“Es un apoyo, una herramienta que pone a disposición de los operadores jurídicos [jueces, fiscales, abogados…] recursos para afrontar casos de posibles delitos cometidos mediante actos expresivos de forma más respetuosa con la libertad de expresión”. Jacobo Dopico, catedrático de Derecho de Penal, describe con estas palabras Libex, un proyecto surgido de la “preocupación” de un grupo de juristas —“de diversa procedencia e ideológicamente transversal”, subraya— tras ver un auge de procedimientos judiciales sobre tipos penales como los ultrajes a los símbolos nacionales, las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo o los delitos contra los sentimientos religiosos.
La página web, de acceso gratuito, pone a disposición de los usuarios claves para la interpretación de esos delitos extraídas de la jurisprudencia de los tribunales españoles —del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, principalmente—, así como del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH). También incluye análisis de los principales aspectos materiales y procesales de cada uno de estos delitos y expone casos concretos a los que se han enfrentado los tribunales españoles y europeos.
La iniciativa se presenta en un momento en que el asunto de los símbolos está en el centro de la actualidad tras la sentencia del Constitucional que, este martes, concluyó que la libertad de expresión no ampara los llamamientos a quemar la bandera. El tribunal denegó el amparo de un sindicalista que fue condenado a una pena de multa en 2014 por un delito de ultraje a los símbolos nacionales por pedir “prenderle fuego a la puta bandera” en el transcurso de una protesta laboral.
Libex es fruto de un trabajo de más de dos años que pretende fomentar una forma distinta de abordar los delitos relacionados con actos de comunicación, “precisamente allí donde la libertad de expresión está en juego”, afirma Dopico, coordinador del proyecto, del que forman parte profesores universitarios, letrados y exletrados del Constitucional y exmagistrados. “Hemos constatado que estos estándares del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no están entre el material que de manera más habitual se maneja por parte de los operadores jurídicos en instrucción”, sostiene.
En su opinión, esto ha dado lugar a un problema: que en demasiadas ocasiones se admiten a trámite querellas por hechos que no deberían ser considerados delictivos. Y a pesar de que muchos de esos procedimientos han acabado en archivos, absoluciones o condenas que luego son revocadas, el mero inicio del procedimiento y su repercusión mediática “genera un efecto de retraimiento intimidatorio sobre las personas que ejercen libertad de expresión”, afirma Dopico. Es lo que se llama efecto desaliento o chilling effect, en la extendida terminología en inglés; que intimida al conjunto de la sociedad.
El debate sobre los límites de la libertad de expresión no es nuevo, si bien Dopico cree que en los últimos años sí ha habido un auge de procedimientos en defensa de intereses colectivos. “Una cosa es limitar los derechos de una persona en base a los derechos de otra persona y algo muy distinto es limitar derechos tan esenciales como son los de libertad de expresión relacionados con el discurso político para la protección de un símbolo nacional o de los sentimientos religiosos”, sostiene este experto, que recuerda que la jurisprudencia del TEDH viene apuntando hacia una interpretación muy restrictiva de este tipo de delitos.
“El riesgo que se corre al castigar ultrajes a los símbolos nacionales, injurias a instituciones o cosas por el estilo es el riesgo de acallar el debate público y la crítica política. La única posibilidad de una restricción de la libertad de expresión en estos casos es en relación con discursos que incitan a atacar a minorías protegidas o a grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad tal que simplemente con discursos incitatorios pueden ser puestos en peligro”, sentencia Dopico.
La herramienta que pretende fomentar una forma de afrontar estos delitos de manera “más respetuosa” con la libertad de expresión ha contado con la colaboración del Grupo de Estudios de Política Criminal, una institución de larga trayectoria en materia de derechos humanos integrada por jueces, fiscales y catedráticos de Derecho Penal de ámbito progresista.
La presentación oficial tendrá lugar este miércoles a las 18 horas y podrá seguirse a través del canal de Youtube de la Universidad Carlos III. El acto contará con la presencia de Adela Asúa, vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional y consejera de Estado, Ana Ferrer magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Álvaro García Ortiz fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, entre otros ponentes.