La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha anunciado este martes tras en Consejo de Ministros que el ministerio de Igualdad interpondrá dos recursos de inconstitucionalidad contra la Comunidad de Madrid por los recortes de derechos las leyes LGTBI. “Desde el momento que se interponen esos recursos las leyes afectadas quedan paralizadas”, ha señalado la portavoz.
El anuncio se produce conjuntamente con la declaración institucional que ha aprobado el Gobierno, esencialmente con el ministerio de Igualdad, con motivo el día internacional del orgullo LGTBI del próximo 28 de junio.
El pasado diciembre, la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid eliminó de la ley trans regional (aprobada en 2016) el concepto identidad de género, se marcó que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicitó que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serían muestra de discriminación. En educación se eliminaron los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.
En el artículo 23 de la ley de 2016, aprobada con consenso incluso con los votos del PP, se especificaba que debía respetarse “la imagen física del alumnado trans” y de la “libre elección de su indumentaria”. Pero en su modificación el equipo de Ayuso añadió una condición que trata de ponerle fin: “Sin menoscabo del debido respeto al resto de alumnos y las normas del centro educativo”.
La norma anterior recogía el derecho de las personas trans a acceder a “las instalaciones” de los centros educativos “de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios”. Con la modificación del PP se reescribió: “Si realizan actividades diferenciadas por sexo, se garantizarán las necesidades del alumno transexual, sin menoscabo de los derechos y la intimidad de los demás alumnos, especialmente de las chicas”.
En el caso de la ley ante la LGTBIfobia (aprobada también por consenso en 2016) se retocaron aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma fue el ámbito educativo, que concentró cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que atajaba el acoso escolar. En concreto, se eliminó el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI sale de los currículos en los centros educativos. Tampoco medios de comunicación públicos, es decir Telemadrid y Onda Madrid, tienen que contribuir a dar visibilidad a la diversidad sexual desde la aprobación de la reforma.
“Este gobierno considera que los derechos de las personas trans no pueden esperar y se debe garantizar que se lleven a cabo en todo el territorio”, ha comenzado a explicar la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha asegurado que “las disposiciones de la Comunidad de Madrid son una limitación de derechos en el reconocimiento trans y LGBTI”. “Las comunidades autónomas deberían haber ampliado los derechos de la ley estatal, sin embargo, las de la Comunidad de Madrid son claramente regresivas, los limitan y vulneran”.
Cuatro motivos para la inconstitucionalidad
Los recursos del Gobierno ante el constitucional se fundamentan en cuatro motivos que ha desarrollado la ministra Igualdad. Primero, el Gobierno impugnará “la excepción que se hace de la prohibición absoluta de las terapias de conversión que, permitiendo la evaluación psicológica o psiquiátrica, a menudo son formas encubiertas de pseudoterapias”.
Segundo, la patologización que se hace de los menores trans y las condiciones para que estos puedan comenzar el tratamiento de transición. Tercero, se va a recurrir la “contraposición discriminatoria” que hace la ley de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos “sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres”.
Por último, el Gobierno también considera que la norma de la Comunidad de Madrid invade las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos.
Además, Redondo ha asegurado que “no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid” y que la suspensión supondría la prohibición de las terapias de conversión y que los menores que no necesiten ni un informe médico favorable, ni un acompañamiento psicológico o psiquiátrico, para acceder a un tratamiento farmacológico.