El Consejo de Ministros ha acordado presentar tres recursos ante el Tribunal Constitucional contra tres leyes autonómicas catalanas, entre ellas la ley de hacienda y protección social, que pretendía ser el embrión de una hipotética seguridad social catalana tras la independencia.
Así lo ha avanzado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha adelantado que las otras dos leyes impugnadas son la ley catalana de derecho a la vivienda, por afectar a las competencias del Estado, así como la ley de voluntades digitales.
En este último caso, el Estado solicitó una reunión previa de la comisión bilateral con la Generalitat para solventar el contencioso, a la que el Gobierno catalán no respondió.
Méndez de Vigo ha explicado que, cuando hay una discrepancia por la aplicación de una norma autonómica, existe ese trámite previo de consultas antes de la presentación del recurso de inconstitucionalidad.
“No hubo respuesta, y el Gobierno entiende que no hay voluntad de acuerdo”, ha asegurado.