Las “graves irregularidades” sobre el máster de Cifuentes que la sentencia recoge como hechos probados

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental, esto es, no considera que indujese la elaboración del acta falsa sobre su Trabajo de Fin de Máster para justificar que sí hizo el posgrado. Eso sí, los jueces han detectado “graves irregularidades” en el desarrollo de ese máster de la Universidad Juan Carlos I, y que la expresidenta aún defiende que cursó.

Los jueces comienzan por señalar que Cifuentes pasó de “no presentado” a notable en dos asignaturas, sin haber siquiera hablado con el profesor o haber hecho mérito académico alguno. “No consta”, dice la sentencia, que Cifuentes realizase “examen, ni trabajo, ni ninguna otra actuación merecedora de calificación”.

Esas actas se modificaron de manera “irregular” en 2014 por parte del profesor Pablo Chico de la Cámara, que solo ha comparecido en este juicio como testigo. La funcionaria Amalia Calonge “accedió al sistema informático, y a pesar de que no tenía competencias para hacerlo, modificó no solo la nota obtenida en la asignatura del profesor Chico, sino que accediendo irregularmente al sistema en 2016, también modificó la nota del trabajo de fin de Master”.

“El desarrollo de este curso estuvo plagado de irregularidades, lo cual está acreditado documentalmente”, insisten los jueces, aunque restan importancia a la matriculación fuera de plazo de Cifuentes, que empezó el curso tres meses después que sus compañeros. Eso sí, durante la sentencia se remarca una y otra vez el hecho de que la expresidenta aprobase dos asignaturas con un cambio de notas que no estuvo motivado por ningún trabajo o examen. Algo que definen como una “modificación fraudulenta”.

Además, los jueces llaman la atención sobre el hecho de que Cifuentes y otros alumnos no defendieran públicamente su Trabajo de Fin de Máster, a pesar de que estaban obligados a ello. El tribunal se sorprende de que algunos alumnos hayan admitido que no hicieron absolutamente nada y, aún así, se encontraron con que habían superado el máster.

En el caso concreto de Cifuentes, la sentencia dice que el “desarrollo de su actividad como alumna ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes, e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”. “Ha reconocido que nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor”, señala el tribunal, que también considera “inexplicable” que Cifuentes dijese que había defendido su TFM en junio de 2012, porque constaba como “no presentada” en esa asignatura. Eso sí, admiten los magistrados que no era objeto de este procedimiento judicial valorar si Cifuentes hizo o no el máster, o si defendió o no el TFM.

La sentencia sí que ahonda en el papel que jugó María Teresa Feito, entonces asesora del consejero de Educación de Cifuentes, en la inducción de la falsificación tras las informaciones de elDiario.es. Feito, que ha sido condenada a tres años de cárcel, presionó a una de las profesoras del máster, Cecilia Rosado: “Esto lo realizó durante el 21 de marzo de 2018, de forma insistente y agobiante la acusada Mª Teresa Feito, mediante llamadas y mensajes sms al teléfono personal de la acusada Cecilia Rosado, hasta en 15 ocasiones; indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere”.

Una vez falsificado el documento, el rector de la URJC lo recibió en su correo y remitió una copia del acta a la oficina de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. “Ésta la exhibió en las redes sociales y en varios medios, para evitar las consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”, dicen los jueces en sus hechos probados, aunque insisten en que ella no movió un dedo para conseguir esa coartada.