidad a las políticas públicas que combaten la violencia de género”. Metas que, según las fuentes consultadas, se han conseguido. En la propuesta del Gobierno se incluía también garantizar la financiación de las organizaciones feministas que luchan contra la violencia machista con el 1% de los fondos del pacto, es decir, dos millones de euros. Ese ha sido el principal escollo en las negociaciones con el PP, según fuentes conocedoras de las negociaciones, y finalmente no se ha especificado en el documento.
El PP se ha sumado a la mayoría parlamentaria para actualizar un Pacto que defienden como suyo, ya que fue durante el Gobierno de Mariano Rajoy cuando se aprobó y puso en marcha, aunque su ejecución fue muy limitada. La semana pasada elDiario.es ya adelantó que los de Pablo Casado estaban dispuestos a negociar con el Ministerio de Igualdad y los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos.
Este jueves, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, Casado ha visitado la sede de la Asociación ANAR -que, entre otras cosas, tiene una red de casas de acogida para las víctimas y sus hijos- donde ha asegurado que “es algo que hay que erradicar” y en lo que hay que “ir todos juntos”. Precisamente, este jueves el PP ha declarado que “negar o cuestionar” la violencia de género “impide resolver un problema que requiere el compromiso de toda la sociedad”. En un manifiesto por el 25N, señalan: “Sin ambages ni ambigüedad, tenemos que denunciar, perseguir y condenar la violencia de género, y también tenemos que educar contra esta violencia”.
El manifiesto llega un día después de que Vox impidiera que el Congreso aprobara una declaración institucional contra la violencia, que exige unanimidad parlamentaria. De hecho, el partido de ultraderecha ha bloqueado sistemáticamente estos pronunciamientos desde que en 2019 llegara a las instituciones. Pero no solo Vox niega la violencia específica contra las mujeres. La exportavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, lo hace también en el libro autobiográfico que acaba de publicar.
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