El Gobierno y el PP han cerrado el acuerdo para renovar cuatro de los órganos constitucionales cuyo mandato estaba caducado: El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Una semana después de anunciarse que se reiniciaban las negociaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han pactado los nombres que serán designados por el Congreso y el Senado en próximas sesiones. Quedan pendientes todavía los relevos en el Consejo General del Poder Judicial, gran escollo y donde las partes han acercado posiciones en las últimas horas.
El primer nombre en confirmarse ha sido el de Ángel Gabilondo como defensor del pueblo. El excandidato del PSOE en la Comunidad de Madrid y exministro de Educación es uno de los nombres que desde el principio estaba en primera línea para dirigir el órgano que se encarga de velar del cumplimiento de los derechos fundamentales en España. La Defensoría del Pueblo permanecía en funciones desde 2017, debido al cambio de Gobierno y la posterior negativa del PP para alcanzar un acuerdo que permitiese la renovación. Para que la designación salga adelante es necesario el aval del Congreso y el Senado con una mayoría de cualificada de tres quintos.
El presidente del PP, Pablo Casado, ya dijo el pasado lunes en una entrevista en Onda Cero que la designación del defensor del pueblo le corresponde al partido que tiene más representación en el Congreso. Gabilondo lo ocupará durante cinco años.
Los nombramientos se harán efectivos, según lo anunciado por las partes, en la semana del 10 de noviembre. En cuanto al Poder Judicial, las negociaciones que ya estaban en marcha se retomarán el próximo lunes.
Renovación del Tribunal Constitucional y del de Cuentas
Las partes también han pactado la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional, los cuatro que tienen que designar Congreso (2) y Senado (2), y cuyo mandato caducó en 2019, incluido el presidente, Juan José González Rivas, y la vicepresidenta, Encarnación Roca.
El Gobierno de coalición y el PP han cerrado los nombres que ocuparán estos asientos: Enrique Arnaldo Alcubilla (letrado de las Cortes Generales), Concha Espejel Jorquera (presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), Inmaculada Montalbán Huertas (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), Juan Ramón Sáez Valcárcel (magistrado de la Audiencia Nacional).
También se han pactado los nombramientos del Tribunal de Cuentas. Los nombres que lo compondrán serán: Enriqueta Chicano Jávega (actual consejera del Tribunal de Cuentas), Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM), Dolores Genaro Moya (consejera del Tribunal de Cuentas), Elena Hernáez Salguero (expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid), Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo), Rebeca Laliga (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia), José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil), Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona), Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada), Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya), María Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona), Miguel Ángel Torres Morato (actual fiscal jefe del Tribunal de Cuentas).
En cuanto a la Agencia de Protección de Datos, la directora será Belén Cardona Rubert, catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, mientras su adjunto será Borja Adsuara Varela, abogado y consultor en derecho digital.
El PSOE espera que sea “un primer paso” para renovar el CGPJ
El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ha asegurado en una rueda de prensa pasadas las nueve de la noche que su partido espera que este “sea un primer paso para otros acuerdos en otros órganos y que mejoren la realidad de nuestro país”.
Ahora queda pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Gómez ha asegurado que su “propósito” es “alcanzar un acuerdo lo antes posible”. “Nos vamos a emplear en poner punto final a la anomalía institucional provocada por la no renovación del Consejo”, ha dicho.
Gómez también ha defendido que el acuerdo lo ha negociado Bolaños en nombre del Gobierno de coalición al completo. “Los que no han participado, no han participado. Pero sí ha existido interlocución del PSOE con Unidas Podemos”, ha concluido
PP: “Podemos no ha formado parte del acuerdo”
Después ha comparecido la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien ha negado la participación de Unidas Podemos en el proceso. “Las negociaciones del PP han sido con el PSOE”, ha dicho.
Sin embargo, el candidato al Constitucional Juan Ramon Saez fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida. También Patricia Bárcena, segunda adjunta al Defensor del Pueblo, que hasta ahora era presidenta de CEAR Euskadi y vicedecana colegio de abogados de Vizcaya es del ámbito de Unidas Podemos. En el Tribunal de Cuentas la representación será la de Luis Antonio Ortiz de Mendivil.
“Nos damos por satisfechos con el acuerdo”, ha sostenido Gamarra, quien ha dicho que se ha cumplido “el compromiso que Pablo Casado asumió de que los candidatos fueran perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio”, pese a que entre los nombramientos aparecen Concepción Espejel, quien fuera apartada por su afinidad con el PP del tribunal que iba a juzgar la pieza del caso Gürtel cuya sentencia terminó con el Gobierno de Mariano Rajoy, o Enrique Arnaldo, que aparece en el sumario del caso Lezo, en concreto como parte de las maniobras para colocar jueces y fiscales afines que favoreciesen la exculpación del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso del supuesto regalo de un ático de lujo en la localidad malagueña de Estepona.
Enriqueta Chicano Jávega. Licenciada en Derecho, ha desempeñado toda su vida profesional en el servicio público. En 2012 fue nombrada consejera del Tribunal de Cuentas a propuesta del PSOE y repite en la nueva composición pactada este jueves por el Gobierno y el PP. Formuló un voto concurrente —la forma de expresar discrepancia con la argumentación aunque se comparta la resolución— al informe de fiscalización del que deriva la causa en la que el órgano fiscalizador exige 5,4 millones de euros a los 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Catalunya.
Isabel Fernández Torres. Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. Tras pasar por la empresa privada dirigiendo un departamento de Asesoría Jurídica (2003-2004), lleva casi dos décadas dedicada en exclusiva a la labor docente e investigadora.
Dolores Genaro Moya. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada, también repite como consejera a propuesta del PSOE. Es experta en la financiación y el control externo de los partidos políticos y el control del Sistema de Seguridad Social. Fue la única consejera que formuló un voto particular al informe que cuestiona la acción exterior del procés al considerar que el órgano fiscalizador al observar en ese documento tintes ideológicos ajenos a la labor del tribunal.
Joan Mauri Majós. Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, donde da clases desde la década de los noventa. Ha impartido docencia teórica y práctica en los grados de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas y de la Administración, Gestión y Administración Pública y Relaciones Laborales. Ha ocupado varios puestos en las administraciones públicas: en la Diputación de Barcelona como coordinador de régimen interior (1988-1991), director de la Escuela de Policía de Catalunya (2004-2006) y finalmente secretario general de Justicia de la Generalitat de Catalunya (2006-2007). Este último puesto lo ostentó durante los dos primeros años de Govern del socialista José Montilla.
Javier Morillas. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo-CEU. Fue profesor de la Escuela Diplomática durante una década, entre 1995 y 2005 y vocal asesor de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, así como de la Consejería de Empleo y Formación de dicha Comunidad, 2006-2011.
Miguel Ángel Torres Morato. Desde 2015 era fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, donde fue nombrado por Consuelo Madrigal. Ingresó en la carrera fiscal en 1982 y ha pasado desde entonces por las fiscalías de Barcelona, Madrid y el Tribunal Supremo.
Elena Hernáez Salguero. Expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid.
Rebeca Laliga. Subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia.
José Manuel Otero Lastres. Catedrático de Derecho Mercantil.
Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla. Abogado del Colegio de Vizcaya.
Mª Luz Rodríguez Rodríguez. Gerente tributaria de la Diputación de Barcelona.
Diego Íñiguez Hernández. Magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo.