Se las prometían muy felices en el ministerio de Fomento el 18 de abril de 2007. El ex secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, Víctor Morlán, firmaba la adjudicación del tramo entre Congosto de Isuela y Arguis en la Autovía Mudéjar (A-23) por 30 millones menos de lo que se presupuestó en la licitación.
FCC Construcción, entonces propiedad de Esther Koplowitz, se llevó la contrata con una oferta a la baja: 42 millones para desarrollar una obra presupuestada con 69. El coste final de la carretera alcanzó los 61 millones de euros, un sobrecoste del 46% sobre el precio de adjudicación, según los datos proporcionados por el ministerio de Fomento a eldiario.es.
En los últimos tres años, el Gobierno de Rajoy pagó 200 millones de euros en sobrecostes de obra pública al grupo ACS -presidido por Florentino Pérez-, 126 millones a FCC y 67 millones a Acciona -propiedad de la familia Entrecanales-. Entre los tres colosos empresariales suman el 68% de todos los sobreprecios autorizados por el ministerio de Fomento desde diciembre de 2014.
Ante las preguntas de este medio, las constructoras ACS y Acciona han declinado realizar declaraciones a eldiario.es. Fuentes de Ferrovial responsabilizan a Fomento ya que, afirman, es “la dirección de obra la que solicita los complementarios y aprueba los modificados”. El grupo FCC, por su parte, asegura que “esos sobrecostes se han facturado exigiendo los requisitos exigidos por la ley”.
Esta diferencia entre el precio de adjudicación y el coste final había permanecido en secreto hasta ahora. Gracias a una solicitud de información de eldiario.es, el Gobierno ha desvelado los sobrecostes autorizados a partir de diciembre de 2014 en los que incurrieron 54 proyectos de obra pública adjudicados por el ministerio de Fomento entre 2007 y 2014. Las grandes constructoras, las más beneficiadas.
Si sumamos la constructura Ferrovial a ACS, FCC y Acciona, además de las uniones de empresas en las que participan, los cuatro grupos empresariales estarían presentes en el 84% de los sobrecostes admitidos por el Ejecutivo de Rajoy. Una representación de cómo se ha repartido el mercado de obra pública en España en los últimos 20 años.
Diez constructoras se llevan siete de cada diez euros en contratos de obra pública en España desde 2009, según reveló la investigación '¿Quién cobra la obra?', de la Fundación Civio. Los datos de la investigación señalan también a ACS, Acciona y FCC como las constructoras con más contratos de las administraciones públicas.
Precisamente, varias de estas compañías han sido señaladas en distintos casos de corrupción por pago de comisiones o donaciones irregulares a partidos políticos. Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, confirmó que recibió una mordida de 150.000 euros de la constructora FCC y del pago en billetes de 500 euros por la adjudicación del circuito al grupo empresarial.
Fuentes de FCC explican a eldiario.es que los sobrecostes en los que incurrió la constructora “tienen su origen en circunstancias no previstas en el proyecto inicial de obra”: obras adicionales solicitadas por Fomento, imprevistos durante la ejecución o variaciones sobre el proyecto inicial. Sin embargo, afirman que todas las modificaciones se facturaron cumpliendo con los “requisitos establecidos por la ley”.
ACS, la constructora de Florentino Pérez, también ha sido mencionada por financiar al PP con dinero negro. Francisco Correa, condenado a 51 años por el caso Gürtel, señaló a ACS, OHL y Dragados (hoy filial de ACS) como las mayores donantes del partido a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Los datos del ministerio de Fomento analizados por eldiario.es revelan que el grupo ACS promedió sobrecostes del 39% en sus licitaciones. Solo en el puente de Cádiz, adjudicado a filiales de la compañía, se permitieron sobrecostes por 156 millones de euros en los últimos tres años. Un aumento del 57% sobre el precio de adjudicación.
Los sobrecostes de las obras adjudicadas a FCC -en solitario- fueron del 28% y las de Acciona llegaron al 26% del precio de adjudicación. El ránking lo lidera la unión entre Acciona e Izel, que sumó sobrecostes de hasta el 54% del precio.
Una sentencia judicial obligó al Ejecutivo de Rajoy a revelar estos sobreprecios en las obras adjudicadas por el ministerio de Fomento tras una solicitud de información de eldiario.es a través del Portal de Transparencia. En virtud de esta resolución judicial, Fomento remitió a este medio un listado de modificados, obras complementarias y otros costes adicionales de las obras adjudicadas por el departamento.
La información proporcionada por el ministerio, sin embargo, solo se refiere a las modificaciones producidas a partir del 10 de diciembre de 2014 de las Direcciones Generales de Carreteras, Ferrocarriles (extinta) y Arquitectura Vivienda y Suelo. De esta manera, el Gobierno siguió ocultando los sobreprecios de las obras adjudicadas por los organismos dependientes de Fomento: Aena, ADIF o Renfe, entre otros.