- La reforma: El aborto deja de ser un derecho y las mujeres solo podrán tener la última palabra en caso de violaciónEl aborto deja de ser un derecho y las mujeres solo podrán tener la última palabra en caso de violación
Desde el orden de los “sujetos a proteger” dentro del nombre oficial de la ley hasta la ampliación del número de exámenes médicos necesarios para que la mujer deje de tener la última palabra a la hora de abortar, pasando por su presentación como “víctima” en todo momento. Todos los cambios de la contrarreforma del aborto del Gobierno suponen un paso atrás para las mujeres. Pero Alberto Ruiz Gallardón no lo ve así. El ministro ha dicho que la nueva ley es una “apuesta por la libertad de la mujer” y un “avance histórico”. La vicepresidenta, que ha tutelado el texto final, no ha dicho nada. Decir que está tan cómoda “como lo estaba con la ley de 1985” no es mojarse precisamente.
Estos cambios no sólo “liberan” a las mujeres. Obligarlas a buscar las opiniones de dos especialistas “y que no tengan entre sí relación laboral” además del que practique finalmente la interrupción del embarazo no son un obstáculo sino una “garantía para ellas” y un “enriquecimiento”, según el ministro. También la regulación de la objeción de conciencia para los médicos que quieran negarse en la sanidad pública. Especialista en hablar a toda velocidad y de manera alambicada, Gallardón ha vendido todo como si fuera un paso adelante. Su mantra ha sido “la eliminación del reproche penal” y ha insistido hasta la extenuación en que la mujer es una “víctima a la que no se perseguirá” . Además, los continuos aplazamientos sobre el anuncio público del proyecto se han vendido como un cumplimiento del calendario.
El triunfo del nasciturus
nasciturusEn su defensa de los “derechos del nasciturus como proyecto de vida humano”, Gallardón ha explicado que la malformación grave del feto deja de ser un supuesto. Ahora, “la malformación incompatible con la vida”será un motivo siempre que alegue además que pone en peligro la salud mental de la mujer. Según el ministro, esto es un “equilibrio” entre los derechos de los dos porque hasta ahora “los plazos dejaban la única capacidad de decisión a la mujer sin necesidad de justificar el peligro”.
El otro tema candente, el registro de la sede del PP por policías enviados por el juez Pablo Ruz no ha merecido ningún comentario por parte de Sáenz de Santamaría más allá del “respeto por las decisiones judiciales”. La vicepresidenta se ha escudado en que “los jueces instruyen y el Gobierno gobierna” para esquivar el escándalo que azota a su partido mientras el juez rastrea el dinero negro.
Unidad en el Gobierno
Gallardón ha llegado a asegurar que la cuestión no ha provocado discusiones en el seno del Gobierno. “No ha habido ni una sola divergencia con el proyecto presentado por mi ministerio”, ha dicho. El proceso se ha llevado con tanto secretismo que se ha hecho a espaldas del partido y del grupo parlamentario. Mª Dolores de Cospedal decía el lunes que no lo conocía. Alfonso Alonso decía esperar que no fuera más restrictiva que la de 1985. A Soraya Sáenz de Santamaría se le ha preguntado dos veces “si se sentía cómoda con la redacción final” y ha evitado hablar claro pese a que ella ha tutelado el proyecto y se supone que limado de alguna forma porque el inicial iba más allá. Durante toda la rueda de prensa, ha estado casi hierática mientras hablaba Gallardón pero no perdía cuenta de algunas expresiones de asombro y comentarios entre los periodistas. Hasta hace poco y en privado, la vicepresidenta no tenía problemas en reconocer que lo único que no veía bien de la ley socialista era la falta de permiso de los padres con las menores.
Mientras Gallardón defendía su reforma, a las puertas del palacio de la Moncloa gritaban unas quince personas reclamando “aborto cero” con entusiasmo. Pero el hecho de que el “riesgo psíquico” pueda justificar una interrupción del embarazo tampoco contenta a los autodenominados “provida” ni a lo que esperaba la Conferencia Episcopal. Aun así, se han endurecido las normas. A partir de ahora ese riesgo para la salud psíquica de la mujer deberá probarse como “un menoscabo duradero aunque no irreversible”.