El Gobierno se reafirma en que el estado de alarma fue “imprescindible” y muestra “sorpresa” por el fallo del Constitucional

El Gobierno acata la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el decreto de estado de alarma con el que estableció el confinamiento severo para frenar la pandemia de la COVID-19 el pasado 14 de marzo, pero no oculta su malestar por el fallo “inédito” que considera una decisión “sin precedentes”. De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se reafirma en que esa herramienta constitucional fue el mecanismo con el que se frenó la propagación del coronavirus y, por tanto, se pudo salvar vidas y recuerda que en los países del entorno se usaron mecanismos similares mientras que el Constitucional estima que debería haberse optado por el estado de excepción.

“El Gobierno respeta la sentencia, aunque muestra su sorpresa por su carácter inédito y se reafirma en que aquel Real Decreto del Estado de Alarma era absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la Constitución y a la ley orgánica del Estado de Alarma”, señalan fuentes gubernamentales, que sostienen que “sin esta herramienta no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance”. El Gobierno decretó el estado de alarma el 14 de marzo ante la irrupción de la pandemia en España -tres días después de que la OMS le diera esa calificación a nivel mundial-.

Esas fuentes sostienen que en Moncloa aún no han tenido tiempo de leer la sentencia y que la estudiarán detenidamente. No obstante, apuntan al “debate interno” en el seno del alto tribunal dado que la decisión se ha adoptado por un estrecho margen de diferencia: un voto. El Tribunal Constitucional es uno de los órganos pendientes de renovación.

El Gobierno apunta, igualmente, a que el fallo responde a un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox y recuerda que la formación de extrema derecha se posicionó a favor del estado de alarma la primera vez que se votó en el Congreso, aunque en las sucesivas prórrogas se descolgó.

Pasadas las 19:30 horas, la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, ha comparecido en Moncloa para trasladar la posición sobre el fallo que, según ha dicho, “el Gobierno respeta pero no comparte” porque el confinamiento impuesto con el estado de alarma “permitió salvar cientos de miles de vidas”. “El deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas ante la propagación de un virus desconocido”, ha dicho Llop, que ha asegurado que fue “el confinamiento y la conducta ejemplar de los españoles lo que permitió frenar al virus”.

El 14 de marzo de 2020 el Consejo de Ministros decretó el estado de alarma para confinar a la población ante el incremento de los contagios de COVI-19. En aquel momento el número de casos notificados a nivel nacional ascendía a 5.753 (12,23 casos por 100.000 habitantes) y se cuantificaban 136 fallecidos y 293 ingresados en la UCI. Las cifras se multiplicaron exponencialmente en los días siguientes hasta alcanzar el pico de la curva unos días después en los que los hospitales estuvieron al borde del colapso. El Congreso avaló todas las prórrogas del estado de alarma hasta el mes de junio, aunque las restricciones empezaron a moderarse en mayo, con las primeras salidas para dar paseos y hacer deporte.

En otoño, el Gobierno volvió a decretar el estado de alarma para controlar las siguientes oleadas con restricciones (como cierres perimetrales, limitaciones en las reuniones sociales o toques de queda) que podían modularse en función de la evolución de la pandemia. El 9 de mayo de 2021 decayó de forma definitiva y Sánchez descartó activar esa herramienta constitucional de nuevo, a pesar de la presión de comunidades y grupos parlamentarios. En Moncloa consideraban que la recta final de la pandemia puede afrontarse con los mecanismos existentes en la legislación ordinaria y con aval judicial. Sin embargo, algunos tribunales han tumbado restricciones como el toque de queda.