Las derechas han atribuido a Sánchez seis golpes de Estado desde que es presidente

“Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. Esa es la definición que ofrece el diccionario de la Real Academia Española (RAE) para 'golpe de Estado', una acción de la que las tres derechas –PP, Vox y Ciudadanos– han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta en seis ocasiones prácticamente desde que accedió al poder tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy, en mayo de 2018.

El último argumento utilizado para vincular a Sánchez con un supuesto levantamiento contra el Estado desde el mismísimo Palacio de la Moncloa han sido las polémicas palabras pronunciadas el domingo por el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, miembro del comité técnico del Gobierno para la lucha contra el coronavirus, cuando se refirió al trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado contra las noticias falsas en internet. Esas declaraciones fueron, según Vox, la evidencia del “inicio de un golpe de Estado” por parte del propio Gobierno.

El general Santiago aseguró en la rueda de prensa habitual de los mandos técnicos –que desde que se inició la epidemia tiene lugar todos los días a media mañana–, que las fuerzas de seguridad trabajan en dos direcciones para hacer frente a esos bulos: “Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos; y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

Sus declaraciones provocaron un enorme revuelo, principalmente en las redes sociales y por parte de la oposición de derechas, que forzó al Gobierno a matizar que se había tratado de un error y de un “lapsus” y a recalcar el “compromiso absoluto” del Ejecutivo con la libertad de expresión, un derecho fundamental que protege las críticas “más áridas”.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, se apresuró en cambio a considerar que las palabras del general Santiago eran una “prueba dramática” de la capacidad del Gobierno para “pudrir las instituciones”.

Para lanzar su mensaje, Álvarez de Toledo utilizó su propio perfil de Twitter, la misma red social empleada por el líder de Vox, Santiago Abascal, para realizar una lectura aún más extrema de las declaraciones del general: “¡ALARMA DEMOCRÁTICA! Un general de la Guardia Civil anuncia que está trabajando en 'minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno'. Esto es, de hecho, el inicio de un golpe de Estado del propio gobierno, que ordena al Instituto Armado que vulnere la Constitución”.

Aunque con un mensaje más moderado, Ciudadanos también criticó las palabras de Santiago. Su portavoz parlamentario adjunto, Edmundo Bal, las calificó como “una declaración gravísima y muy preocupante” en otro mensaje en Twitter en el que, como el PP, pidió que tanto el general de la Guardia Civil como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska comparezcan en el Congreso.

Este lunes, el director de emergencias del Ministerio de Sanidad al frente de la crisis del coronavirus, el doctor Fernando Simón, aseguraba que no le parecía “decente” criticar al general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil por lo que ha atribuía a un error en su comparecencia del domingo. Según Simón, el equipo técnico que comparece a diario “trabaja con la mayor honestidad posible”, de ahí que haya censurado que se “utilicen fallos en los discursos”.

También señalaba que los técnicos están “al límite de su resistencia”. “Hacernos daño como equipo creo que no es algo decente”, recalcaba. Simón intervenía tras las palabras del general José Manuel Santiago, que fueron aplaudidas por el resto de miembros del comité técnico, recordando su expediente en diferentes misiones en la Guardia Civil y asegurando que siempre trabaja poniendo “primero a las personas”. “No hay ideología, lo primero son las personas; todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo”, afirmaba.

Las acusaciones de “golpe de Estado” contra Sánchez y sus gobiernos por parte de las derechas han sido una constante desde hace dos años. En octubre de 2018, el líder del PP, Pablo Casado, acusaba al presidente del Gobierno de ser “partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España”, en alusión al pulso independentista que se vive en Catalunya.

Lejos de matizar sus palabras, el presidente de los populares persistió en esta misma idea en febrero de 2019, cuando el Gobierno inició las conversaciones con la Generalitat catalana en busca de un acuerdo para aliviar la tensión entre el Ejecutivo central y el Govern ante el procés secesionista.

“El presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene nuestra legalidad. Está cometiendo un acto de felonía, es un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española”, dijo entonces, para añadir que el diálogo con la Generalitat suponía “lo más grave que ha ocurrido desde el 23 de febrero de 1981”. Se refería al intento de golpe de Estado del 23-F perpetrado por el entonces teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.

El pasado febrero, Vox tampoco dudó en calificar la designación como fiscal general del Estado de la exministra de Justicia Dolores Delgado como “una prueba más del golpe institucional de Pedro Sánchez para que el PSOE se apodere del Estado”. El dirigente de Vox acusó al líder del PSOE de “no tener pudor” y de pretender eliminar “los contrapoderes institucionales”.

Abascal tampoco dudó en considerar un “golpe institucional” la modificación de la composición de la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para incluir en su organigrama al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias ,aprovechando el primer decreto ley con las medidas que había aprobado el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias del coronavirus.

Al igual que ha hecho ahora con el último decreto de alarma, la formación de extrema derecha avisó de que recurriría tal medida ante el Tribunal Constitucional. “De esta crisis no se puede salir con una degradación institucional”, sentenció el líder de la extrema derecha.

Vox tildó igualmente de “golpe institucional” que el PSOE y Podemos utilizaran su mayoría en la Mesa del Congreso para “amordazar a la oposición durante el estado de alarma”. La denuncia fue realizada por la secretaria general del Grupo, Macarena Olona, y respaldada luego por Abascal, que escribió en Twitter que “limitar el control parlamentario cuando al Gobierno se le han dado poderes extraordinarios con el Estado de Alarma supone concentrar todo el poder en Sánchez e Iglesias”. “Es un peligro para la libertad y la democracia. El virus de Wuhan como coartada para llevarnos al modelo chino”, zanjó.

También se revolvió contra la decisión del Gobierno de permitir indultos a pesar del Estado de alarma, lo que Abascal interpretó como un forma para pagar favores a los “delincuentes golpistas” del procés, “La gente muriéndose y el gobierno pensando en cómo salvar de la cárcel a los delincuentes golpistas. Pagando favores y olvidándose de la salud de los españoles”, señaló en su cuenta en la citada red social.

Paradójicamente, distintos cargos de Vox han jugado con la necesidad de alzarse contra este Gobierno. El propio Abascal lleva alentando a la rebelión desde que estalló la pandemia del coronavirus, reclamando primero la intervención del Ejército en la crisis sanitaria y reiterando después la necesidad de que Sánchez e Iglesias dimitan para formar un “Gobierno de emergencia nacional” formado por “expertos y técnicos” que sepan sacar a España de la grave crisis sanitaria generada por el coronavirus.

En diciembre del año pasado, poco después de las últimas elecciones generales, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el general del Ejército de Tierra retirado, Fulgencio Coll Bucher, afirmó en un artículo publicado en la prensa local que Pedro Sánchez era “un problema para la seguridad nacional”. Por ello aseguró que “los poderes del Estado” no deberían permitir que el presidente del Gobierno –entonces en funciones– pusiera “impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado” o negociara “una reforma del Estado de contenido y alcance desconocidos” encaminada, a su juicio, a “quebrar el orden constitucional”.

También Raúl Marín, responsable de la comunicación de Vox en La Rioja, alentó el pasado 30 de marzo la posibilidad de derrocar militarmente al Gobierno: “¿Sería una locura aceptar que este Gobierno está absolutamente sobrepasado por la situación y que lo mejor sería que tomarse el mando del país, S.M El Rey Don Felipe VI con un consejo de especialistas y profesionales en cada materia de Gobierno?”, se preguntó en Twitter.

Aunque ahora la nueva líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha realizado un viraje en la estrategia del partido en pro de la “lealtad” al Gobierno frente al coronavirus, su predecesor Albert Rivera mantuvo durante su liderazgo una dura ofensiva contra Sánchez, al que desde que cerró el pacto con los nacionalistas e independentistas catalanes para poder lograr su investidura acuso también recurrentemente de ser cómplice de “golpistas”.

En 2018, durante su discurso durante el debate de la moción de censura, Rivera acusó a Sánchez de entrar “por la puerta de atrás” al Gobierno por no haber sido, a su juicio, elegido “legítimamente” en las urnas.