El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez está determinado a sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero el Gobierno admite que la oposición de la familia del dictador añade “complicaciones” al proceso. El Ministerio de Justicia que encabeza Dolores Delgado está buscando las fórmulas para sortear los posibles obstáculos.
El Gobierno quiere hacer de la retirada de los honores al dictador un símbolo del nuevo tiempo político que se abrió en España tras la moción de censura que descabalgó del poder a Mariano Rajoy.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, anunció contactos con los familiares del dictador. Por el momento, las únicas señales que emite la familia Franco son de rechazo a la exhumación y traslado del cadáver. Sin embargo, tanto Moncloa como el PSOE sugieren que la saga de los Franco no tiene una posición monolítica y que continúan las conversaciones.
El Gobierno, no obstante, sacará a Franco del Valle de los Caídos aunque no cuente con el visto bueno de los familiares. A pesar de ello, fuentes del Ejecutivo admiten que esa negativa complica el proceso –en caso de estar de acuerdo, se procedería a su traslado al lugar que la familia determinara– y los servicios jurídicos del departamento que dirige Dolores Delgado están analizando “las distintas opciones que se pueden llevar a cabo para la exhumación”.
Justicia prepara dos informes: uno que planifica el proceso si hay acuerdo con la familia y otro que analiza las posibilidades si los descendientes del dictador rechazan la exhumación. En ese caso, de mayor complejidad, el Gobierno tendría que decidir, por ejemplo, el nuevo enclave para los restos del dictador.
Informes ante una posible judicialización
Además, los servicios jurídicos del Ministerio que dirige Delgado están estudiando las posibles “consecuencias” que pueda tener la decisión de Sánchez de sacar a Franco del Valle de los Caídos para que el Gobierno tenga todas las respuestas preparadas. “Se está trabajando para tener argumentos jurídicos ante todas las posibilidades”, señalan desde Justicia.
Una de las opciones pasa por que la familia Franco recurra a los tribunales en contra de la decisión del Gobierno, que cuenta con el aval del Congreso desde 2017. “Los servicios jurídicos están precisamente trabajando para que, en caso de que llegue a los tribunales, el Gobierno aporte la base jurídica de la decisión”, señalan fuentes gubernamentales.
En el PSOE, no obstante, están convencidos de que la judicialización del asunto no obligaría a paralizar la exhumación. “Lo judicializado tiene que ser argumentado y está enterrado en un cementerio que es público”, señalan fuentes de la dirección socialista, en referencia a que la decisión última corresponde a Patrimonio Nacional.
Expertos consultados por eldiario.es coinciden con esa opinión: “La familia tendrá el derecho a exigir que el procedimiento sea limpio, rápido e impecable, que es lo que debe asegurar el Gobierno, pero no puede exigir que se le mantenga en un sitio responsabilidad de Patrimonio del Estado”, señaló el antropólogo forense, Juan Manuel Guijo. “No hay profanación si se hace con legalidad y lo hace personal cualificado en esta materia”, argumentó su compañero de profesión Francisco Etxeberria.