El Consejo de Ministros ha acordado este viernes el desistimiento parcial, y por lo tanto la retirada, de dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra dos leyes aprobadas por el Parlament de Cataluña en materia de vivienda, fruto del acuerdo con la administración catalana y debido a que el Gobierno socialista “discrepa enormemente” con determinadas decisiones del Ejecutivo anterior.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha destacado que tras llegar a un acuerdo con la Generalitat catalana, el Gobierno ha decidido retirar esos recursos ante el TC. Las leyes, ha indicicado, afectan a “problemas cotidianos muy importantes” y que tienen que ver con la “vivienda y los alquileres” y con el fomento y el uso que se ahce de la vivienda pública.
Asimismo, Calvo ha recalcado que ahora se trata de “reponer en Cataluña” una situación que ya está normalizada en otras comunidades autónomas como Andalucía, Navarra o Canarias, y que refleja que el Gobierno de Rajoy “no tenía una mirada social sobre el derecho a la vivienda”. “El cambio de registro político en torno a este asunto, hace que vayamos de común acuerdo con la administración catalana”, ha añadido.
Según lo acordado en el Consejo de Ministros, el Gobierno y la Generalitat han establecido una “interpretación” de las normas catalanas “plenamente respetuosa con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, lo que permite la retirada de los recursos que había planteado el Gobierno del PP.
EXPROPIACIÓN DE USO TEMPORAL DE VIVIENDAS VACÍAS
Este acuerdo entre administraciones hará posible que las medidas adoptadas propuestas en las leyes 24/2015 y 4/2016 sobre emergencia habitacional, y aprobadas por el Parlament de Cataluña, se mantengan. Incluyen propuestas como la de el alquiler social por parte de los bancos a personas que vayan a ser desahuciadas o la expropiación de uso temporal de viviendas vacías propiedad de bancos o grandes corporaciones.
Según explica en nota de prensa el Gobierno, tras semanas de negociaciones entre el Ejecutivo y el Gobern, la pasada semana la propia Generalitat aceptó la propuesta de que los desistimientos fueran parciales, porque “persisten causas de inconstitucionalidad en algunos artículos contra los que el TC se ha pronunciado en sentencias anteriores”. Un ejemplo de inconstitucionalidad es la posibilidad de expropiar el uso de viviendas mientras esté en curso el proceso de desahucio.
Además de la posibilidad de que haya un alquiler social por parte de bancos a personas con vayan a ser desahuciadas y que pueda darse una expropiación temporal de uso de viviendas vacías, la retirada de la impugnación ante el TC permite también que se dé la obligación de realojo en determinados supuestos de personas o familias que estén en riesgo de exclusión residencial.
Con este anuncio, el Ejecutivo desestima seguir adelante con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley catalana de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial, aprobada en 2016.
La norma se tramitó de forma exprés y se elaboró expresamente para sortear la suspensión que dictó el Tribunal Constitucional contra una parte de la ley catalana 24/2015 sobre el mismo tema. Su objetivo es el de proteger a personas en situación de exclusión residencial como consecuencia del sobreendeudamiento y crea la Comisión de vivienda y asistencia para situaciones de emergencia para coordinar a las administraciones sobre este tema.