Gómez de Liaño pide al juez que cite al número dos de Interior con Rajoy y a Cosidó por una Kitchen paralela
El abogado Javier Gómez de Liaño, víctima de presuntas maniobras de presión cuando defendía a Luis Bárcenas, ha solicitado al juez del caso Villarejo que cite a varios miembros de la cúpula del Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El letrado, que figura como perjudicado en la causa, ha pedido que sean citados el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el ex director de la Policía Ignacio Cosidó y su director adjunto operativo, Eugenio Pino.
La pieza 36 del caso Villarejo investiga las maniobras para acusar de varios delitos a Gómez de Liaño por parte de un “lobby jurídico” del PP que encabezaría un abogado del Estado en excedencia. Estas son las afirmaciones que hacen tres de los investigados en una grabación que ha sido incorporada a la causa. En la misma conversación señalan que al frente de las maniobras estaría un tal “Alejandro”, a las órdenes directas de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP en el momento de la operación.
Cospedal compareció como testigo la pasada semana después de que el juez del caso, Manuel García Castellón, se negara a citarla y fuera obligado por la Sala de lo Penal. La ex número dos del PP se desvinculó de cualquier maniobra contra el abogado de Bárcenas. Llegó a asegurar que no recordaba cuestiones de su etapa al frente del PP que había asegurado en público, como que el partido pagó los primeros abogados que tuvo Bárcenas, antes de que el tesorero cambiara de estrategia y decidiera confesar la financiación irregular del PP durante al menos veinte años.
Los hechos que investiga la pieza 36 del caso Villarejo, sin embargo, se remontan a una época posterior, cuando de la defensa de Bárcenas se hizo cargo Gómez de Liaño. Los investigados, en la grabación incorporada, aseguran que el abogado es el responsable de filtrar a El Mundo información en poder del tesorero devastadora para el PP. Gómez de Liaño había defendido al mafioso ruso Zakhtar Kalashov y los investigados aseguraban que podían encontrar las pruebas de que el letrado había cobrado 5,5 millones de euros en negro y que tenía cuentas en Suiza, algo que este niega taxativamente.
Entre las personas que Gómez de Liaño pide que sean citadas a declarar por el juez está el abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset Domper, ahora en el despacho Cuatrecasas, el tal “Alejandro” dirigiría el “lobby jurídico” del PP con poder para sacar a Kalashov de la cárcel a cambio de la información que buscan contra Gómez de Liaño. El supuesto enviado de los populares asegura que este abogado del Estado está a las órdenes directas de Cospedal. Su nombre completo fue mencionado por la Fiscalía Anticorrupción al abogado Javier Iglesias, que declaró como testigo.
Villarejo: “Visita a Kalasof-Tema Liaño”
Los investigadores del caso Villarejo examinaron las agendas del comisario una vez recibieron la grabación que ha dado pie a esta pieza 36. En ella, el comisario alude a esta supuesta operación contra Gómez de Liaño e implica en sus anotaciones a terceros. El 23 de abril de 2014, por ejemplo, Villarejo anota “Visita a Kalasof-Tema Liaño” junto al apelativo ‘Chisco’, que utilizaba para referirse a Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad.
En su declaración ante el juez, Villarejo dijo la semana pasada que tuvo conocimiento del supuesto pago y que si investigó fue por que el mafioso ruso era un peligro para las instituciones españolas, incluida la Casa Real. Asimismo aseguró que informó de ello a sus superiores, entre ellos Martínez, y a la propia Cospedal, pese a que esta no tenía ningún cargo en el Ministerio del Interior ni otro puesto en el Gobierno.
Martínez ya se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por utilizar fondos reservados en espiar a Luis Bárcenas desde el Ministerio del Interior. Cospedal, en cambio, dejó de estar investigada en el caso Kitchen por decisión de García Castellón, en contra de la Fiscalía Anticorrupción que le acusó de no querer investigar a la dirección del PP. Luego la Sala de lo Penal respaldaría la decisión del juez.
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