La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al exministro socialista José Luis Ábalos un “papel relevante y de responsabilidad” en la 'trama Koldo', el caso de presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia con contratos del Gobierno que anidó en el Ministerio de Transportes que dirigió entre enero de 2020 y julio de 2021.
Así consta en un nuevo informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, que la unidad policial ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso. Tras recibir ese informe, el magistrado Ismael Moreno solicitó a la presidenta del Congreso que certifique si Ábalos goza en la actualidad de la “condición de diputado”. En el atestado, la Guardia Civil hace referencia a un “binomio Koldo-Ábalos” para referirse al nexo del empresario eje de la trama, Víctor de Aldama, en el Ministerio de Transportes.
Desde que el PSOE lo expulsó de sus filas y del Grupo Parlamentario en el Congreso el pasado febrero, Ábalos forma parte del Grupo Mixto. Al ser diputado —y, por tanto, aforado— sólo puede abrirle una causa el Tribunal Supremo. El movimiento del juez se interpreta como un primer paso hacia su imputación en este procedimiento.
“Relación directa”
En su informe, de 233 páginas, la UCO atribuye a Ábalos el citado “papel relevante y de responsabilidad” en la trama y evidencia su “relación directa” con Koldo García, el que fuera su asesor personal y uno de los principales implicados en el caso; y Víctor de Aldama, el presunto conseguidor y al que los investigadores sitúan como “dinamizador” de la organización criminal.
Según el sumario de la causa, el empresario supo que se iban a licitar los contratos de mascarillas antes de que se aprobaran. Con ello ganó 6,6 millones de euros, según los investigadores. Y lo hizo gracias a su “relación única y directa” con Koldo García que, a su vez, le proporcionaba un “nivel de acceso prácticamente ilimitado a la esfera del Ministerio, incluido el propio ministro”.
El nuevo informe de la UCO circunscribe a Ábalos la orden final que llevó a un ente público del perímetro del ministerio —Puertos del Estado— a contratar con la empresa bajo sospecha: Soluciones de Gestión. Ese contrato ascendió a 20 millones de euros. El documento policial recoge cruces de correos entre altos cargos de ese ente que muestran que era el propio Ábalos quien “se encontraba al cargo” del contrato.
“Le (sic) dicho que las gestiones las estaba llevando el directamente”, escribió en un mensaje el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares —imputado y cesado en marzo— a Koldo García en alusión a Ábalos. Los investigadores sostienen que la actuación del entonces ministro “habría resultado crucial para que la ejecución del contrato entre Puertos del Estado y Soluciones de Gestión fuera llevada a cabo, al margen de que hubieran ofertas posteriores que ofrecían mejores condiciones”.
Por primera vez, un documento policial acredita las “contraprestaciones” que habría recibido Ábalos fruto de sus gestiones. El informe revela que Aldama pagó durante meses el alquiler del apartamento en el que residía una mujer, llamada Jessica, que en esa época era pareja sentimental del exministro. La renta mensual era de 2.700 euros. Y el empresario abonó en total casi 82.298 euros a través de un presunto testaferro y de personas y sociedades bajo su control.
Por otro lado, la UCO también considera que existen “múltiples evidencias” de que Ábalos hizo un “uso real” de un chalé situado en la urbanización La Alcaidesa, cerca de Sotogrande (Cádiz), comprado por Aldama.