Si existe eso que llaman el Estado profundo, allí tiene un lugar reservado Tomás González Cueto, uno de los más notables detenidos en la operación de la Guardia Civil por contratos en la Real Federación Española de Fútbol. González Cueto fue asesor jurídico del expresidente Luis Rubiales, prácticamente su mano derecha. Pero definirlo así no le haría justicia. Él es muchas cosas más.
Fue el abogado del Estado de confianza de Mariano Rajoy con el Gobierno de Aznar y después, ya en la excedencia, vocal de la Comisión Legal de FIBA, exmiembro del Tribunal Administrativo de Deporte… Pero, sobre todo, es el núcleo irradiador de un mundillo de altos funcionarios que, a la vez y sin control, mantienen un pie en la Administración, otro en la empresa privada y los colegios de abogados. Todos los caminos conducen a GC Legal, el despacho que lleva las siglas de sus apellidos y que sirve para explicar la tramoya de parte de la actualidad.
El 30 de octubre de 2017, el entonces ministro de Justicia, el popular Rafael Catalá, inauguró un bufete de abogados: “Inauguración del despacho @GcLegal_es. Abogados al servicio de los ciudadanos”, tuiteó el ministro. Fue un acto tan extraño que la oposición pidió explicaciones. El Gobierno justificó que el ministro tenía que escuchar al sector. Rechazaba así la acusación de promocionar un bufete que, entre otros, defendía a defraudadores fiscales.
En realidad, en el mundo de la abogacía no sorprendió tanto. Porque el anfitrión junto al que posaba Catalá era Tomás González Cueto, el hombre cuyas siglas dan nombre al bufete. Y poca gente mejor relacionada que él. Abogado del Estado desde 1988 (número siete de su promoción), fue secretario general técnico en diversos ministerios con Rajoy durante el Gobierno de Aznar. En la Administración culminó su trayectoria como secretario general de Presidencia. “Era el abogado del Estado de cabecera de Mariano Rajoy”, cuenta una persona que lo trató.
Tras la victoria del PSOE, emprendió el lucrativo camino de tantos abogados del Estado: la excedencia. Allí, González Cueto encontró una mina en el mundo del deporte. Como socio en Jiménez de Parga Abogados, ya era miembro del Tribunal Administrativo del Deporte y de la Comisión Legal de la Federación Internacional de Baloncesto. Su presencia en órganos que dirimen disputas no impedía que su despacho recibiera clientes de esos mismos temas. El diario El País publicó que el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, había contratado como abogado a Gilberto Pérez del Blanco, del mismo despacho que González Cueto. “Tomás es frío e inteligente. Primero parecía ser próximo al PSOE, pero luego del PP”, cuenta una persona que coincidió con él.
Poco después, este dejó el bufete que le empleaba y abrió, con ministro incluido, su propio despacho. Esas acusaciones de conflicto de intereses podían acabar ahí. O no. La inauguración del bufete fue en octubre de 2017 y solo unos meses después, en mayo de 2018, Luis Rubiales era elegido presidente de la Federación Española de Fútbol. Como le ocurre a la gente con olfato, nuestro abogado leonés estaba en el lugar adecuado y en el momento oportuno.
Rubiales, que tenía planes expansionistas, multiplicó el presupuesto de la Federación y lo convirtió en su letrado de cabecera. Eran un tándem perfecto. Si Rubiales quería llevar la Supercopa a Arabia, González Cueto le daba forma al acuerdo. En las múltiples disputas de la Federación con la Liga, si Rubiales era el ariete contra Javier Tebas, González Cueto era el cerebro frío de la estrategia jurídica. Y tenía muy buenos contactos en el sector. “Era más que su abogado, era su hombre de confianza para todo”, cuenta otra fuente del sector.
Antes de eso, el propio González Cueto había sido miembro del TAD, presidido entonces por Enrique Arnaldo, hoy magistrado del Constitucional y próximo al PP. Después de que González Cueto dejase el TAD, el organismo que dirime las disputas deportivas antes de los tribunales (sanciones por dopaje, cierre de estadios…), el Gobierno nombró para el TAD a Beatriz Rodríguez Villar, letrada del Consejo de Estado…. y casada con Lucas Blanque, también letrado del Consejo de Estado y que trabajaba para GC Legal. Rodríguez Villar acabó presentando su dimisión por voluntad propia. Meses antes Javier Tebas, enemigo de Rubiales, denunció el parentesco y pidió apartarla en algunos procedimientos concretos, algo que inadmitió el TAD. En unos premios jurídicos un año antes, un fotógrafo captó a González Cueto junto a Beatriz Rodríguez Villar.
Un inciso que sirve para explicar este mundillo. Lucas Blanque [no se pierdan, el marido de la letrada del Consejo de Estado que fue vocal del TAD durante casi seis meses hasta presentar su renuncia] tiene la compatibilidad concedida. Durante años, Blanque trabajaba, a la vez, como funcionario en el Consejo de Estado, en el Consejo General de la Abogacía Española como director de los servicios jurídicos y asesor, y en GC Legal como asesor of counsel. Una sentencia por un conflicto laboral reveló algunos de los números que manejaba al margen de su sueldo como alto funcionario y su colaboración con GC Legal.
“El Consejo General de la Abogacía Española abona al letrado la cantidad de 120.000 euros anuales, sin incluir IVA, pagaderas en 12 mensualidades, previo el envío mensual de una factura por importe de 10.000 euros, cantidad a la que habrá que añadir el IVA y descontar el porcentaje de retención del IRPF vigente en cada pago”. El CGAE se financia en última instancia con las cuotas obligatorias de los abogados de España.
Blanque fue despedido del CGAE en 2021 y desde hace menos de un año ahora asesora al Colegio de Abogados de Madrid, el que ha denunciado a la Fiscalía General a la que acusa de publicar datos privados del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso. Los mismos nombres aparecen en muchos sitios.
En el TAD estaba también Jaime Caravaca, abogado del Estado y sobrino de Ramón Caravaca, otro socio de GC Legal. La Asociación de Futbolistas Españoles denunció que había un conflicto de intereses. Según El Confidencial, Ramón Caravaca es uno de los investigados en la operación en la Federación.
Cuando Rodríguez Villar dimitió del TAD, fue sustituido por Alfonso Ramos de Molins, también abogado del Estado y también con la compatibilidad concedida. Ramos de Molins es abogado del Estado ante el Constitucional, tiene su despacho privado y es miembro del TAD. Esa figura de la compatibilidad en la Abogacía del Estado va camino de desaparecer, pero el Ministerio de Justicia no se la ha quitado a los que la tenían de antes. Pueden trabajar a la vez en la pública y en la privada sin que haya controles sobre conflicto de intereses. Son los llamados niveles 24, bajan de categoría y de sueldo a cambio de trabajar en la pública y en la privada, donde son codiciados por su conocimiento y acceso a los resortes del poder. Él fue el ponente de la resolución del TAD que imponía a Rubiales una sanción menor que la que pedía el Consejo Superior de Deportes (al final fue inhabilitado por la FIFA).
Ramos de Molins es, además, patrono de la Fundación Hay Derecho, entre cuyos logros está el de haber tumbado el nombramiento de la socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no tener currículo de suficiente prestigio.
Allí coincide con Elisa de la Nuez, también socia de GC Legal y abogada del Estado ahora en excedencia. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión de González Cueto y de Ramos de Molins. De la Nuez, que fue compañera de promoción de González Cueto (ella fue la número dos) sí contestó por correo electrónico. “Tomás González Cueto no tiene ninguna relación con la Fundación”. Y añade: “Nada de este asunto tiene relación alguna con la Fundación Hay Derecho que mantiene su misión de vigilancia de abuso del poder gobierne quien gobierne y afecte a quien afecte, que para eso están los watchdogs”.
Durante años, esta jurista experta en luchar por la regeneración democrática, en la fundación y en medios como la Cadena Ser, mantuvo la compatibilidad para trabajar en el despacho privado a la vez que era funcionaria. Hasta que la abogada general del Estado le sugirió que pidiese la excedencia. Así es como se solucionan estas cosas. Discretamente. Solo algún suceso inesperado –una detención en este caso– saca los casos a la luz.
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Nota de rectificación remitida por Beatriz Rodríguez Villar
En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos esta nota enviada por Beatriz Rodríguez Villar a la redacción de elDiario.es:
La regularidad de mi nombramiento no fue en ningún momento cuestionada y no fue objeto de impugnación alguna. La única actuación que el Sr. Tebas llevó a cabo en relación con mi condición de miembro del TAD fue el planteamiento de una solicitud de recusación que no se refería al nombramiento como tal, sino a mi intervención en “determinados procedimientos”. Dicha solicitud fue inadmitida en virtud de la Resolución del TAD 82-2020, de 7 de mayo, por lo que en ningún momento fui apartada de ninguno de los procedimientos seguidos ante el TAD en los que debía intervenir como vocal de dicho órgano. Jamás se apreció la existencia de conflicto de interés de ningún tipo que me impidiera ejercer mis funciones con plena objetividad e independencia.
Mi renuncia fue voluntaria y se produjo varios meses después del incidente de recusación mencionado, concretamente, el 10 de agosto de 2020, como consta en la carta que adjunto. Fue una decisión que adopté de forma libre y por motivos personales, sin la existencia de ningún tipo de presión; antes bien, todos los miembros del TAD a los que comuniqué mi renuncia expresaron su contrariedad por mi decisión y su deseo de que permaneciera en el cargo. Pese a ello, la renuncia fue aceptada con fecha 14 de agosto de 2024, tanto por el presidente del TAD como por la presidente del CSD.
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Se puede consultar la nota de rectificación remitida por Lucas Blanque Rey aquí