El Gobierno ha reconocido que no existe, “ni nunca ha existido en España”, un protocolo que detalle los procesos a seguir para la vigilancia de las armas que vende la industria de armamento una vez que estas llegan a su destino. Cuando las armas españolas atraviesan las fronteras es imposible su fiscalización: no hay ningún organismo encargado de controlar cuál es su verdadero destino final, ni mecanismos de alarma sobre el posible uso ilegal del material ni, por tanto, una manera reglada y efectiva de comprobar si el Gobierno ha cumplido la ley al autorizar su exportación.
Así lo ha reconocido el Ministerio de Defensa ante una petición de eldiario.es para acceder a ese documento. Fuentes del departamento que dirige María Dolores de Cospedal han explicado que existe “un grupo de trabajo” creado recientemente con la misión de “elaborar un protocolo que detalle esa vigilancia” y aumentar así “la transparencia”. El objetivo, informan las mismas fuentes, es “tenerlo listo cuanto antes”.
El Gobierno admite así que no tiene un método oficial para controlar exportaciones como la que firman este jueves el presidente Mariano Rajoy y el rey Felipe VI con el príncipe saudí Mohamed bin Salman. Navantia construirá cinco corbetas y ayudará a la monarquía absolutista a desarrollar un puerto desde el que operarlas a cambio de 2.000 millones de euros.
Esta falta de un protocolo de vigilancia choca con la realidad de la industria de armamento nacional, que ha convertido a España en el séptimo país exportador de armas del mundo. Arabia Saudí, que según los datos de la ONU ha desatado con sus bombardeos sobre Yemen la mayor catástrofe humanitaria que se vive en este momento en el mundo, es uno de los socios habituales de la industria de armamento española: 728,5 millones de euros exportados entre 2015 y junio de 2017.
En España, la misión de aprobar o denegar cada exportación de armas recae en la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), dependiente del Gobierno. Las actas de sus reuniones son secretas, aunque los resultados de sus dictámenes pueden comprobarse en los resúmenes de material de defensa exportado que el Gobierno debe trasladar al Congreso cada año.
El porcentaje de denegaciones de la JIMDDU no suele superar el 1%. Ello contrasta con la prohibición expresa presente en la Ley española de comercio de armas de autorizar las exportaciones “cuando existan indicios racionales” de que las armas puedan “ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”.
Sin un protocolo de control, ¿qué hace el Gobierno para supervisar que el uso de las armas que salen de España incumpla la ley? Según las ONG que llevan años denunciando el comercio ilegítimo de armamento, se fía de la palabra del país receptor. Así lo ha hecho en las anteriores exportaciones a Arabia Saudí, que además de liderar la coalición que viola el derecho internacional con sus bombardeos sobre Yemen (donde se han encontrado armas españolas), también está acusada de violar los derechos humanos de sus ciudadanos. El Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembros que embarguen la venta de armas al país. Alemania, Suecia, Noruega o Bélgica ya han tomado esa decisión, pero no España.
Un sector respaldado por el Estado
La dejadez política para desarrollar un protocolo de vigilancia en destino de las exportaciones de armas se suma a otras facilidades que los distintos Gobiernos del PP y el PSOE han dado a la industria de defensa, que de 2006 a 2015 multiplicó sus ventas al exterior un 400%. El sector ganó esa relevancia internacional gracias a las política de ayudas para la investigación y desarrollo de nuevo armamento, sumado a las compras de material por parte del Estado.
Actualmente la deuda en armamento española asciende a unos 22.000 millones de euros, aunque Cospedal ya ha anunciado su intención de iniciar “un nuevo ciclo inversor”. No obstante, en el desarrollo del sector predomina la figura de su antecesor al frente de Defensa, Pedro Morenés. Hoy embajador en Washington, Morenés ha pasado gran parte de su carrera saltando entre la administración y la dirección de las empresas de armamento. Como ministro, en vez de impulsar una reconversión industrial, otorgó incentivos públicos para que las pequeñas empresas se uniesen y aspirasen a los grandes contratos internacionales.
Actualmente, el sector de las armas español solo está por detrás de las súper potencias militares mundiales (EEUU, Rusia y China) y los grandes productores europeos (Reino Unido, Alemania y Francia).