El Gobierno ve a Junts resignado a aceptar la amnistía sin cambios

Carles Puigdemont amenaza con tirar de la manta. Y no de aquella que en el siglo XV se utilizaba para ocultar el nombre de los conversos al cristianismo. De ahí viene la expresión que hoy se utiliza de modo coloquial y asoma también detrás de las palabras que el ex president de la Generalitat remitió por carta a los eurodiputados el pasado jueves para decir que si hubiera permitido la investidura de Alberto Núñez Feijóo, no se le investigaría por un delito de terrorismo ni se habría reabierto la causa de la trama rusa del 'procés. “De ello también hablaremos en su momento. Como en la trama rusa, se sabrá todo”, amagaba.

Horas más tarde el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, animaba a Feijóo a desvelar  “qué ofreció” a Junts el pasado verano respecto a sus causas judiciales para que apoyara su investidura. ¿Impunidad total? ¿Interlocución con determinadas instancias judiciales? ¿Carpetazo a las causas abiertas?, se pregunta un socialista. “Tarde o temprano se sabrá”, insiste en la misma línea que el líder de Junts, del que se espera que tire de un trapo que destape ·algún asunto vergonzoso aún oculto y que pueda comprometer el relato de la derecha sobre la amnistía y la alianza del PSOE con Junts.

Tras las palabras de Puigdemont y en lo que se puede leer como una voladura controlada ante lo que pueda desvelar el independentismo, el propio Feijóo admitió este sábado que Junts ofreció sus votos para hacerle presidente a cambio de la medida de gracia y que su partido llegó a estudiarla aunque la rechazó en menos de 24 horas al entender que quebraba el principio de igualdad y no cabía en la Constitución. La negociación entre ex convergentes y populares se ha ido admitiendo con cuentagotas por los dirigentes de Génova, que en privado reconocen ahora que estarían dispuestos a pactar leyes con Junts e incluso a conceder un indulto al propio Puigdemont si vuelve a España, renuncia a la unilateralidad y asume la Constitución. Una cosa es el discurso oficial y las manifestaciones, otra muy distinta es lo que se cuece en la trastienda del PP, donde hasta el propio Feijóo tiene dudas de que se pueda probar la relación entre Puigdemont y las hipotéticas acciones terroristas cometidas por Tsunami o los CDR que investiga el juez García Castellón.

Los socialistas manejan información que les lleva a pensar no sólo que existió una negociación entre los de Feijóo y Junts sino que los populares llegaron a ofrecer cuestiones que, de conocerse, dejarían en evidencia la doble moral de la derecha española y su oblicua relación con la verdad. Y no descartan que en algún momento Puigdemont pulse el botón nuclear y haga públicas la conversaciones que mantuvo con el PP y quiénes realmente fueron sus interlocutores.

Hasta que llegue ese momento, si es que llega, desde el Gobierno transmiten tranquilidad y confianza plena en que la ley de amnistía sea aprobada por el pleno del Congreso. El texto regresó de nuevo a la Comisión de Justicia, después de que Sánchez se plantara ante la exigencia de los independentistas de meter una enmienda que incluyera en el olvido penal todo tipo de terrorismo y la traición, lo que hizo que votara en contra de la norma.

El ministro de Justicia se mantiene firme en la decisión de no admitir ningún retoque que pueda poner en duda la constitucionalidad de la ley y la haga descarrilar en el Tribunal Constitucional o en la Justicia europea. Y, aunque en los días posteriores a que Junts hiciera saltar la norma por los aires se pudo detectar cierta inquietud en el seno del Gobierno, hoy la percepción es muy distinta. De hecho, los de Sánchez ven a “Junts resignado a aceptar el texto, tal y como está, o como mucho con pequeños retoques con los que poder justificar su voto a favor”. Algo que no ocurrirá en todo caso hasta que pasen las elecciones gallegas del 18F.

Los socialistas dan por hecho que el voto de la Eurocámara a favor de que se investigue la trama rusa sitúa a los independentistas frente a una realidad ineludible en la que no cabe el olvido penal para la traición que el Parlamento europeo ha aprobado investigar. De hecho, cuando Pedro Sánchez impuso el rechazo a la enmienda de Junts y Puigdemont ordenó el voto negativo, el PSOE ya era consciente del límite comunitario al terrorismo en su conjunto y la traición. Ahora esa frontera ha quedado por escrito y votada por una mayoría de Estrasburgo. Algo que para la derecha española es una victoria de su estrategia y que la izquierda intenta relativizar porque el Parlamento europeo “no es es el Consejo ni la Comisión” y la resolución carece de valor normativo.

La resolución señala al ex president por su nombre y apellidos, y expresa la preocupación de la Eurocámara “por las conexiones de Rusia con varios partidos políticos”, entre ellas, las “supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso”. También dice que “la injerencia rusa en Catalunya formaría parte de una estrategia más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE”. Estas reuniones investigadas por el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, después de que fueran archivadas hace años por otra instancia judicial,  pueden ser constitutivas del delito de traición, contemplado en el artículo 592 del Código Penal.

El PSOE sabe desde el principio que ésta era una línea roja infranqueable, pero considera que ahora sitúa a Junts ante un callejón sin salida y a Puigdemont, ante la disyuntiva de si “aprobar la ley por la que se beneficiarán cientos de independentistas o dejarla caer porque él no vaya a beneficiarse de ella”. 

¿Resignado a no ser uno de los beneficiarios?

Hay incluso quien  ve en la carta remitida por Puigdemont a los eurodiputados, en la que denuncia una persecución judicial, además de un aviso serio al PP, “una claudicación”. Dicho de otro modo, a un ex president resignado a no ser uno de los beneficiados por el olvido penal “porque al menos en el corto plazo y con la causa abierta del juez Aguirre será inviable”. Eso entraría dentro de los códigos de un líder dispuesto a sacrificarse por una causa mayor -el beneficio de los suyos- y ese es un perfil que, de momento, los negociadores dicen no haber visto en el ex president de la Generalitat, aunque auguran que “le coronaría en el mundo independentista”. 

Si la carta de Puigdemont ha sido o no un calculado prólogo del sí a la ley está por descubrir, aunque los monclovitas confían en que Junts se moverá en todo caso a esa posición por la presión interna, porque son conscientes del error cometido, porque ERC sacará rédito de ello y porque perderían, además de su actual influencia en la política nacional,  todo su capital político. 

De momento, en la parte socialista de la negociación sostienen que aún se exploran nuevas vías para desencallar la ley, que no son ni la reforma del Código Penal ni la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero admiten que el ritmo de las conversaciones se ha ralentizado desde que Junts votó en contra del texto en el pleno. Ambas partes se han dado un tiempo en busca de posibles salidas y con el convencimiento mutuo de que nada será posible hasta que no pasen las elecciones gallegas. Ahora, tras el voto en contra de Junts, la ley ha vuelto a la comisión de Justicia del Congreso, donde tiene de plazo hasta el 21 de febrero para emitir un nuevo dictamen que se pueda elevar a votación en el pleno. Si para esa fecha no se ha logrado un acuerdo, queda la opción de aprobar una prórroga de otros quince días hasta el 6 de marzo, lo que dilatará la aprobación definitiva cuando menos hasta finales de mayo teniendo en cuenta que una vez llegue al Senado, la mayoría del PP agotará los dos plazos máximos que tiene la Cámara antes de rechazarla y enviarla de nuevo a la Cámara Baja.