Los grandes partidos, excepto Vox, hacen renuncias para lograr un acuerdo de mínimos para la reconstrucción

La legislatura acaba de empezar, pero ni los cien días de gracia ni la peor pandemia que ha afectado a España en un siglo han aplacado los ánimos de un arranque crispado que amenaza con ser la tónica durante el mandato del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. La unanimidad y el consenso están descartados en un arco parlamentario completamente fragmentado. Pero los grandes partidos de ámbito estatal intentan rebajar sus programas de máximos para lograr un acuerdo básico de reconstrucción.

Así se constata de la actitud que han mantenido las formaciones mayoritarias en la comisión parlamentaria de reconstrucción. Y de las conclusiones que han registrado ante su recta final. Ese organismo parlamentario nació a raíz de la propuesta de Sánchez de alcanzar unos nuevos Pactos de la Moncloa para la recuperación económica y social ante la crisis de la COVID-19. El líder del PP, Pablo Casado, exigió circunscribirlo al ámbito parlamentario, donde se han desarrollado cuatro grupos de trabajo –sanidad, economía, políticas sociales y UE– y han comparecido decenas de expertos.

A partir de ahí, los grupos han presentado sus propuestas de resolución que son, en términos generales, declaraciones de intenciones. PSOE y Unidas Podemos registraron documentos conjuntos para que sirvieran como base de las conclusiones de la comisión. La negociación se alargó hasta el último momento e incluyó una reunión de la cúpula socialista con la dirección del PP. Sánchez y, sobre todo, Pablo Iglesias tuvieron que renunciar a algunos planteamientos para allanar el camino a un eventual acuerdo.

Unidas Podemos tuvo que dejar fuera el impuesto a las grandes fortunas que había anunciado que plantearía en el seno de esa comisión. Sánchez enfrió esa medida, que no ven con buenos ojos las ministras del área económica Nadia Calviño y María Jesús Montero. Tampoco figura expresamente la derogación de la reforma laboral, que es un compromiso del acuerdo programático de la coalición con el fin de lograr un entendimiento con la mayoría de fuerzas parlamentarias que pueda ser, a priori, avalado por sindicatos y patronal.

“Si el tema es salir todos juntos, tenemos que ensanchar los espacios para que podamos caber todos en esa empresa común -expresó el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos-. Todos sabemos cuándo es posible llevar a adelante algunas posiciones y cuándo es necesario contemporizar”.

No obstante, la decisión de dejar fuera el impuesto a los ricos, que se despacha con la intención de impulsar una fiscalidad “progresiva”, ha provocado malestar en el grupo confederal, pero también en algunos de los aliados del Gobierno, como ERC, EH Bildu o Más País. Ambas formaciones lo planteaban en sus propuestas de resolución, que han sido rechazadas puesto que los documentos marco sobre los que se presentarán las enmiendas y de los que saldrán las conclusiones definitivas son los elaborados conjuntamente por PSOE y Unidas Podemos tras las votaciones que se han desarrollado este jueves en los grupos de trabajo.

El PP rebaja sus exigencias entre críticas

La negociación final tendrá lugar a varias bandas la próxima semana, pero por ahora también el PP se ha bajado de sus posiciones maximalistas al abrirse a un hipotético acuerdo por la reconstrucción cuya condición sine qua non era hasta ahora la ruptura con los aliados parlamentarios de Sánchez, así como el fin de la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat, informa Iñigo Aduriz. A pesar de las duras críticas, en las que incluye el confinamiento, los conservadores se han mostrado dispuestos a pactar las conclusiones de reconstrucción.

Pablo Casado hace equilibrios para mostrar un perfil pactista mientras atiza al Gobierno usando incluso a los fallecidos por la COVID-19. A las puertas de las elecciones vascas y gallegas, el PP ha redoblado sus llamamientos a un posible entendimiento y ha allanado el camino con el apoyo al decreto que regula la nueva normalidad. Tras haber llevado la guerra de desgaste contra Sánchez a Bruselas, donde ha llegado a cuestionar el estado de derecho en España, ahora ha anunciado su respaldo a la candidatura de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo.

En las filas socialistas y en Unidas Podemos consideran que es factible llegar a un entendimiento con el PP en materia sanitaria y de posición en la UE. Ahora bien, los socios de Gobierno rebajaron también las propuestas económicas y sociales –sin detallar, por ejemplo, un nuevo modelo para las residencias de mayores– para facilitar un acuerdo de mínimos en los cuatro documentos.

También Ciudadanos ha decidido hacer concesiones en aras de alcanzar ese consenso en la comisión para la reconstrucción. Según explicaba este jueves en una entrevista en Onda Cero el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, el partido renuncia a sus propuestas de bajadas generalizadas de impuestos y ahora se abre a revisar algunas figuras impositivas con el fin de “incentivar y aumentar la recaudación fiscal para poder financiar un mayor gasto público”. Lo que no apoya es la idea de un impuesto a las grandes fortunas ni una tasa a la banca, pero sí se abre a reevaluar el Impuesto sobre Sociedades en relación con las deducciones.

Otro de los planteamientos del partido de Inés Arrimadas es reforzar la lucha contra el fraude, para lo que quiere “potenciar a la Inspección del Estado”, dotando a este organismo de mayores medios, e impulsar “la necesaria cooperación internacional” para evitar la evasión. Ciudadanos ve necesario “devolver a la Agencia Tributaria las competencias para examinar el cumplimiento de los requisitos de las sicav”.

En cuanto a la reforma laboral, Ciudadanos se opone radicalmente a su derogación íntegra, y sigue defendiendo el contrato único, un complemento salarial y la llamada 'mochila austriaca' para que que los trabajadores acumulen una especie de paro cuando dejen la empresa.

Con esos márgenes, los partidos buscan alcanzar un acuerdo de mínimos para la reconstrucción económica y social que el Gobierno aspira a que sirva como base para los Presupuestos Generales del Estado de 2021. El Ejecutivo ha abierto la puerta de la negociación de esas cuentas públicas a Ciudadanos ante el viraje de la formación de Arrimadas a posiciones más posibilistas. A pesar de que la coalición mantiene que sus aliados prioritarios serán los socios de la investidura, el horizonte electoral en Catalunya y, en consecuencia, la relación con ERC más tensa, hace que la vía Ciudadanos se vea como una alternativa real, aunque en el PSOE también consideran que el entendimiento ha sido circunstancial ante la emergencia sanitaria y en Unidas Podemos tienen reticencias ante ese acercamiento.

El único partido que se ha quedado completamente al margen de la negociación ha sido Vox, que no ha hecho públicas sus resoluciones de la reconstrucción, pero se ha autoexcluido de las negociaciones. Así lo aseguró el pasado martes el portavoz de la formación de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, que adelantó que no hablarán nada con el Gobierno y renuncian a seguir trabajando en ese organismo parlamentario. “Este Gobierno no tiene la más mínima intención de reconstruir nada sino más bien pretende que se convierta en una comisión de exculpación”, opinó el portavoz.

“No contribuiremos a los acuerdos a los que puedan llegar con el resto de los partidos”, añadió, en alusión al PP, PSOE y a Ciudadanos, al que ven cada día “más escorado a la izquierda”. A su juicio, “el camino que pretende seguir este Gobierno es exactamente el contrario al nuestro y al que debería emprender” y también contrario al de “muchas de las propuestas sensatas que se han escuchado durante las comparecencias”. “Es terrible que el PP haya decidido normalizar el totalitarismo socialcomunista de Sánchez”, expresó en Twitter la dirigente de la formación de extrema derecha en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, después de que Casado votara sí al decreto de nueva normalidad.