El Gobierno prepara una propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para llevar a la mesa del diálogo social y aprobarla el próximo mes de septiembre para su entrada inmediata en vigor. Los trabajos están avanzados, aunque no finalizados, después de que los buenos datos del empleo en los últimos meses, con una afiliación a la Seguridad Social que ya iguala a la que había antes de la pandemia, hayan tumbado las últimas resistencias a incrementar el indicador en la senda de lo marcado por el acuerdo de Gobierno.
“Los datos económicos nos están acompañando, el Gobierno estudiará esa posibilidad”, aseguró este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuentes del Ministerio de Trabajo han confirmado que se está estudiando una propuesta para presentar a sindicatos y patronal, aunque prefieren guardar la discreción sobre los detalles hasta que todo esté cerrado. Los representantes de los trabajadores ya han anunciado sobradamente su apoyo a la medida, mientras la CEOE ha mostrado su desacuerdo.
La opinión de los agentes sociales es, en todo caso, nada más que eso. Su opinión. La decisión es del Gobierno, que ha vivido una dura pugna en su interior ya desde finales de 2020, cuando la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mostraron su desacuerdo en público sobre qué hacer con el indicador. Calviño apostaba por congelarlo, mientras Díaz quería negociar un incremento.
El acuerdo de coalición marcaba una senda de aumento que dejara el SMI al final de la legislatura en el 60% del sueldo medio, tal y como establece la Carta Social Europea. Para definir exactamente ese salario medio, el Ejecutivo convocó un grupo de expertos que emitió su dictamen el pasado junio. El Gobierno optó entonces por prorrogar el SMI de 2020, en lugar de congelarlo, para dar así tiempo al comité a finalizar sus trabajos.
Los 12 especialistas concluyeron que, para cumplir con su compromiso, el Gobierno debía fijar en 2023 el SMI entre los 1.011 y los 1.049 euros en 14 pagas. Y proponían una subida para este 2021 de entre el 1,3% y el 2% sobre los 950 euros actuales, entre 12 y 19 euros por paga.
Pese al contenido del informe, la parte socialista del Gobierno se resistía a aprobar una subida del SMI este año y planteaba subsumirla en la de 2022, con la justificación de no entorpecer la creación de empleo y la salida de la crisis provocada por la pandemia. En Trabajo, con Díaz ya como vicepresidenta tras la salida de Pablo Iglesias, mantenían su intención de aprobar una subida este mismo ejercicio.
Pero los datos económicos y, especialmente los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, han terminado de decantar la balanza del lado de Díaz. El empleo rozó en julio los 20 millones de personas, mientras el paro se anotaba otra bajada histórica, a la vez que se aceleraba la salida de trabajadores de los ERTE.
En mitad de la pugna, la última Encuesta de Condiciones de Vida señaló que el año en que se subió el SMI un 22,3% se redujo la desigualdad y la pobreza laboral. Díaz, además, contaba con el apoyo de los sindicatos, tanto de CCOO como de la UGT. “El Gobierno no puede pretender que nos sentemos a negociar sólo cuando él quiere. Se tiene que sentar para ver qué pensamos en relación con el SMI. Tenemos que llegar a una acuerdo para llegar a esa senda del 60% del salario medio, que serían unos 1.100 euros”, dijeron también en julio.
A finales de ese mismo mes, Nadia Calviño dio las primeras pistas de que la posición de Yolanda Díaz podía triunfar dentro del Ejecutivo. “En septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento”, dijo la vicepresidenta primera, lejos ya de su rechazo frontal a la decisión. La semana pasada daba otro paso al mostrarse confiada en poder “recuperar la senda del aumento” del SMI cuanto antes.
Ese momento ha llegado y se resolverá en los próximos días. Un incremento de hasta 20 euros en septiembre se aplicaría a lo que resta de año, ya que la subida no tiene carácter retroactivo. Casi sin solución de continuidad el Gobierno, debe plantear a los agentes sociales también la senda de incremento del SMI para 2022 y 2023 y situarlo en lo que recomiendan las instituciones europeas.