El Ministerio del Interior ha tardado más de seis meses en responder una pregunta parlamentaria de la oposición sobre un mando policial acusado de torturas cometidas durante los últimos años del franquismo. El diputado del PSOE Rafael Simancas se había interesado por el comisario Jesús González Reglero, ampliamente condecorado y al frente de la comisaría de Leganés (Madrid, 186.000 habitantes) cuando se formuló la pregunta escrita. Los presuntos malos tratos de González Reglero aparecían descritos por una de las víctimas que han denunciado ante la Justicia argentina.
Simancas registró la pregunta el 25 de septiembre y no recibió respuesta hasta esta misma semana. El diputado tuvo que pedir amparo al presidente del Congreso, Jesús Posada, ante la demora. Cuando el Ejecutivo ha respondido, lo ha hecho con la siguiente frase: “En contestación a la pregunta formulada por su señoría, el Gobierno manifiesta que no dispone de ninguna información relacionada con el objeto de la pregunta”.
En el plazo que va de la formulación de la pregunta escrita a la respuesta ha dado tiempo a que González Reglero se jubile y sea relevado en la comisaría de Leganés, donde hay destinados 250 agentes. El comisario, de 65 años, ha agotado el plazo de permanencia en activo y el 31 de enero fue su último día de servicio. En su historial figura la Medalla de Plata al Mérito Policial, pensionada con un incremento del 15% salarial, y dos rojas, con un 10% por cada una de ellas.
A finales de septiembre, eldiario.es preguntó formalmente por la situación de González Reglero al Ministerio del Interior y pidió una reacción sobre los hechos. Un portavoz oficial del departamento remitió cualquier respuesta a la que ofreciera el Gobierno a la oposición.
Finalmente, la respuesta ha sido que no hay respuesta porque el Gobierno desconoce los hechos. El propio González Reglero también conocía que era mencionado en la querella, porque eldiario.es se puso en contacto con él, pero declinó hacer ninguna declaración.
En estos meses, el comisario González Reglero ha pasado de mencionado en la querella a querellado. En estos momentos, la jueza Servini decide sobre la ampliación de las acusaciones que le presentaron el pasado mes las víctimas.
En la versión original, Alfredo Rodríguez Bonilla, un antiguo militante de las Juventudes Comunistas, describe lo ocurrido en la Dirección General de Seguridad el día que fue detenido, en febrero de 1975. “A cada lado se puso un policía. Eran José Ignacio Giralte y Jesús González Reglero. Me decían que bajara la cara y cada vez que lo hacía me golpeaban en ella. Por la espalda recibí golpes, incluidos los que me propinaban con las cadenas con las que fui detenido, y patadas en la entrepierna. Según me iban golpeando, me decían: ‘Di que tu madre es una puta, di que tu padre es maricón…”, recoge la querella.
El otro González Reglero
González Reglero era el último de los miembros de las Fuerzas de Seguridad mencionados en la querella que seguía en activo. Sin embargo, otros agentes de aquella policía represora, incluso a las órdenes de Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, siguen en activo. El más próximo a González Reglero es su hermano Miguel Ángel, aún al frente de la comisaría de Getafe, localidad limítrofe con Leganés.
El 13 de octubre de 1982, el diario El País publicó: “El Grupo antiGRAPO que dirigía 'Billy el Niño' estaba considerado, incluso en medios policiales, como uno de los más duros durante la época de la más fuerte represión franquista, y la relación de algunos de sus miembros –entre ellos, Baldomero Araujo o los hermanos Reglero– con personas de la extrema derecha es bien conocida en medios periodísticos”.
Desarticulados en 2007 por la Guardia Civil, los GRAPO se encuentran inactivos. Sin embargo, Billy el Niño esgrimió que una vez tuvieron un plan para asesinarle en su solicitud de que las cámaras no le grabaran el rostro el pasado jueves, día en que se celebró la vista por la petición de extradición de Argentina.
Al igual que en el caso de Muñecas, ahora debe decidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha propuesto a las víctimas que denuncien en España. Los delitos, según el Código Penal de 1973, han prescrito, pero al menos podrán ser escuchados en un tribunal, alega el Ministerio Público.