El Gobierno de España ha participado este martes en la recepción que la Embajada del Reino de Arabia Saudí en España ha organizado en el Hotel Intercontinental de Madrid con motivo de su festividad nacional. En representación del Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy han acudido el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Ambos han sido recibidos a su entrada, que han realizado por separado, por el embajador del país, el príncipe Mansour bin Khalid Al Farhan Al-Saud, para posteriormente atender a la televisión saudí. También el PSOE habían anunciado su presencia al incluir el acto en la agenda de Meritxell Batet, secretaria de Estudios y Programas de la ejecutiva socialista. Durante su estancia en la recepción, los ministros han podido disfrutar de un lujoso catering que la organización había dispuesto para los numerosos asistentes a la celebración, así como de actuaciones de danza típicas del país.
La presencia de los dos ministros en la recepción da muestra de las buenas relaciones que el Gobierno mantiene con este país, cuyo sistema de gobierno consiste en una monarquía absoluta que The Economist consideró en su informe Democracy Index 2010 el séptimo mayor gobierno autoritario del mundo. La ONG Freedom House lo considera un país “no libre”, dándole las peores calificaciones posibles en el informe que elaboran anualmente.
También pesan sobre Arabia Saudí acusaciones de violación de derechos humanos, así como el dudoso honor de ser el tercer país que más aplica la pena capital, por detrás de China e Irán. Según denuncia Amnistía Internacional, solo en los seis primeros meses del año 102 personas fueron ejecutadas tras ser declaradas culpables en juicios carentes de toda garantía procesal. Una cifra que aumenta hasta los 175 si se retrocede hasta agosto de 2014, la gran mayoría mediante la decapitación del condenado en un lugar público.
Ejecución y crucifixión
El último caso que ha suscitado una amplia condena internacional es la inminente ejecución de Ali Mohammed al Nimr, un joven chií de 21 años, que fue condenado a muerte por su actividad política y que ahora ha visto rechazada su última apelación. Al Nimr puede ser ejecutado en cualquier momento –decapitado con una espada–, pero ahí no acabará su castigo: su cuerpo sin vida será crucificado y expuesto en un lugar público.
El joven fue detenido en 2012 cuando tenía 17 años y acusado de participar en manifestaciones contra el Gobierno y de posesión de armas de fuego. Siempre negó la segunda acusación y denunció haber sido torturado.
Grupos de derechos humanos afirman que Al Nimr fue detenido por ser sobrino de un conocido clérigo chií que también fue detenido y condenado a muerte por su labor de oposición a la dictadura.
Armas utilizadas en crímenes de guerra
En julio de este año el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, calificó de “excelentes” las relaciones con el régimen tras recibir al viceministro de Exteriores saudí, Nizar Ben Obaid Madani. También la familia real se ha preocupado por mantener buenas relaciones con sus homólogos sauditas. En enero de este año el rey Felipe viajó a Riad (capital del país) acompañado del ministro de Defensa para expresar sus condolencias por el fallecimiento del rey Abdulá.
El interés de Morenés por mantener buenas relaciones con Arabia Saudí se basa en la cantidad de armas que nuestro país vende al régimen saudí. Solo en 2014 España la cifra alcanzó 292,9 millones de euros, como recoge el informe de la Secretaría de Estado de Comercio sobre estadísticas de exportación de material de defensa.
Amnistía Internacional cree que dicho material puede haber sido utilizado para cometer crímenes de guerra, pues “no existen mecanismos efectivos de control de las armas exportadas”. Arabia Saudí lidera una coalición militar para atacar Yemen, territorio sobre el que podría haber cometido flagrantes violaciones del derecho internacional así como crímenes de guerra. Solo entre junio y julio la ONG ha documentado 141 civiles muertos y 101 heridos, en su mayoría mujeres y niños. Los aviones saudíes han bombardeado mezquitas, hospitales y zonas residenciales en su ofensiva contra las milicias huzíes de confesión chií.
La ley española prohíbe al Gobierno autorizar la exportación de material de defensa a lugares donde pueda ser utilizado para la “represión interna” o la “violación de derechos humanos”. Varias organizaciones han pedido al gobierno que interrumpa el caudal de armas hacia Arabia Saudí, pero éste se justifica alegando que existen “garantías del uso final” de las mismas.
Arabia Saudí es el tercer mejor cliente de las empresas armamentísticas españolas, que controlan un 3% del mercado mundial, situándose en séptima posición de un ránking que lidera Estados Unidos. El régimen saudí adquiere un 10% de las exportaciones de material de defensa español, solo por detrás de Australia (24%) y empatada con Noruega (10%).
El AVE a La Meca
Un contrato por valor de 6.700 millones de euros es la otra gran obsesión de España en la península arábiga. La construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades santas de Medina y La Meca es el mayor contrato conseguido por un consorcio empresarial español en territorio extranjero.
Son doce empresas españolas, junto a dos saudíes, las que están contruyendo dicha infraestructura: Adif, Renfe, Ineco, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Indra, OHL y Talgo. Las obras no han estado libres de sobresaltos. El nombramiento en diciembre de 2014 de Abdullah bin Abdulrahman Al Muqbel como ministro de Transportes trajo consigo una misiva en la que amenazaba al consorcio español con retirarle el proyecto.
En noviembre de ese año había sido despedido de manera fulminante Rafael Valero, consejero delegado del consorcio. En diciembre se sumaron dos nuevas dimisiones, las de los técnicos Santiago Cobo, director del proyecto y vinculado a Adif, y Moisés Gilaberte (director ejecutivo de Proyectos en Ineco).
El carácter rudo de Al Muqbel, que llegó a exigir el cese de una alto cargo español y las “exigencias imposibles” por parte de los saudíes (como la instalación inmediata de una lanzadera entre Medina y la Ciudad Económica del Rey Abdulá) llevaron a la concesionaria a una situación límite.
La ministra Ana Pastor aseguró a principios de mayo que la construcción del AVE a La Meca “iba a buen ritmo”, que las obras no sufrirían retrasos y que estarían finalizadas en diciembre de 2016.