El Gobierno y sus socios avanzan en la reforma de la ley mordaza pero aplazan el debate sobre el uso de pelotas de goma

PSOE y Unidas Podemos pactaron en su acuerdo de coalición aprobar “una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. La derogación de parte de esa norma que vio la luz durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el PP tenía mayoría absoluta, fue además uno de los principales compromisos que el Ejecutivo progresista adquirió con todos aquellos partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. En los últimos tres años, la promesa se ha ido repitiendo cada vez que se lograba cualquier pacto con los aliados parlamentarios.

Prácticamente en cada intervención pública en el Congreso de los Diputados, esos mismos socios, ERC, PNV, EH Bildu y PDeCAT, han presionado en los últimos meses al Gobierno para que materialice cuanto antes la derogación de la polémica ley. Al mismo tiempo, todos ellos forman parte del grupo de trabajo creado en la Cámara Baja junto a PSOE y Unidas Podemos para ir avanzando en acuerdos que permitan la reforma en el próximo periodo de sesiones que se abre en septiembre, a un año de que concluya la legislatura. Con lentitud, esos trabajos están dando nuevos frutos.

Fuentes parlamentarias han confirmado a elDiario.es que, en las últimas reuniones del grupo –desde febrero calculan que se han celebrado en torno a una docena, muchas de ellas de forma telemática–, se ha pactado la redacción final de diez nuevos artículos que se suman a los 29 que ya se habían cerrado hasta el pasado mes de marzo. Las fuentes consultadas evitan entrar en la concreción de cada uno de los puntos, pero sí explican que los asuntos acordados tienen que ver con el modo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar los derechos a la manifestación y a la libre expresión, que se vieron cercenados por la normativa del PP.

La proposición para reformar la ley mordaza con la que se trabaja en el Parlamento es del PNV y el texto entró en la Comisión de Interior el pasado noviembre. Pero, como explican fuentes del Congreso, aún no se han abordado ni en las dos reuniones de la ponencia ni en los sucesivos encuentros del grupo de trabajo ninguno de los asuntos más polémicos, los que generan más diferencias entre los partidos del Gobierno y sus socios. Esas fuerzas, en especial Unidas Podemos –cuya negociación encabeza el líder del PCE, Enrique Santiago–, confían no obstante en lograr un acuerdo total en los próximos meses.

Evitar casos como el de Alberto Rodríguez

Uno de esos aspectos controvertidos tiene que ver con la regulación del material antidisturbios. Varios grupos, como ERC y EH Bildu, exigen la prohibición expresa de las pelotas de goma y de otros métodos de fuerza policial.

Otro aspecto que sigue sin debatirse entre los grupos negociadores es el referido a la presunción de veracidad de los agentes de los distintos cuerpos policiales cuyo único testimonio, sin otros testigos, es a raíz de la ley del PP válido para que se produzca una condena. Un ejemplo es el caso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por pegar a un policía siendo el agente el único testigo que, durante el juicio, reconoció esa agresión. A raíz de la sentencia, a Rodríguez se le retiró en octubre el acta de parlamentario a través de una polémica decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Ya desvinculado de Podemos y con la intención de crear un nuevo partido, Rodríguez sigue peleando por ese escaño ante los tribunales, ocho meses después.

La idea de los grupos es abordar los asuntos más complejos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en el nuevo periodo de sesiones que se inicia en septiembre, con la intención de conseguir aprobar la nueva ley antes de las Navidades o en los primeros meses del próximo año. Las fuentes consultadas remarcan que ya se consiguieron sortear varios de los escollos entre el Ejecutivo y los socios cuando se decidió desvincular del texto los otros aspectos recogidos en la ley del PP que habían generado más fricciones durante las negociaciones, como las devoluciones en caliente o la consideración de agentes de la autoridad de los funcionarios de prisiones. Ambos asuntos se abordarán en otras propuestas al margen de la reforma de la ley mordaza.

En lo que ya ha avanzado el grupo de trabajo es en el artículo referido a la responsabilidad de los convocantes de manifestaciones en los que se produzcan altercados o que no hayan sido comunicadas previamente a las respectivas delegaciones del gobierno. Además de desvincular al convocante de los disturbios cuando se demuestre que no ha tenido vinculación con los mismos, en el texto acordado por los grupos se establece que la falta de comunicación previa de una protesta no será castigada cuando responda a una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público.

Medidas para las personas con discapacidad

En estos meses los partidos del Gobierno y sus socios han acordado modificaciones al objeto de la ley, a los fines y a los principios rectores estableciendo la eliminación de la violencia en los espacios públicos y la garantía de convivencia como el objeto de la ley, introduciendo mayores garantía de derechos y libertades de la ciudadanía. Entre los principios rectores de la norma también se ha incluido uno de accesibilidad para garantizar que personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos en todo lo relacionado con la seguridad ciudadana.

También han visto luz verde algunas de las peticiones de los socios, como que se garantice la incorporación al Documento Nacional de Identidad y al pasaporte las distintas lenguas cooficiales. O el establecimiento de mecanismos que tengan en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos a la hora de establecer las cuantías de las multas. Las fuentes consultadas añaden que también se han regulado de manera “más garantista” los aspectos relacionados con la entrada en domicilios y edificios de organismos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el riesgo para las personas o animales en supuestos de catástrofes, calamidades, ruina inminente y cualquier otro supuesto recogido en la legislación de protección civil.

Asimismo, se ha acordado la modificación de las normas sobre identificación de personas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma, las diligencias en comisaría en ningún caso podrán superar las dos horas salvo causas excepcionales debidamente justificadas, verificadas y comunicadas a la persona afectada. Otra de las novedades introducidas es el derecho de la persona conducida a identificación a ser devuelta al lugar en el que no pudo ser identificada desde la dependencia policial cuando para su identificación haya tenido que ser trasladada a una localidad diferente a aquella en la que se le requirió la práctica de la diligencia.

La reforma de la ley mordaza sigue en marcha al margen de las protestas policiales de sindicatos como Jupol, que desde hace meses han salido a las calles y se han quejado de que el nuevo texto contemplara que se compensaran las multas en función de la renta o que se puedan emitir los DNI en lenguas cooficiales, entre otras objeciones.