El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado hoy que el Gobierno analizará, a petición del ministro de Justicia, si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal. La decisión se produce después de la sentencia en el juicio de La Manada y tras la indignación social que ha causado la decisión de los jueces de no calificar los hechos como una delito de agresión sexual.
Con su decisión, Moncloa asume la teoría de que la decisión judicial es ajustada al marco legal y que si hubiera algún problema en la sentencia de La Manada no lo sería por la actuación de los jueces, sino por el marco jurídico al que se tienen que atener.
Según Méndez de Vigo, “la tipificación de estos delitos data de la época del Gobierno González”. Ahora, según el portavoz hay “una mayor concienciación hacia una tolerancia cero ante este tipo de situaciones”.
El Gobierno insinúa que la responsabilidad de los gobiernos de González en la tipificación de los delitos sexuales. Hasta en tres ocasiones ha querido el ministro portavoz recalcar la idea de que existe un código penal de 1995 con el que el PP parece no haber tenido desde entonces y hasta hoy relación alguna. Sin embargo, Méndez de Vigo olvida todas las veces que la mayoría del PP fue usada para reformar el código penal sin tocar esa parte del articulado.
La petición de Catalá se ha producido, según ha explicado el ministro portavoz, tras la sentencia de la Audiencia de Navarra que ha condenado a cada uno de los cinco jóvenes conocidos como La Manada a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual.
Méndez de Vigo asegura que el Gobierno de Rajoy “ha demostrado siempre una especial sensibilidad con las víctimas de la violencia de género” pero ha evitado valorar la sentencia: “El Gobierno respeta acata y no comenta”, ha asegurado.
El estudio de modificación de los delitos sexuales será abordado en los despachos del ministerio de Justicia, antes de ser propuesto como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Las declaraciones públicas realizadas por los principales líderes políticos de las diferentes formaciones dan a entender que un acuerdo político para cambiar la ley en ese punto, contaría con la aprobación de la mayoría de los portavoces.