El caso Gürtel ha sufrido sucesivos intentos de derribo desde que comenzó la investigación con las grabaciones de un concejal arrepentido. Presiones políticas, jueces inhabilitados, trabas a la investigación y ataques constantes contra la prueba principal, esas grabaciones entregadas a Anticorrupción en 2007 y que recopilaban en miles de horas de conversaciones cómo la trama corrupta se había infiltrado hasta la raíz de las instituciones, con la necesaria ayuda de decenas de cargos del PP.
Ahora una nueva tanda de conversaciones grabadas, las mantenidas hace una década por el excomisario José Manuel Villarejo, se han convertido en la última arma para desacreditar la causa cuya sentencia provocó la salida del PP de la Moncloa.
Esa conversación que ahora sirve para sembrar dudas sobre la investigación de Gürtel constituye la última entrega de una serie de grabaciones efectuadas durante una comida de 2009 por el polémico policía, hoy encarcelado por graves delitos investigados en la Operación Tándem. A la mesa del restaurante se sentaban la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado -entonces fiscal de la Audiencia Nacional-, el exjuez Baltasar Garzón, Miguel Ángel Fernández Chico -Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional en aquel Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-, y los comisarios Gabriel Fuentes y Enrique García Castaño 'El Gordo', también detenido en la misma investigación que Villarejo.
Los primeros audios de ese encuentro sirvieron de munición contra la ministra, que debe comparecer la próxima semana en el Congreso para explicar su relación con Villarejo, después de que una primer comunicado de su departamento negase cualquier tipo de vínculo con el comisario. La conversación sobre Gürtel se dio cuando en la mesa ya no estaban ni Delgado ni Garzón, y el excomisario se puso a charlar con el resto de mandos policiales sobre sus hazañas. Algunas de las cuales nunca se han podido comprobar, como sus supuestos trabajos contra ETA.
Villarejo cuenta entre chupitos que él, Juan Antonio González, entonces comisario general de Policía, el comisario José Luis Olivera, responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y Garzón prepararon el caso Gürtel en agosto de 2008: “Justo cuando al día siguiente admitía él el tema y tal y cual y estábamos haciendo así y tal y tal”. Según el excomisario, Garzón habría recibido indicaciones del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba para que se comunicase con González. El magistrado, siempre según Villarejo, le transmitió sus dudas sobre tratar con ese mando policial.
La intervención de Rubalcaba
La supuesta mano de Rubalcaba en Gürtel es un argumento recurrente de los afectados por este caso. María Dolores de Cospedal le acusó en 2009 de haber pinchado teléfonos de dirigentes del PP durante la investigación creando un “Estado policial”. Federico Trillo recuperó más tarde esos los ataques contra Rubalcaba y le situó detrás “del montaje” que eran las investigaciones sobre la corrupción del PP.
En el juicio, Pablo Crespo -mano derecha de Francisco Correa y ex secretario de Organización del PP gallego- se sumó a esta teoría: “Había recibido rumores de que había una operación, voy a decirlo como lo tengo que decir… la información que yo tenía es que desde despacho del señor Rubalcaba, luego de Antonio Camacho [secretario de Estado con el primero y ministro después], con unos policías amigos habían montado una operación contra el Partido Popular y que en ese asunto estaba involucrado el señor Correa por su relación con el yerno del señor Aznar”.
Lo cierto es que el caso Gürtel se inicia mucho antes que esa comida, con la decisión de un arrepentido, José Luis Peñas, de empezar a llevar una grabadora a su encuentros con Paco Correa, con quien entonces mantenía una estrecha relación y negocios variados. Peñas era concejal en Majadahonda (Madrid), donde la Gürtel se había establecido para lucrarse con licitaciones públicas. Según el empresario que da nombre a la trama corrupta, Peñas le traicionó porque quería más dinero. Él lo niega.
Peñas empezó a grabar en 2005 y presentó una denuncia en 2007. Desde entonces, la UDEF y la Fiscalía empezaron a tirar del hilo de esas grabaciones hasta la denuncia que presentaron en la Audiencia Nacional en agosto de 2008. Baltasar Garzón, entonces titular del juzgado de Instrucción número 5, asumió la investigación porque vio conexión con otro caso que investigaba sobre BBVA-Privanza. Había un nombre que conectaba todo: Luis de Miguel.
El despacho del abogado había montado parte del entramado financiero de BBVA-Privanza en el extranjero y en Gürtel tejió la red de empresas que permitían a Correa amañar concursos y evadir impuestos. Los abogados defensores, sin embargo consideraron esta conexión demasiado débil como para que Garzón asumiera el caso y así lo plantearon durante los años de instrucción. La sentencia del pasado mes de junio tumbó estas acusaciones.
La Audiencia Nacional avaló la decisión de Garzón
El tribunal consideró que la presencia de De Miguel -ahora condenado a 12 años y 9 meses- en las dos tramas era requisito suficiente: “Legitima con mayor razón que la presente causa se incoara e instruyera en el JCI nº 5, cualquiera que fuese su titular”. Los magistrados vieron conexión en las investigaciones porque el “modus operandi” de De Miguel era el mismo para todos sus clientes y consideraron que los hechos “giraban en torno a una investigación sobre fondos que circulaban por los mismos paraísos fiscales con una idéntica finalidad defraudatoria”.
Algunos abogados recuperan ahora las dudas sobre la legalidad de que Garzón se atribuyese la causa, a pesar de que el proceso está ya validado por una sentencia. El de Guillermo Ortega -condenado a 38 años- ha presentado un recurso en el que pide su salida de prisión porque las palabras de Villarejo demuestran, según él, “la nulidad de todo lo actuado por Garzón. El magistrado ”urdió“ una trama contra el PP usando las relaciones del partido con las empresas de Correa, sostiene ese escrito.
Otros preparan una querella contra el juez para que se investigue “cómo se montó” la investigación de Gürtel. “La grabación de Villarejo corrobora que Garzón se apropió espuriamente del caso”, ha dicho Miguel Durán, abogado de Pablo Crespo. El letrado deja entrever cuál es el objetivo: anular el conjunto de la causa.
Los abogados han intentado ya en otras ocasiones tumbar todo el caso, hasta ahora sin éxito. Trataron de hacerlo con las grabaciones entre clientes y letrados ordenadas por Garzón, que acabaron con su inhabilitación pero no con el caso. Se purgó esa parte del sumario y se continuó investigando. También han llevado hasta el Supremo las grabaciones efectuadas por el concejal Peñas, pero el alto tribunal tumbó su ofensiva. Decretó que eran perfectamente legales.
A este último intento para desacreditar Gürtel se han sumado el PP, aunque hasta el momento solo de palabra. El número dos del partido, Teodoro García Egea, aseguró que las revelaciones de Villarejo eran “extremadamente graves” y que, en caso de haberse alterado el turno de reparto de la Audiencia Nacional, estaríamos ante “graves delitos”. Sin embargo, fuentes del partido han asegurado que por el momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto.
Así, los populares han decidido por el momento dejar su indignación por las grabaciones en un tuit de García Egea y no llevarla más allá, en contra de la estrategia que el partido mantuvo durante todos los años de investigación de la causa. Durante el proceso de instrucción se sucedieron las presiones a los investigadores y a los jueces, y el abogado del partido se sumó al de los cabecillas para pedir la nulidad del juicio.
El PP de Casado opta por un perfil más bajo. Hoy ya no es un caso en investigación con escritos “cogidos por los pelos” -como sostenía Cospedal-, existe una sentencia que acredita la financiación ilegal del PP desde sus inicios y describe la creación un auténtico sistema de “corrupción institucionalizada”. Por ahora, el partido no ha querido montar una ofensiva contra el caso que hace unos meses les desalojó del poder y desembocó en un proceso de renovación interna que aupó a Casado a la cima del PP.