El Gobierno trata de reactivar la oficialidad del catalán en la UE en plena negociación con Junts

La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE vuelve a tener protagonismo en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado y, en concreto, de la tensión manifestada por Carles Puigdemont con Pedro Sánchez. El Gobierno intenta reactivar el asunto como gesto a Junts, a pesar de que los avances en el club comunitario son complicados dado que hacer oficiales esas lenguas requieren de la unanimidad de los 27 y las reticencias de varios países continúan. La oficialidad del catalán en la UE fue uno de los compromisos de los socialistas con las fuerzas independentistas durante la negociación de la investidura en el verano de 2023.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha abordado el asunto con su homólogo de Polonia, país al que corresponde la presidencia rotatoria del Consejo de la UE el próximo semestre. “La semana pasada le remití una carta adjuntando el memorándum de las condiciones y cómo se realizaría”, ha explicado Albares a su llegada a Bruselas. Entre los argumentos que ha reiterado el jefe de la diplomacia europea están “la identidad nacional”, el hecho de que millones de personas usan esas lenguas en España y la “protección del multilingüismo” que ha recordado que es un asunto que recogen los tratados de la UE. “Es un objetivo que deberíamos tener todos”, ha apuntado.

Tras el encuentro, fuentes gubernamentales han explicado que Albares le ha pedido a su homólogo polaco que siga “impulsando” el asunto. “El ministro de Exteriores polaco, que ha trasladado estar informado del tema, y Albares, han acordado dar un paso más a través de una reunión de sus respectivos secretarios de Estado de la UE que se celebrará próximamente para lograr ese objetivo”, señalan esas fuentes.

No obstante, aún queda camino para que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego sea una realidad. No sólo por las reticencias de varios estados miembros, que temen que pueda abrirse el debate para lenguas minoritarias existentes en otros territorios de Europa sino porque aún faltan los informes que le requirieron a España para poder abordar el asunto en profundidad.

Uno de ellos es el de impacto económico. La Comisión Europea elaboró uno preliminar en base a la introducción del gaélico hace unos años. El cálculo de la Comisión Europea es que la oficialidad de esas tres lenguas supondría unos 132 millones de euros anuales. El Gobierno siempre ha dicho que España asumiría los costes.

El Gobierno también ha trazado un argumentario legal sobre la base de la “singularidad” de las lenguas oficiales españolas que permita crear del catalán, el euskera y el gallego un caso único en la UE para tratar de convencer a los gobiernos que temen que se abra ese debate en sus correspondientes países.

Así, entre las especificidades que esgrime España respecto a esos tres idiomas es que tienen reconocimiento constitucional, el uso en el Parlamento nacional, los acuerdos administrativos que rigen su uso en la Unión Europea desde hace años así como el depósito de copias certificadas de los tratados ante el Consejo de la Unión Europea en esas lenguas. “Todo este grupo de condiciones sólo lo cumplen las lenguas cooficiales españolas en la Unión”, defendió ya hace un año Albares en Bruselas.

Recientemente, el Gobierno también pidió un “impulso” a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el Parlamento Europeo, aunque en ese caso va por otra vía y depende en buena medida de la voluntad política. Por eso Albares ha reiterado este lunes que este no es un “asunto politizado” y que no debe verse como “unos españoles contra otros”. También ha reclamado el apoyo al resto de fuerzas políticas, en un mensaje al PP, que es la familia política de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, con la que el ministro se reunió hace dos semanas para insistirle en la petición.