El Gobierno de EEUU presentó hoy una propuesta para reducir las limitaciones federales al uso de carbón por parte de la industria estadounidense, lo que supone un nuevo golpe al legado medioambiental del expresidente Barack Obama al dejar en manos de cada estado su regulación.
La nueva norma tiene por objetivo reducir los costes energéticos en los que incurren las empresas debido al Plan de Energía Limpia (CPP, por sus siglas en inglés) implantado por el Gobierno anterior, que tenía por objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
La nueva regulación, bautizada plan de Energía Limpia Asequible (ACE, por sus siglas en inglés), prevé reducir en 400 millones de dólares al año la “carga” que tiene que soportar la industria de EEUU, informó hoy la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
La nueva propuesta entraría en vigor por decreto del presidente Donald Trump, aunque corre el riesgo de ser bloqueada en el Tribunal Supremo en caso de que se presente recurso, tal y como de hecho le pasó a la CPP de Obama.
El administrador interino de la EPA, Andrew Wheeler, aseguró en teleconferencia de prensa que la nueva normativa permitirá a los consumidores ahorrar dinero y a los trabajadores mantener sus puestos, al tiempo que se protege el medioambiente.
Según fuentes de la EPA, en comparación con el CPP, esta nueva regulación permitirá reducir los costos energéticos de las industrias entre un 0,2 y un 0,5 % de aquí a 2025.
El propio Trump ya avisó en octubre del año pasado de su intención de derogar la actual regulación, una afirmación que puso en alerta a diversos legisladores y movimientos sociales por considerar que tendría un gran impacto negativo en el medioambiente.
Según la EPA, la nueva normativa reducirá las emisiones de CO2 previstas para 2030 en torno a un 1,5 % gracias a “una mejora de la eficiencia” en la producción industrial.
Con esta nueva medida, el Gobierno dará un plazo de tres años a los estados del país para establecer sus propios estándares de regulación del uso del carbón, que deberán ser aprobados por la EPA en un plazo de un año.
En caso de no ser aprobada la propuesta estatal, el Gobierno federal podrá imponer su propia normativa.
“Pero seamos claros, no existen mínimos, no existe ningún limite que un estado pueda superar”, sostuvo un funcionario de la EPA presente en la teleconferencia.