El primer informe que la Guardia Civil ha remitido al Tribunal Supremo apunta directamente a la Fiscalía como origen de la filtración de los emails de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El documento, que ha podido examinar elDiario.es, no recoge pruebas concretas que demuestren de dónde salió la información pero deduce que “la filtración debe iniciarse” en el Ministerio Público, detalla las conversaciones que la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez mantuvo con el propio fiscal general en esos días de marzo y pide al juez Ángel Hurtado que analice en profundidad los correos y mensajes de Álvaro García Ortiz al entender que tuvo una “participación preeminente” en el proceso que derivó en la filtración.
Los agentes de la UCO han remitido ya el primer informe que encargó el juez Hurtado después de los registros de finales de octubre: un análisis de 57 páginas de todos los mensajes y emails intervenidos a Pilar Rodríguez. Mensajes que arrancan en la primera semana de marzo de este año, antes de que elDiario.es publicara en exclusiva que la Fiscalía había denunciado a Alberto González Amador por un doble fraude fiscal de más de 350.000 euros.
El grueso del informe se centra en los días 13 y 14 de marzo, cuando el diario El Mundo publicó una información en la que afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto al abogado de González Amador. En ese momento la Fiscalía General contacta con Rodríguez y empiezan a requerir esos emails al fiscal Julián Salto, el que investigó y denunció al empresario, para emitir una nota de prensa que desmintiera esa información: fue el abogado, y no la Fiscalía, el que puso el pacto encima de la mesa.
Los correos y mensajes intervenidos no reflejan si la Fiscalía filtró o dio orden de filtrar esa información a la prensa, siendo la Cadena SER la primera en hacerse eco del contenido concreto de los emails de Alberto González a las 23:51 de esa misma noche. Pero entre sus conclusiones sí da por hecho que la filtración arrancó en el Ministerio Público, con el papel “preeminente” que el propio fiscal general ha reconocido a la hora de elaborar el comunicado que emitió la Fiscalía de Madrid a la mañana siguiente.
El juez Hurtado ya tiene este informe encima de la mesa y ha levantado el secreto de sumario que pesaba sobre él, aunque ha especificado en una de sus resoluciones que “está prohibida su difusión a terceros”. Todavía está a la espera de que la misma unidad de policía judicial analice los correos y mensajes intervenidos al fiscal general el pasado 30 de octubre, encargo que ha reforzado este lunes al pedir que hagan una copia del material incautado y analicen las comunicaciones fechadas entre el 8 y el 14 de marzo de este año.
La noche del 13 de marzo
El informe de la UCO que ya maneja el instructor del caso empieza su análisis el ocho de marzo: cuando la Fiscalía General contacta con Pilar Rodríguez para solicitar la documentación del caso de Alberto González Amador, tres días después de que se presentara la denuncia por fraude fiscal y falsedad documental. Las comunicaciones se suceden hasta que el 13 de marzo, un día después de que este periódico publicara la existencia de la denuncia, El Mundo afirma en una información de las 21:29 horas que la Fiscalía ofreció un pacto a Alberto González Amador. Otros medios, no mencionados en el informe, añadieron más afirmaciones falsas difundidas por Miguel Ángel Rodríguez: que la cúpula de la Fiscalía había echado atrás el pacto.
La sucesión de correos, tal y como ha reconocido el fiscal general en público y por escrito, revela cómo fue el propio Álvaro García Ortiz el que insistió en que el fiscal Julián Salto, que en ese momento estaba en un partido de fútbol, remitiera los correos que cruzó con el abogado de Alberto González Amador para poder elaborar una nota informativa desmintiendo las imprecisiones y bulos publicadas en las últimas horas. Diversos fiscales involucrados en las comunicaciones destacan, en varias ocasiones, que los correos son “impecables”, que no están revelando ninguna información secreta y que todo ya había sido difundido por los medios de comunicación.
Estos correos y mensajes analizados por la Unidad Central Operativa no revelan ninguna orden de ninguno de los fiscales de filtrar esos correos a la prensa, ciñéndose a la elaboración del comunicado de la Fiscalía de Madrid que llegó a las diez de la mañana del día siguiente. También reflejan el malestar de la fiscal Pilar Rodríguez por varias informaciones sobre ella y la tirantez entre la Fiscalía General y la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, por la gestión del asunto.