Un grupo de vocales conservadores se consolida como una extensión del PP en el Poder Judicial

Las rebajas de condenas a cientos de delincuentes sexuales —incluidas excarcelaciones— tras la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’ han sumido al Gobierno en una de sus peores crisis en un momento crítico, a apenas unos meses de la cita electoral del próximo mayo. El asunto, muy delicado, se ha convertido en uno de los ejes de la labor de oposición del Partido Popular, cuyos dirigentes han llegado a acusar al Ejecutivo de no proteger a las mujeres. En esa estrategia, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha encontrado aliados en el caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Miembros del órgano consultados por elDiario.es ven una “acción coordinada” entre el PP y un grupo de vocales del sector conservador con el objetivo de “desgastar” al Gobierno a través del altavoz que les otorga su pertenencia a la más alta institución del tercer poder del Estado. Las fuentes consultadas sitúan en este grupo a cinco de los 11 jueces y juristas elegidos en su día a propuesta del PP, a los que atribuyen el liderazgo de una estrategia de choque institucional que se ha venido poniendo de manifiesto en sus movimientos dentro y fuera del órgano en los últimos meses. Estos vocales son José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Carmen Llombart, José María Macías y Gerardo Martínez Tristán, de acuerdo a estas fuentes.

Es el mismo grupo que lideró durante el pasado otoño el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías a una progresista; que buscó un nuevo choque con el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición o que ha llevado a Bruselas sus críticas al Ejecutivo por la limitación de hacer nombramientos con el mandato caducado. Sus últimos movimientos están relacionados con la ley del 'solo sí es sí'.

Tras la polémica por un encuentro con eurodiputadas en el que se criticó al Gobierno “a espaldas” del resto de vocales, el último episodio que ha elevado la tensión en el CGPJ es la filtración de los datos provisionales sobre las revisiones de penas a delincuentes sexuales en aplicación de esta norma: un total de 701 sentencias rebajadas, según unas cifras que todavía son provisionales y que no recogen cuántas veces los jueces han rechazado estas revisiones a la baja.

La información ocupó portadas de medios de comunicación la noche del pasado martes, antes de que estuviera a disposición de los vocales y cuando había una orden expresa y por escrito del presidente, Rafael Mozo, de que no se difundieran esos datos hasta que estuvieran completos y clasificados, coinciden varias fuentes. La Oficina de Comunicación los ha publicado finalmente este jueves tras acordar la Comisión Permanente, el principal núcleo de poder del órgano, que se actualizarán “periódicamente”.

El pleno había acordado el 9 de febrero por unanimidad recopilar esa información a petición de la vocal conservadora Ángeles Carmona, que preside el Observatorio contra la Violencia de Género, un órgano dentro del propio CGPJ encargado de abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia. Para ese momento, los medios de comunicación estaban haciendo sus propios recuentos aunque con datos parciales porque no todos los tribunales territoriales daban la información. El asunto es complejo porque hay varias vías para aplicar la ley del 'solo sí es sí' a un delincuente sexual. Lo puede hacer un tribunal al revisar una condena firme —son las cifras que se han difundido hasta el momento—, pero también si está juzgando el caso o si está estudiando un recurso ordinario en un tribunal superior o en el Supremo.  

Los vocales coincidieron entonces en que era pertinente hacer un “análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente”, según informó el órgano en una nota de prensa. La semana siguiente, el 16 de febrero, la Comisión Permanente tenía previsto analizar una propuesta de Carmona sobre medidas encaminadas a “facilitar la recopilación y estudio” de esos datos. Pero el asunto se acabó retirando del orden del día y no se volvió a tratar. Algunos vocales expresaron que era algo que debía tratarse con cautela, entre otros asuntos, por la complejidad que entraña en términos de protección de datos manejar estas resoluciones. A nadie se le escapaba que se trata de una información altamente sensible y de gran impacto político. 

Pero, para entonces, los técnicos del Observatorio contra la Violencia de Género llevaban más de dos semanas recopilando esos datos porque así se había acordado en una reunión celebrada a finales de enero para abordar otro asunto: el repunte de asesinatos machistas a finales de 2022. La información, aunque parcial, estaba ya en manos de varios trabajadores del órgano y el martes por la noche saltó a los medios de comunicación. Un hecho que generó un profundo malestar en vocales del minoritario sector progresista, que acusan al núcleo duro de los conservadores de estar detrás de la filtración y de utilizar la institución como “una plataforma para hacer una oposición”. 

“Trabajan abiertamente para Génova y al dictado de Esteban González Pons [vicesecretario de Institucional del PP y su principal estratega en materia judicial]. Es una estrategia encaminada a apoyar al PP en su ataque al Gobierno”, dice a elDiario.es una vocal elegida en su día a propuesta del PSOE. “Es gravísimo. La difusión de esos datos debería haberse hecho a través de la Oficina de Comunicación, tal y como establece el artículo 620 de la ley del Poder Judicial”, apostilla otro vocal progresista, que recuerda que este análisis de impacto normativo no se ha hecho con otras reformas del Código Penal.  

Otros miembros de este grupo coinciden en que hay vocales del sector conservador instalados en una estrategia de desgaste del Ejecutivo. Pero creen que el órgano tampoco actuó con la diligencia debida en relación a un tema “socialmente relevante”. “Hemos fallado como institución. Si tienes estos datos, hay que darlos. Pero no se tendría que haber hecho así”, dice un vocal. Algunas voces señalan al presidente por sustitución, el progresista Rafael Mozo, al que ven “poco decidido” en sus funciones: “No quiere enfadar a nadie y eso no es posible”. 

“Opacidad” sobre las rebajas de penas

Los vocales señalados se defienden al asegurar que no es un asunto que se pueda tratar con “opacidad” y afirman que los consejeros interesados en los datos “no tenían más que pedirlos” a los funcionarios del CGPJ. “Quien no los tiene es porque no quiere. Lo inteligente habría sido haber empezado hace un mes a a dar información día a día y actualizarla, con los matices que hubiera hecho falta. Si quieren esperar a que estén todos los datos nos iríamos a dentro de cinco años”, sostiene un miembro de este grupo, que afirma que la “actitud” de comunicación del órgano le “suena” a unas declaraciones que hizo recientemente la delegada del Gobierno contra Violencia de Género, Victoria Rosell, en las que lamentó la “alarma injustificada” creada en torno a esta ley. 

La difusión de los datos al margen de la Oficina de Comunicación ha sacado a la luz las discrepancias dentro del propio sector de vocales elegidos a propuesta del PP. La filtración no gustó a otros miembros de ese bloque que sí fueron de la mano del núcleo duro en asuntos como el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, pero que han dado muestras de forma reciente de su apuesta por mantener una imagen más institucional y rechazar el choque directo con el Gobierno. En este grupo están los vocales Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz. 

Es un distanciamiento que se ha evidenciado también en otros temas, como el debate en torno a la declaración institucional sobre los problemas que la parálisis del órgano está provocando en la cúpula judicial. De hecho, no se llegó a aprobar ningún texto al respecto por el choque entre vocales. Fernández, Martínez Moya y Díaz suscribieron junto a vocales progresistas una propuesta muy criticada por este núcleo duro de los conservadores. En un voto particular, la calificaron de “inútil”, “decepcionante” e “insuficiente” y dijeron que suponía adoptar una “actitud complaciente” con quienes “socavan los fundamentos del Estado de derecho”, en alusión a los partidos que promovieron la reforma que impide al CGPJ en funciones renovar la cúpula judicial. 

La reunión con las eurodiputadas  

Vocales del grupo minoritario creen que la difusión de los datos sobre la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ es parte de una “operación” que tuvo otro episodio la semana pasada, con la reunión que mantuvieron en la sede del CGPJ un grupo de eurodiputadas expertas en Igualdad y las conservadoras Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, y Llombart, que también forma parte de esta institución. 

La gestión de ese encuentro y los asuntos tratados en el mismo agravaron la crisis del órgano. El malestar fue mayúsculo en la Comisión de Igualdad presidida por la progresista Clara Martínez de Careaga, que no fue convocada por el Observatorio. Vocales progresistas creen que Carmona y Llombart se excedieron en sus funciones al “actuar por su cuenta” y utilizar el CGPJ como “una plataforma para hacer una oposición cruda al Gobierno”.

Se remiten, para ello, a la difusión de la reunión que hicieron varios medios de comunicación, con titulares en los que se atribuían a la institución las valoraciones “individuales y personales” de dos de sus integrantes. Y también a las declaraciones de la eurodiputada del PP Rosa Estarás, que aseguró que el CGPJ les había trasladado que “el daño a España es irreversible” tras la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’. 

Tampoco era la primera vez que estos vocales seguían la estrategia del PP de tratar de externalizar a Europa asuntos de ámbito nacional. El pasado enero estos mismos cinco vocales remitieron una carta a la Comisión Europea en la que arremetían duramente contra el Gobierno, al que responsabilizaban del bloqueo en la renovación del CGPJ y de haber dado “un paso atrás” en la lucha contra la corrupción. Lo hicieron a través de unas “respuestas complementarias” remitidas a la vicepresidenta Vera Jourovà y al comisario de Justicia, Didier Reynders, al margen del formulario que la Comisión Permanente había remitido para la elaboración de su informe anual sobre el Estado de derecho. 

El CGPJ tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018. Ha seguido funcionando desde entonces con una composición de mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy y que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria dibujada ahora por las urnas. De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió en diciembre de 2013. Cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV.

Los puestos vacantes por la jubilación del conservador Rafael Valverde y el fallecimiento de la progresista Victoria Cinto no se han podido cubrir. Tampoco el de Carlos Lesmes, que dimitió el pasado 9 de octubre cuando llevaba casi cuatro años al frente de una institución con el mandato caducado. Lo sustituyó el progresista Rafael Mozo, por ser el vocal de más edad, y que ejerce desde entonces el puesto de presidente “por sustitución”. 

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