El Gobierno rechaza dar explicaciones sobre el supuesto espionaje a líderes independentistas, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a través de un software que está solo disponible para gobiernos bajo la premisa de que es un asunto de seguridad nacional. La portavoz, Isabel Rodríguez, se ha esforzado por desvincular al Ejecutivo de ese espionaje y ha asegurado que cualquier actuación de este tipo está amparada legalmente por un mandato judicial. “España es un estado democrático y de derecho pleno. Cualquier limitación de los derechos fundamentales requiere de una decisión judicial motivada”, ha asegurado la ministra socialista, aunque desde Moncloa evitan decir si ha habido una autorización expresa para investigar a 65 personas (dirigentes soberanistas, sus abogados o familiares) cuyos terminales fueron infectados entre 2018 y 2020 por el sistema israelí de ciberespionaje Pegasus, según ha desvelado Citizen Lab.
“Es muy importante comprender que estamos en un contexto de seguridad nacional donde por ley hay asuntos que deben ser tratados de manera secreta”, ha agregado Rodríguez: “Nos atenemos a la ley”. A pesar de la falta de explicaciones, la portavoz sostiene que el “Gobierno no tiene absolutamente nada que ocultar”. Tampoco ha querido aclarar si el CNI emplea Pegasus dado que el Ministerio del Interior niega usar los servicios de la empresa proveedora. “Cuando se plantean este tipo de preguntas hay asuntos que, porque tratan de la seguridad nacional, de la seguridad de todos nosotros, están protegidos por ley y son materias clasificadas asuntos secretos sobre los cuales no puedo darles cuenta. Me lo prohíbe la ley”, ha despegado Rodríguez, que ha señalado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá en el Congreso. No obstante, desde su departamento aseguran que el motivo de la solicitud es explicar la Brújula Estratégica aprobada en la última reunión de la UE.
“Este es un país democrático y de derecho. No se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley y del derecho. Por tanto, absoluta garantía con que el estado funciona y la democracia es plena”, ha agregado Rodríguez, que ha asegurado que el Gobierno “colaborará al máximo con la justicia en la investigación de estos hechos” si es que llegan a los tribunales y los jueces solicitan información al Ejecutivo.
En Moncloa ignoran la petición de una investigación interna que ha hecho Unidas Podemos, que ha advertido de que tienen que “rodar cabezas”. Fuentes del ala socialista sostienen que en la coalición no hay problemas con este asunto ya que enmarcan el enfado del socio minoritario en el grupo parlamentario. Tampoco consideran que el escándalo vaya a poner en riesgo el Gobierno de Pedro Sánchez por la pérdida de confianza de sus aliados parlamentarios, especialmente ERC y Bildu, que son los principales afectados por ese espionaje. También el PNV ha reclamado luz sobre el asunto. Fuentes gubernamentales aseguran que no afectará a la relación con la Generalitat con la que sostienen que están en “contacto permanente” sugiriendo que también sobre este asunto. “Seguimos avanzando”, señalan en Moncloa sobre la 'Agenda del reencuentro' que puso sobre la mesa de diálogo, que lleva sin reunirse desde septiembre.
“Este Gobierno ha dado muestras de querer superar el conflicto político, llevarlo precisamente a ese ámbito político para sacarlo del ámbito de la justicia. Han sido determinantes las acciones de este Gobierno, el compromiso de este Gobierno, para devolver tranquilidad a la convivencia y a la ciudadana catalana. Es un hecho constatable, es un hecho evidente: hoy Catalunya no es la Catalunya de 2019 ni de 2017”, ha expresado Rodríguez.