El Gobierno reclama al resto de grupos parlamentarios que den un “paso adelante” para aprobar la ley de memoria democrática en un momento en el que las alianzas parlamentarias se le han puesto complicadas ante la distinta posición con sus socios habituales, especialmente con ERC, que ve imprescindible la derogación de al menos parte de la Ley de Amnistía de 1977 para que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados. “Ya llegamos tarde”, ha expresado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una comparecencia en el Senado en la que ha tendido la mano especialmente a ERC.
“Hablemos, dialoguemos y busquemos enmiendas, transacciones y un punto de equilibrio que permita que España avance y se dignifique. Les pido a todos los grupos y, en particular a [Josep María] Reniu que abramos un momento de diálogo”, le ha dicho Bolaños al portavoz republicano en la Cámara Alta al que ha trasladado que el Gobierno y ERC “coinciden en la finalidad” última de la ley de memoria para que “el derecho internacional y los principios de justicia, verdad y reparación se cumplan, que España deje de ser anomalía”.
El principal escollo de la ley de memoria, que está en tramitación en el Congreso, es la forma en la que abordar las investigaciones del franquismo. “Un elemento central sería la derogación al menos parcial de la ley de amnistía que sirvió para cerrar la puerta a las investigaciones de los crímenes franquistas”, le ha advertido Reniu, que también ha reclamado que las sentencias de la dictadura no solo sean nulas sino que se declaren ilegales. “El régimen franquista era ilegal. Si no se es capaz de asumir ese escenario cualquier otra consideración caerá en saco roto”, ha avisado el portavoz republicano, que también considera que se deben aumentar las indemnizaciones a las víctimas que “hasta ahora han sido limitadas”.
El Gobierno ve margen para el entendimiento respecto al concepto de ilegalidad de la dictadura y recuerda que ya se han realizado resarcimientos económicos por parte del Estado. Sin embargo, los socialistas cierran la puerta a modificar la Ley de Amnistía. De hecho, en el seno de la coalición hay discrepancias sobre cómo interpretar la enmienda que PSOE y Unidas Podemos pactaron como guiño al resto de partidos de izquierdas en la que califican de “no amnistiables” los crímenes de guerra, de lesa humanidad o las torturas.
Bolaños explicó este jueves que la enmienda no modifica nada respecto a la normativa vigente al asegurar que esa consideración ya está recogida en el Código Penal desde que España se adhirió al Protocolo de Roma. Fuentes del ala socialista explican que la enmienda buscaba “clarificar” en una ley esa realidad legal y recuerdan que no se puede juzgar con la legislación actual delitos que no estaban recogidos en el ordenamiento jurídico del pasado.
“Lo que ha habido ha sido una enmienda que en absoluto afecta la Ley de Amnistía y que, como todos sabemos, este país cumple con todos los convenios internacionales”, ha señalado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press.
El secretario de Estado de la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, que ha sido el negociador de esa enmienda por parte del grupo confederal, ha acusado a Bolaños de “confundir” con sus explicaciones. En una entrevista en RNE, ha explicado que cuando hablan de acabar con la impunidad no se refiere a “meter a nadie en la cárcel” porque ha transcurrido el tiempo y hay muchas formas de hacer justicia. Para Santiago, las víctimas necesitan que haya una “verdad judicial” y “mecanismos de reparación”. “Eso es justicia, eso es acabar con la impunidad y creo que no se esta explicando correctamente”, ha zanjado, informa Europa Press.
En su comparecencia en el Senado, Bolaños ha señalado la ley de memoria como una de las prioridades de su departamento. Fuera de la Cámara Alta, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se lo ha reprochado. “Es acojonante que con la situación del país el Gobierno esté en ley de Amnistía”, ha afirmado.
En el debate parlamentario, la portavoz Amelia Salanueva, ha asegurado que la ley “no trata igual a todas las víctimas”. “No reconoce a las víctimas de la República [ha dicho, a pesar de que el ministro ha señalado que pretende reconocer a las víctimas de los ”dos bandos], ni la de las de ETA, manipula la historia y pretende deslegitimar a la derecha identificándola con el franquismo“. ”Sectarismo en estado puro y forma directa de cuestionar la Transición y la Constitución“, ha reprochado la senadora conservadora, que ha asegurado que la enmienda pactada por los socios de la coalición es ”un espantajo“ y una ”barbaridad jurídica“.
El PP se ha quejado de que no ha habido turno de réplica en la comisión constitucional acusa. “Les molesta el Parlamento y la oposición”, ha dicho Salanueva al ministro, a pesar de que la decisión la habían tomado todos los portavoces a excepción del PP, según ha explicado el presidente.