El vicepresidente y portavoz del gobierno valenciano, José Císcar, ha confiado este viernes que en que “no hará falta llegar a la medida de expulsión” de la diputada del PP en las Corts, Milagrosa Martínez, y ha confiado en resolver la situación “sin tener que llegar a ese extremo”. Eso sí, la 'línea roja' contra la corrupción marcada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “va a respetarse y el límite temporal también, que es el 31 de marzo”, ha advertido. En esa fecha se iniciará el juicio
Císcar se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntado por la situación la parlamentaria 'popular' procesada en la pieza separada del 'caso Gürtel' relativa a las contrataciones para la feria Fitur cuando ocupaba el cargo de consellera de Turismo.
En cuanto a su condición como alcaldesa de Novelda (Alicante), Císcar ha asegurado que “no se ha dado ninguna instrucción al grupo municipal” de la localidad, puesto que la Constitución les reconoce autonomía municipal y en este ámbito, desde el Gobierno valenciano “no tenemos margen de maniobra”, ha zanjado.
En la misma línea ha argumentado al ser preguntado por la diputada provincial por Alicante, Mónica Lorente, imputada en el caso 'caso Brugal', y ha recordado que los cargos tanto en Ayuntamiento como en Diputación “son personales” y “sobre ellos no tiene ninguna competencia el presidente de la Generalitat” y “ni Fabra ni su Gobierno tienen ninguna competencia legal para poder actuar”.
“En caso se tener que tomar alguna medida le correspondería a la Diputación”, ha apuntado Císcar, “pero es algo que escapa a competencias del presidente Generalitat”, ha insistido.
Lo que sí ha hecho el jefe del Consell, ha puntualizado, es dejar fuera a Lorente de la junta directiva regional. La exalcaldesa de Orihuela del PP “no ocupa ningún cargo orgánico en el partido”, ha recalcado. Así “las competencias nivel orgánico de partido están pasadas, que es la aplicación de los estatutos” pero “a nivel institucional rige el principio constitucional de autonomía municipal y dentro de ese principio el funcionamiento de los grupos municipales es autónomo”, ha concluido.