“Se deja tiempo para que lo que hace tiempo parecía imposible, ahora no lo parezca”. Con esta frase un diputado del Partido Popular explica la estrategia gubernamental de dos requerimientos al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que renuncie a la declaración unilateral de independencia de Catalunya. Esta fórmula facilita el tiempo necesario para justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución ante la actitud de “deliberada confusión” de los independentistas.
Tanto oficialmente como extraoficialmente el Gobierno insiste en la “prudencia en los tiempos” para no correr en la aplicación de un mecanismo constitucional inédito en el periodo democrático. Desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy se repite en las principales cancillerías que Puigdemont no ha aceptado de momento la invitación al diálogo en el Congreso, mientras que se le dan oportunidades para enmendar unas actuaciones –tanto el referéndum como su Ley y la de transitoriedad– que la mayoría de los países han reconocido como ilegales.
Tanto desde Moncloa como desde el Partido Popular se argumenta que es la Generalitat en su negativa a “la restauración de la legalidad” quien fuerza al Gobierno a activar la maquinaria constitucional del artículo 155. “Quién se carga la autonomía es el señor Puigdemont, quién está en contra del autogobierno son los independentistas”, insisten.
El PSOE no oculta que va a ir de la mano del Gobierno en su respuesta al desafío independentista. El discurso de los dos grandes partidos es prácticamente idéntico. Los socialistas también señalan a Puigdemont como el responsable de la activación de artículo 155: “Está en su mano”, dijo el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, sobre su puesta en marcha. Los socialistas consideran que con la “no respuesta” que dio el presidente catalán al requerimiento del Gobierno deja el camino expedito para que se ejecute salvo que de aquí al jueves Puigdemont rectifique o convoque elecciones en Catalunya.
“Recuperar el autogobierno”
También comparten argumento a la hora de justificar la aplicación del 155 como fórmula de recuperar la autonomía de Catalunya. “Es evidente que al final tiene que haber elecciones en Catalunya. Será una forma de que el pueblo catalán recupere el control de su autogobierno –expresó Puente porque en el PSOE están convencidos de que los comicios son la única salida a la crisis–. Pero antes hay que hacer otras cosas y el 155 va a permitir recuperar el autogobierno catalán en el corto, en el medio y en el largo plazo si es que al final es necesario aplicarlo”.
Aunque el presidente del Gobierno reitera en su carta a Puigdemont que la “situación de incertidumbre solo favorece a aquellos que pretenden liquidar la convivencia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Catalunya”, en su Ejecutivo admitieron que la indecisión también pasa factura a los dirigentes del PDeCAT ante sus socios de ERC y la CUP.
La tensión entre los partidos independentistas es patente ante la falta de definición del president de la Generalitat. De hecho, son los dirigentes de la izquierda radical los que coinciden con Rajoy a la hora de pedir “claridad política” a Puigdemont. “La CUP está en su historia antisistema ante el horror del PDeCAT con la salida de empresas, mientras ERC se pone de perfil a la espera paciente de su momento, que serán las elecciones autonómicas”, apunta un dirigente popular. La salida de una firma como Codorníu de Catalunya ha sido un nuevo mazazo para el discurso independentista.
A pesar de estas divergencias en el escenario independentista, el Ejecutivo mantiene sus planes de ir hasta el final en la aplicación del artículo 155 si Puigdemont no rectifica. El Gobierno “tiene muy estudiado” cómo aplicaría el mecanismo constitucional para intervenir la autonomía hasta que se recupere el ordenamiento constitucional. El plan es conocido por Pedro Sánchez y su portavoz ha asegurado que todas las “medidas y plazos” que se pongan en marcha serán “consensuados y pactados”.
El 155, pactado
Aunque se guarda total mutismo sobre las medidas a tomar, uno de los planteamientos que se han estudiado en Moncloa es que de los 13 departamentos del Govern catalán solo sería necesario intervenir en un máximo de cinco y con diferente grado. Fuentes del PP han añadido que incluso se podría hacer en dos fases, aunque habría que convocar al Senado en cada ocasión.
En un primer momento se podrían intervenir los departamentos de Interior, Justicia y Territorio y Sostenibilidad (control de las infraestructuras) y posteriormente los departamentos de Economía y Presidencia, con mayor carga política, que están dirigidos por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y Carles Puigdemont, respectivamente.
En el PSOE se inclinan por que el paquete de medidas se ejecute de una sola vez: que el Consejo de Ministros las apruebe el viernes y se ratifiquen en el Pleno del Senado en los días siguientes. Fuentes de la dirección socialista admiten que sería “extraño” que Puigdemont siguiera siendo presidente de la Generalitat con la aplicación del 155 y reconocen que supondría la “sustitución” de unos “órganos de gobierno por otros”. “Esa es la consecuencia de aplicar el 155”, reconoce un alto mando de Ferraz.
Sea como sea, en el Gobierno admiten que la mayor preocupación es que pueda “haber movilizaciones en la calle, de ahí la dificultad de tomar decisiones alrededor del artículo 155”, tras la pésima imagen para el Gobierno que supusieron las cargas policiales durante el referéndum del 1 de octubre. Ese temor existe también en el PSOE, que no descarta que haya algún tipo de boicot en Catalunya a las órdenes del 155. “Hace falta alta política. Cualquier gesto porrero –dice un miembro de la dirección en referencia a las cargas policiales– puede aumentar la base independentista. Por eso hay que calibrar la respuesta”.