El juez Eloy Velasco ha dictado prisión sin fianza para el exsecretario general del PP Francisco Granados por pertenecer presuntamente a una organización criminal. Este es solo uno de los delitos que se atribuye a Granados. Los otros siete son blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y fraude.
En un auto dictado este viernes por Velasco, el juez asegura que Suiza ha informado de que cuentas bancarias sospechosas de haber sido utilizadas para un delito de blanqueo de capitales agravados. “Algunas de las cuentas” de las que habla Suiza, afirma el juez, pertenecerían a Granados.
Velasco añade sobre el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior: “A lo largo de su carrera pública existen indicios de que habría beneficiado a David Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y urbanismo, tomando parte en una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio”. Los investigadores han constatado, dice el juez, que Granados habría recibido “contraprestación” de empresarios previamente beneficiados por operaciones inmobiliarias.
Las fiscales Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez habían solicitado al juez Eloy Velasco la medida cautelar finalmente adoptada, después de escuchar al expolítico durante 2 horas y 20 minutos. A tenor de su petición, no parece que creyeran a Granados, quien señaló que el titular de las cuentas es, en realidad, su amigo David Marjaliza, según han indicado después fuentes de la defensa del expolítico.
Granados comenzó a tener una cuenta en Suiza en el año 1996. El cambio de entidad de su agente bancario desde Société Generale, donde también trabajaba Granados, a BNP provocó esa apertura de la cuenta, siempre según el relato del imputado. En el año 2000, al poco de convertirse en alcalde de Valdemoro, Francisco Granados habría transferido la cuenta a su amigo Marjaliza, que aspiraba a tener una cuenta en Suiza, añadieron fuentes de la defensa. Marjaliza no habría borrado el nombre de la cuenta de su amigo y de ahí que la Guardia Civil acuse a Granados de mover dinero entre distintas cuentas que, en realidad, pertenecerían a Marjariza, añadieron. Esta explicación tampoco ha convencido a Velasco, que al término de las declaraciones de la mañana, ha enviado a Granados a prisión sin fianza.
Antes que Granados ha declarado el presunto conseguidor David Marjaliza, al que el juez también ha enviado a prisión. Marjaliza se ha negado a declarar ante el juez. Velasco lo ha enviado a prisión incondicional acusado de diez delitos que resume en el auto. Según Velasco, Marjaliza es la “cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de una organización criminal” dedicada a conseguir adjudicaciones irregulares de distintas administraciones a través de “amplias relaciones personales y políticas”. Marjaliza conseguía una comisión a cambio de sus gestiones, añade el magistrado.
Al mismo tiempo, David Marjaliza habría crado “un complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios de su actividad empresarial, tanto la lícita como la delictiva”. Marjaliza utilizaba la red para evitar que se le relacionase con las adjudicaciones.
La Operación Púnica ha desarticulado una amplia trama de corrupción entorno a la concesión de contratos de las administraciones públicas, la mayoría en la Comunidad de Madrid. En el centro de la trama estaba el grupo de los conseguidores, al que pertenece presuntamente Granados. A través de su influencia política mediaba entre las empresas que aspiraban a las adjudicaciones y los cargos que las concedían.
Imputado por el chivatazo
El juez ha dejado en libertad con cargos al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, acusado de un delito de revelación de secretos, y con la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. Rodríguez Talamino habría informado a Granados de que la Guardia Civil había colocado cámaras en las inmediaciones de la sede empresarial de Marjaliza.
Después, Rodríguez Talamino habría realizado gestiones para obtener más información de las pesquisas de sus compañeros de la UCO a petición de Granados o de su amigo José Luis Caro Vinagre, otro guardia relacionado con la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, imputado por ello en 2009.
Otros dos empresarios, Manuel Casado del Castillo y Víctor Manuel Ortega, habrían mediado en el pago de cohechos. Quedan en libertad con cargos y obligación de comparecer mensualmente en el juzgado.